Intervenciones provinciales

Fueron nombrados los siguientes interventores: Carlos Meyer Pellegrini, en la provincia de Buenos Aires; Carlos Ibarguren, en la de Córdoba; Diego Saavedra, en la de Santa Fe; Carlos F. Gómez, en la de Corrientes; general Gregorio I. Vélez, en la de Salta; Marco Aurelio Avellaneda, en la de San Juan; Ramón S. Castillo, en la de Tucumán; José Moneta, en la de La Rioja; Dimas González Gowland, en la de Santiágo del Estero; Carlos G. Daireaux, en la de Jujuy.

Por decretos del 13 al 23 del mismo mes fueron nombrados gobernadores interinos de Neuquén, Misiones, Río Negro, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego y Formosa, el coronel Ernesto Mastropietra, coronel Enrique R. Pilotto, Federico J. Uriburu, capitán de fragata Francisco Danieri, capitán de fragata Domingo Castro, teniente de fragata Juan María Gómez y coronel Benjamín E. González, respectivamente.

 Ibarguren interventor en Córdoba

 El 12 de septiembre de 1930 fue designado interventor en Córdoba Carlos Ibarguren y, de común acuerdo con Uriburu, expuso en el teatro Rivera Indarte, el 15 de octubre, el pensamiento que había movido la revolución del 6 de septiembre.

Habló en esa oportunidad contra la demagogia, la deficiencia de las instituciones que llevaron a la instalación del régimen depuesto, la dictadura presidencial, la anulación de hecho del Congreso, la influencia del presidente sobre el poder judicial y la infiltración en los tribunales de los intereses políticos que desnaturalizan la significación de la justicia.

La administración era un inmenso cuartel de comités movilizados en las funciones públicas; se refirió a la burocracia demagógica merced al poder discrecional del presidente para nombrar y remover empleados extraídos de los bajos fondos de la politiquería; a la corrupción del pueblo por la repartija de empleos y dádivas. "La desnaturalización del sistema federal, unida a la prepotencia presidencial, hizo que el presidente fuera el árbitro supremo y absoluto de los poderes nacionales, provinciales y municipales de la República entera, interviniendo en ellos directa o indirectamente.
Estas gravísimas corruptelas trajeron la absorción de los órganos del Estado por los comités del partido gobernante, dominando éste a todas las entidades oficiales. Como resultado de tan funesto régimen, los auténticos valores sociales no han tenido representación alguna en el gobierno, de modo que entré éste y el país se ha levantado un muro de intereses particulares y banderizos que todo lo han explotado conspirando contra los intereses generales. Tal es, en síntesis, el panorama enfermizo y cargado de peligros que presentan nuestras instituciones".

Enumeró luego las reformas institucionales proyectadas para evitar que se produjesen los males sufridos, reformas que procuraban consolidar la autonomía efectiva de los poderes del Estado contra la prepotencia presidencial; establecer y afianzar el federalismo y armonizar el régimen tributario de la nación y de las provincias, asegurando la autarquía efectiva de éstas, contra la absorción de las provincias por el poder ejecutivo nacional. En cuanto a la representación de los intereses sociales en el gobierno, dijo que en el Estado debían actuar los representantes genuinos de los verdaderos intereses sociales, en todas sus capas, evitando que el profesionalismo electoral, que no significaba ningún valor, acaparase el gobierno y se interpusiese entre éste y las fuerzas vivas y trabajadoras del país. Protestó contra la distorsión de los que quisieron derivar de esa posición tendencias antidemocráticas, a fin de convertir el Congreso en un parlamento fascista o asamblea compuesta solamente por delegados gremiales y corporativos. "La sociedad ha evolucionado profundamente del individualismo democrático que se inspira en el sufragio universal, a la estructuración colectiva que responde a intereses generales más complejos y organizados en forma coherente dentro de los cuadros sociales". . .

Estado de sitio

 No había transcurrido un mes desde los hechos del 6 de septiembre y el gobierno provisional resolvió declarar el estado de sitio en todo el territorio de la República, sin establecer término para el levantamiento del mismo. Justificó así la medida:

"Que el movimiento del 6 de septiembre había creado en el país el estado revolucionaria.

"Que el gobierno ejercía sus poderes en virtud de la revolución.

"Que el ejercicio de su acción había declarado ajustarse a los preceptos de la Constitución y de las leyes fundamentales, dentro del propósito primordial expresado oficialmente de devolver a la República la estabilidad de las instituciones.

"Y que disuelto el Congreso, el gobierno provisional había asumido sus poderes en cuanto era imprescindible ejercerlos para los fines de la administración y para asegurar el orden."

En la parte resolutiva se dijo que el presidente provisional, por decreto que refrendaría el ministro del interior, podría suspender temporariamente, en forma parcial o total, la vigencia del estado de sitio.