Lucha por el poder

Al aproximarse el fin del mandato presidencial de gobierno, comenzó la agitación en torno a los candidatos para el próximo período 

Los candidatos

Los que tenían más perspectivas eran Dardo Rocha, ex gobernador de Buenos Aires, que se había vuelto muy popular, y cuya candidatura sostenía El Debate; el gobernador de Córdoba, Miguel Juárez Celman, concuñado del presidente, y el ministro del interior, Bernardo de Irigoyen, que renunció a su cartera para no gravitar desde el cargo oficial en los electores. Además, habían sido lanzados como candidatos los nombres de Benjamín Victorica, ministro de guerra; el ministro de hacienda, Victorino de la Plaza, y el presidente de la Corte Suprema, José Benjamín Gorostiaga.

Todos gestionaban el apoyo de los gobernadores de provincia, porque eran ellos los que seleccionaban e imponían la totalidad de los electores, mientras el presidente de la República contribuía con los electores de la capital federal.

Con vistas a la campaña presidencial, el 16 de marzo de 1885 se reunieron en la casa de Aristóbulo del Valle varios centenares de personas con el objeto de constituir un centro político. Se aprobó en esa reunión un proyecto de declaración que hablaba de defender la libertad del sufragio, la corrección de los vicios electorales, de la economía en los gastos públicos, de la supresión de los derechos de exportación, de la disminución del ejército en tiempos de paz, etc. Se nombró una comisión provisoria que integraban Aristóbulo del Valle, Luis María Campos, Roberto Cano, Mariano Demaría, Marco Avellaneda, Alfredo Lahitte, Emilio de Alvear, Juan Antonio Argerich, Diego de Alvear, Lucio V. Mansilla, Julio S. Dantas, Emilio Bunge, Máximo Paz y otros.

En el apasionamiento resultante de la campaña electoral, algunos militares hicieron oir opiniones políticas. Carlos Pellegrini, nuevo ministro de guerra, dictó una orden el 6 de octubre de 1885 prohibiendo a los jefes y oficiales asistir a reuniones políticas y publicar censuras a actos relacionados con el servicio; y disponía que estaba igualmente prohibido a todo militar criticar públicamente, de palabra o por escrito, los actos del gobierno o de sus superiores jerárquicos.

Pero la cohesión del oficialismo comenzó a mostrar fisuras; Manuel D. Pizarro renunció al ministerio de educación después de haber sido desautorizado por el presidente. José Miguel Olmedo expuso al gobernador de Córdoba, Juárez Celman:

"El presidente de la República se está suicidando y puede hundirnos a todos en una misma y desastrosa impopularidad y descrédito ... Ayer fue Corrientes; vino enseguida Entre Ríos y hoy es Santiago del Estero el que caerá bajo la espada del cónsul que aspira a no dividir el poder, sin duda para ser César, a lo menos por seis años.
¡Error! ¡Funesto error! No hay gobierno posible sin opinión y sin resortes legales; y nada más que su personalidad y su poder está dejando en pie el general Roca. ¿Para qué esta política unipersonal, preñada de peligros, que descontenta a sus amigos, y lo que es peor, los inutiliza para el día en que le hagan falta? Si quiere poder ¿no tiene el más alto, el más amplio, el que le da la ley, aquel con que lo ha armado la Constitución? ¿Le hace falta levantar el machete de obscuros soldados o la palabra desautorizada de periodistas mercenarios, para afianzar su poder, que nadie le disputa y que todos queremos robustecer en el terreno de la ley? .¿Y para qué? Para debilitar su propia autoridad en la opinión, para llegar a los cinco años de su período presidencial sin amigos, sin confianza en sus propios medios, habiendo gastado todos los resortes del la máquina y viéndose obligado a representar idéntico papel que tan amargamente reprochaba a Avellaneda".

Se cuidaba celosamente de toda manifestación opositora que pudiese llevar a comprometer el orden, aunque los opositores no causaron inquietudes al gobierno en 1880-86, pues permanecieron dentro de la ley y no formaron un movimiento o una opinión cohesionadas. 
Al aproximarse los comicios, los núcleos opositores se refundieron y fueron eliminadas las candidaturas de Rocha, Victorica y Gorostiaga, proclamándose en nombre de los "partidos unidos", católicos y mitristas, a Manuel Ocampo, ex gobernador de Buenos Aires; pero el triunfo correspondió a Juárez Celman, sostenido por el presidente, que era el jefe indiscutido del partido autonomista nacional, aun cuando José Arce sostiene que Roca no tuvo candidatos a sucederle.

Uno de los argumentos que se esgrimían contra Dardo Rocha era que el fundador de La Plata, una vez en la presidencia, declararía aquella ciudad capital de la República y devolvería Buenos Aires a la provincia.
José Nicolás Matienzo, entonces ministro de gobierno de Santiago del Estero, evocó así el período electoral:

"La campaña presidencial seguía conmoviendo las situaciones políticas de las provincias, según los métodos de la época, que se proponían ante todo conquistar la voluntad de los gobernadores y no la opinión de los pueblos. Los sostenedores del candidato Juárez Celman, que resultó ser el preferido del presidente Roca, cobraron más bríos cada día, y, aunque tenían asegurada ya la mayoría, no pudieron tolerar la imparcialidad del gobernador de Santiago ni el irigoyenismo (por Bernardo de Irigoyen) del de Catamarca. Arremetieron contra el primero, corrompiendo al jefe de policía, que se alzó con las fuerzas a sus órdenes y colocó en el poder ejecutivo al vicegobernador, partidario de Juárez. La mayoría de la legislatura, compuesta de amigos del senador Rojas, aprobó el alzamiento. El gobernador Unzaga pidió al congreso la intervención nacional; pero la cámara de diputados la negó, votando unidos los partidarios de Juárez y de Irigoyen".

En cambio, se intervino en la provincia de Catamarca y fue convertida en partidaria de Juárez Celman. Sarmiento, que atacó a Roca en El Censor, advirtió que el presidente quería seguir siendo tal con el nombre de Juárez Celman.
Era de prever que las elecciones seguirían la costumbre, convertida en ley, del fraude, en la inscripción y en la votación. Un diario opositor hizo este cuadro:

"En los comicios desiertos no se oirá sino el crujir de la pluma de los secretarios del gobierno, escribiendo nombres imaginarios. Se puede suponer que los más hábiles y prevenidos llevarán cada uno un almanaque para no incurrir en repeticiones demasiado frecuentes. Y para que no se diga que no ha habido elección desde que a los atrios no han concurrido los votantes, el batallón disciplinado de agentes electorales disfrazados de jueces de paz, desparramado en línea estratégica, empezará lo que muy bien puede llamarse caza del paisano"...

Nada se hizo desde el gobierno para intervenir en esa situación de hecho. No creía en el sufragio universal y hasta Eduardo Wilde se burló así de él: "¿Qué es el sufragio universal? Es el triunfo de la ignorancia universal".