Batalla de Ciudadela

La batalla de Ciudadela significó el fin de la Liga del Interior, el ejército quedó a cargo del general Gregorio Aráoz de La Madrid, que se replegó hasta Tucumán dispuesto a enfrentar aquí a Facundo Quiroga, que lo derrotó completamente en la batalla de La Ciudadela, el 4 de noviembre.

Antecedentes

La Liga Unitaria del Interior había durado lo que duró el mando del general José María Paz y la guerra civil iniciada en 1828 se acercaba a su fin. Con el general Paz en prisión de las fuerzas federales, Araoz de Lamadrid retrocedió con su ejército de 1.500 desmoralizados soldados hacia Tucumán, su provincia natal, lugar donde sabría que podría recuperarse considerando que Córdoba era indefendible.

Mientras tanto, Quiroga recuperaba el poder en Cuyo con apenas 450 hombres, principalmente sacados de las cárceles y calles de Buenos Aires, aunque el reumatismo le impedía moverse con la debida rapidez en Mendoza reunion un ejército 1.200 a 1.500 jinetes, 500 infantes, 200 artilleros y 4 cañones con los que decidió avanzar hacia Tucumán.

El general en jefe de los federales, Estanislao López, ordeno a Balcarce retirarse con el grueso del ejército federal de Córdoba a Buenos Aires sin explicación.​ El ejército unitario estaba falto de buenos caballos, lo que hacía más lentos sus movimientos, siendo posible ser vigilado por Quiroga , a pesar de sus limitados recursos y las constantes desavenencias entre Lamadrid y el gobernador Javier López, ambos supieron olvidar sus diferencias y colaborar en la defensa de su provincia, de hecho, el gobernador quedara al mando de la división tucumana, una tropa de más de mil locales.​ El nuevo ejército organizado por los unitarios sumaba más de tres mil efectivos, para ello se trajeron armas desde Bolivia y se atrincheraron en La Ciudadela, fortaleza construida muchos años atrás por José de San Martín. Los gobiernos de las provincias de Salta y Tucumán habían sido los mejores aliados de Paz, las únicas administraciones unitarias anteriores a su llegada.​ Caído el resto del país en poder federal, ambas provincias del norte sabían lo que se les venía encima. Ayudados por el tradicional apoyo al centralismo unitario de parte del pueblo, prepararon su defensa y demostrarían ser huesos duros de roer.

Alejandro Heredia

Cuando en noviembre de 1831, el jefe unitario Lamadrid fue derrotado en la batalla de La Ciudadela, la legislatura salteña envió una embajada al general vencedor, Facundo Quiroga, formada por Francisco de Gurruchaga y el general Heredia, con la cual se firmó un tratado por el que se declaraba desaparecida la Liga del Interior. Tres meses después, el propio Quiroga organizó elecciones en la provincia de Tucumán (sin la participación del partido unitario), que llevó a la gobernación a Heredia. Asumió a mediados de enero de 1832.

Batalla de la Ciudadela

Facundo disponía de un ejército de unos 4.000 hombres de las tres armas, en cuya organización y empleo había sabido aprovechar las lecciones de la experiencia de la Tablada y Oncativo. Inició la lucha la caballería, enviada ordenadamente en escalones, contra la de Aráoz de Lamadrid que mandaban Pedernera y Javier López. Las fuerzas de Aráoz de Lamadrid equivalían a las del adversario.

El empuje y la confianza en la victoria de los federales no pudieron ser contenidos; la caballería de Aráoz de Lamadrid fue dispersada, y Pedernera, Javier López, Videla Castillo, Deheza y Acha se alejaron del campo de batalla en retirada. Como siempre, Aráoz de Lamadrid realizó proezas de valor temerario, pero los adversarios no le cedían en ese punto; su artillería fue inutilizada y su comandante Arengreen y los oficiales y soldados que la servían cayeron muertos. Su infantería cedió a pesar de haber intentado una resistencia ordenada. El combate fue encarnizado, causó centenares de muertos y numerosos heridos. Facundo quedó dueño de la situación, los sobrevivientes quedaron prisioneros o procuraron salvarse en la fuga y llegar a territorio boliviano, refugiándose en Tupiza.

Entre los oficiales que rindieron sus armas estaba el coronel Lorenzo Barcala, a quien Quiroga respetó como homenaje a sus antecedentes en las luchas de la independencia y a su valor. Los demás jefes y oficiales prisioneros fueron fusilados en el mismo campo de batalla, entre ellos el coronel Isidoro Larraya, el teniente coronel José M. Aparicio, el sargento mayor León Aires, el teniente coronel Lorenzo Merlo, Pedro Nolasco Ibiri y otros oficiales, en total 33. Se salvaron únicamente Lorenzo Barcala, por orden de Quiroga, y Pedro Morat, que se fugó.

