El gobierno de la ciudad sitiada

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, dentro de la ciudad sitiada, no sólo rehusó la aprobación de la Constitución, sino que tampoco quiso recibir a los diputados del Carril, Gorostiaga y Zapata, que habían sido encargados por el Congreso para presentarla al gobierno de Buenos Aires.

Pidieron entonces la mediación de los representantes de Inglaterra y Francia. Lorenzo Torres, ministro de gobierno, dijo ante la Sala de representantes en la sesión del 14 de julio: "Los señores agentes extranjeros han preguntado últimamente al gobierno, si éste recibiría a la comisión del congreso, y se les ha contestado que no y que se les ahorrase el trabajo de intentarlo por tener que ahorcarlos en las trincheras, cumpliendo con un deber en pago de la conducta villana que habían observado, procurando toda clase de males al país, permaneciendo ante los rebeldes largo tiempo, concitándolos a la guerra y división de las provincias, que atizaban y procurándole toda suerte de males. No obstante, ayer por la mañana ha recibido el gobierno un pliego cerrado, que traigo a la Sala, mandado por los diputados de la comisión, que no he querido abrir, y aunque creo que debe rechazarse, lo aviso a la Sala para que resuelva".

La prensa había combatido unánimemente la Constitución, sin conocerla, y ese clima de hostilidad se había generalizado en la población sitiada.

Se hizo moción para que el pliego recibido pasase a estudio de una comisión especial junto con la correspondencia entre el gobierno y el general Urquiza, que acababa de levantar el sitio. El diputado Juan José Montes de Oca dijo: "Estamos conformes con que pase todo a la comisión especial, menos el pliego cerrado que, pudiendo quizás contener la Constitución, debe arrojarse a la calle, para que lo recoja quien quiera".

El pliego contenía efectivamente la Constitución y las leyes anexas, de capital, municipalidad y aduana, con una nota amistosa de los comisionados al gobernador, fechadas el 13 de julio. Hizo falta la derrota de Cepeda para que el gobierno de Buenos Aires recogiese el pliego de los comisionados del Congreso constituyente, y lo sometiese al examen de la convención provincial de 1860.