Los poderes institucionales

El poder ejecutivo convocó a los poderes institucionales a trasladarse a Belgrano, residencia interina del gobierno. Acudieron numerosos diputados y el Senado casi en pleno; pero la Suprema Corte de Justicia permaneció en Buenos Aires.

El 24 de junio, el mismo día en que se estableció el arreglo para el cual sirvió de intermediario Mitre, la Cámara de diputados exoneró a los 41 miembros de la misma que habían permanecido en la capital, entre ellos Juan Bautista Alberdi, Manuel Quintana y Bartolome Mitre.

El Senado fue casi íntegro a Belgrano, incluso los senadores por Buenos Aires, Dardo Rocha y Aristóbulo del Valle. El Congreso se dividió en dos partes iguales, pero la incorporación de los electos por Córdoba y La Rioja le dio el quorum entonces legal, y se instaló el 4 de julio. 

Buenos Aires reemplazó a los destituidos por otros 22, entre los que figuraban Luis Sáenz Peña,. Hipólito Yrigoyen, Bernardo de Irigoyen, José C. Paz, Estanislao Zeballos, Miguel Cané, Mariano Demaría, Nicolás Calvo y Pedro Goyena.

El gobernador Moreno dio plena satisfacción al acuerdo y disolvió las fuerzas armadas, hizo destruir las trincheras, quedándose solamente con la policía urbana y el batallón de guardia cárceles. Fueron enviados a sus departamentos respectivos 57 jefes, 698 oficiales y 4.808 guardias nacionales.

En el Congreso de Belgrano se mantenía la idea de llegar a la federalización de Buenos Aires, sin necesidad de suprimir los poderes provinciales, pues se suponía que, esos poderes tenían atribución para ceder el territorio municipal en cumplimiento de la cláusula constitucional que lo dispone así. Había un acuerdo tácito entre el presidente Avellaneda y el gobierno de Buenos Aires, pero al incorporarse los nuevos diputados de la provincia al Congreso nacional en reemplazo de los destituidos por no haberse trasladado a Belgrano, se logró mayoría para de-clarar caducos los poderes provinciales sin ninguna consideración para los convenios previos.

El 11 de agosto fue sancionado el proyecto de ley que hacía cesar en sus funciones a la legislatura de Buenos Aires. Al día siguiente Avellaneda hizo dimisión de su cargo, en discrepancia con esa decisión, pero la asamblea, reunida el 13 de agosto, contra el voto sólo de dos legisladores, rechazó la renuncia en términos tales que obligaron al presidente a mantenerse en su cargo.

Dentro de sus atribuciones, intentó oponer el veto a Ja ley del cese de la legislatura provincial, pero las Cámaras insistieron en ella. Finalmente, el 19 de agosto Avellaneda promulgó dicha ley disolviendo la legislatura de Buenos Aires y ordenando al interventor, general Bustillo, que tomase las disposiciones pertinentes para reemplazarla por otra y también para que cesase en sus funciones el gobernador Moreno. Éste expidió un manifiesto explicando los antecedentes negociados. "Buenos Aire ha depuesto las armas —decía—: ha disuelto el ejército; ha prestado acatamiento a los poderes públicos de la Nación; ha devuelto las instituciones a su orden regular, y los hombres y las cosas al régimen de la paz bajo la salvaguardia de compromisos que no por estar privados de la forma de un tratado dejaron de ser menos solemnes, y de empeñar con menos eficacia el honor argentino y la fe pública de la Nación". Después explicó cómo el presidente había reconocido como gobernador de la provincia al presidente del Senado, y por lo consiguiente reconoció como subsistente el poder legislativo provincial, y no obstante eso intervenía en la provincia un comisionado federal. Moreno no tuvo más remedio que renunciar. Las fuerzas del interventor Bustillo clausuraron 4a legislatura y ocuparon el edificio del gobierno provincial.