Desde Bolivia, Aráoz de Lamadrid escribió al vencedor para que permitiese a su esposa e hijos reunirse con él y Quiroga extendió el pasaporte consiguiente, escribiendo a su adversario una carta con todos los agravios que le había merecido su comportamiento. Triunfante en Tucumán, Quiroga ordenó a los generales Heredia y Latorre la ocupación de Salta, en poder del general Rudecindo Alvarado. 

Pablo Latorre

Después de la derrota unitaria de Ciudadela, avanzó hasta Salta, obligando al gobernador Alvarado a huir. Reunió una pequeña asamblea que lo nombró gobernador el 2 de diciembre de 1831. Pocos días más tarde, un hijo de Güemes, José aprovechó una salida de Latorre al interior de la provincia para desplazarlo del poder en la capital, pero Latorre lo venció en Cerrillos en febrero y volvió a ocupar el gobierno.

Designaciones en Salta y Tucumán

Los federales sitiaron la ciudad; una mediación pacificadora del mariscal Santa Cruz, presidente de Bolivia, fue rechazada, y Alvarado y los oficiales comprometidos con él abandonaron el país y se refugiaron en Bolivia. Días después la legislatura salteña designó gobernador al coronel Pablo Latorre.

En Tucumán, fue electo gobernador Alejandro Heredia el 4 de enero de 1832, y suscribió un pacto de paz con Santiago del Estero; ambas provincias se adhirieron al pacto federal del 4 de enero de 1831.

En Córdoba, la legislatura nombró gobernador a Mariano Fragueiro, en carácter de interino, y se hizo cargo del mando el 18 de mayo de 1831; el 30 del mismo mes se firmó un tratado de paz con Estanislao López por medio de los comisionados Eusebio Agüero y Vélez Sarsfield, por Córdoba, y Pedro Ramos y Francisco Benítez, por Santa Fe; en ese tratado se reconocía al vencedor el derecho de protectorado en la provincia. 

La ejecución de los prisioneros de Córdoba en San Nicolás el 16 de octubre de 1831

Fusilamientos en San Nicolás

Fragueiro escribió cartas a Rosas, a López y a Quiroga manifestando su deseo de establecer el orden y armonía entre las provincias, pero las facciones federales no podían consentir su permanencia en el poder y tuvo que presentar su renuncia el 2 de junio. 

La legislatura de Córdoba eligió para sucederle a José Roque Funes, que fue forzado por López a encarcelar a todos los que habían participado en el gobierno depuesto. 

Estanislao López no cumplió lo prometido y lo pactado y al entrar sus tropas en Córdoba, que lo recibió como amigo, fueron aprisionados todos los hombres notables, incluyendo a los doctores Agüero y Fragueiro, a quienes se hizo remachar una barra de grillos. También fueron apresados treinta y tantos oficiales, jefes que habían quedado con la infantería de la plaza, y conducidos a Santa Fe, desde donde muchos de ellos, Agüero, Saráchaga, Castro y Sabid, etc., pasaron a los pontones de Buenos Aires.

Varios oficiales quedaron en el cabildo de Córdoba arrestados, pera cuando el ejército regresaba a Buenos Aires los condujo a retaguardia. Llegado López a Rosario, salió Rosas de su campamento en Pavón a recibirlo y, después de una conferencia entre ambos, se decidió el embarco de dichos oficiales en una goleta que los entregó a la autoridad militar de San Nicolás de los Arroyos. El 16 de octubre bajaron en el puerto de San Nicolás los mencionados oficiales que habían pertenecido al ejército de Paz; Luis Videla, gobernador de San Luis, N. Carbonel, Luis Montenegro, el hijo de éste, de catorce años de edad, Campero, Tarragona, Cuello, Cuadras y otros.

Dos horas más tarde todos fueron fusilados en la plaza de San Nicolás por orden terminante de Rosas al coronel Agustín Ravelo, siendo testigos de esa ejecución Dalmacio Vélez Sarsfield, Teodoro Basaldúa, Carlos Branizan, Antonio Simonin, Benigno Oteiza, Pedro Santa Cruz e Hipólito Quiroga. No se salvó siquiera el menor, hijo del teniente coronel Luis Montenegro, que acompañaba a su padre enfermo.

Aumentó el bandidaje en la provincia al amparo del desquicio resultante de los acontecimientos; una nueva legislatura reunida el 4 de agosto designó gobernador propietario de la provincia a José Vicente Reinafé, con el cual entraron a predominar los miembros de esa familia de estancieros del departamento de Tulumba, inaugurando un período turbulento y desordenado, de conflictos permanentes con las autoridades eclesiásticas, con el obispo Benito Lazcano, con los caudillos locales Mariano y Ramón Bustos, con Juan Pablo Bulnes, Juan Esteban del Castillo, apoyado por José Ruiz Huidobro, etc. Pero ni Rosas ni Quiroga veían con simpatía el dominio de los Reinafé, protegidos por Estanislao López.

Los federales dominaban al país entero e imponían su ley absoluta, acallando con el terror todo conato de los antiguos enemigos e incluso toda blandura en la adhesión forzosa.