Características

Urquiza en Buenos Aires

Rosas era el adversario común de muchos políticos de la época, con su derrota después de Caseros se inició entre los distintos grupos que participaron de su caída, una feroz lucha por el poder y Buenos Aires fue su principal escenario. Se encontraba más rica que nunca ya que el aislamiento económico y político desarrollado por Rosas le permitió su crecimiento. 

En el gobierno de Buenos Aires participaron antiguos unitarios defensores de los intereses portuarios y partidarios de un sistema librecambista que mantuviera el status económico de Buenos Aires.
Las provincias del interior se encontraban en su habitual estado de estancamiento y eran gobernadas por caudillos que sostuvieron a Rosas, pero ahora, atendiendo sus conveniencias políticas se declararon leales al vencedor de Caseros, Urquiza.

Los primeros enfrentamientos se hicieron evidentes cuando Urquiza se manifestó librecambista pero defensor de los intereses del interior. El avance de las tropas aliadas sobre Buenos Aires fue acompañado por una situación caótica de saqueos y robos, a pesar de las tropas encargadas de mantener el orden. El malestar porteño era visible luego de la entrada triunfal de Urquiza con poncho a rayas coloradas y de las medidas que tomó para pacificar a la provincia.

Eligió como gobernador provisorio al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Vicente López y Planes, quién inició la tarea de reconstrucción asegurando garantías individuales y políticas como el derecho de reunión, la libertad de prensa y el libre sufragio. Urquiza contaba con el apoyo de los gobernadores provinciales y consiguió el 6 de abril de 1852 reunir en San Benito de Palermo a Vicente López y Planes por Buenos Aires, José Virasoro por Corrientes y Manuel Leiva representante de Santa Fe.
En esta reunión decidieron conferir a Urquiza la dirección de los asuntos exteriores del país hasta la reunión del Congreso General Constituyente y allí firmaron el Protocolo de Palermo.

Protocolo de Palermo

Protocolo de la conferencia tenida entre los Excmos. señores Gobernadores de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes, Plenipotenciario de la Provincia de Santa Fe, en Palermo de San Benito, para considerar la situación de la República, y concurrir de una manera sólida é inequívoca, á la necesidad de constituir entre ellos un encargado de la dirección de las relaciones exteriores de la Confederación en vista de los pronunciamientos de las provincias que la componen y se han recibido hasta esta fecha.

Los infrascriptos, Gobernador Provisorio de la Provincia de Buenos Aires, Camarista doctor Vicente López, Gobernador y Capitán General de la Provincia de Entre Ríos, General en Jefe del Ejército Aliado libertador, Brigadier General de la Provincia de Corrientes, Mayor General de dicho ejército, General don Benjamín Virasoro, y el doctor don Manuel Leiva, revestido de plenos poderes para representar al Exmo. señor Gobernador y Capitán General de la Provincia de Santa Fe, ciudadano don Domingo Crespo, reunidos en conferencia en Palermo de San Benito, residencia actual del señor Gobernador y Capitán General de la Provincia de Entre Ríos, Brigadier don Justo José de Urquiza, para considerar la situación presente de la República, después de la caída del Poder dictatorial ejercido por el ex Gobernador don Juan Manuel de Rosas, y ocurrir á la necesidad más urgente de organizar la autoridad que, en conformidad á los pactos y leyes fundamentales de la Confederación, la represente en las relaciones exteriores con las demás potencias amigas, con las que tiene que mantener y cultivar los vínculos de amistad que la unen y además promover otros arreglos proficuos á esas mismas relaciones, contrayendo compromisos útiles que la cimenten y, considerando:

Que el derecho público argentino desde que se instaló el Congreso General en la Provincia de Tucumán y se declaró allí la Independencia Nacional de todo otro poder extraño hasta la celebración del Tratado de cuatro de Enero de mil ochocientos treinta y uno sobre el punto de la autoridad compete para la dirección de esos importantes asuntos, ha variado, según las diversas fases que ha tenido la dirección de la República.

Que esta parte del derecho público constitucional de la República pareció asumir un carácter más definido desde que el Congreso General Constituyente promulgó la Ley Fundamental de veinte y tres de enero de mil ochocientos veinte y cinco, por la que se encomendó provisoriamente y hasta la elección del Poder Ejecutivo Nacional, al gobierno de Buenos Aires, entre otras facultades, la del desempeño de todo lo concerniente á negocios extranjeros, nombramiento y recepción de ministros y la de celebrar tratados, quedando su ratificación sujeta a la autoridad del Congreso.

Que al disolverse el Congreso Nacional y con él la Presidencia de la República, reemplazándola con una autoridad provisoria hasta la reunión de una Convención Nacional, la ley de siete de Julio de mil ochocientos veinte y siete declaró que las funciones de esta autoridad se limitarían á lo concerniente á la paz, guerra, relaciones exteriores y hacienda nacional y que posteriormente, por la ley provincial de Buenos Aires, de veintisiete de Agosto de mil ochocientos veintisiete, se dispuso que hasta la resolución de las provincias, quedaba el Gobiernos de Buenos Aires encargado de todo lo que concierne á guerra nacional y á relaciones exteriores.

Que aún cuando desde esa fecha hasta el cuatro de Enero de mil ochocientos treinta y uno, las provincias confederadas estipularon entre sí diversos tratados, no se fijó en ellos, de un modo uniforme, la autoridad que debiera seguir cultivando esas relaciones, y estipulando en nombre de la República con los Poderes Extranjeros y que el mencionado pacto, denominado comúnmente de Liga Litoral, á que adhirieron todas las Provincias de la República, confirió a la Comisión reunida en Santa Fe las atribuciones que el Congreso General tenía en la época de su existencia, detallándolas por su artículo dieciséis, y que esa misma comisión dejó al Gobierno de Buenos Aires la dirección de esos negocios exteriores sometiendo sus actos á la aprobación de ella, mientras que permaneció reunida.

Que posteriormente á su disolución y en la primera época de la administración del dictador don Juan Manuel de Rosas los pueblos y gobiernos confederados que habían aceptado expresamente ese tratado encargaron nuevamente al Gobierno de Buenos Aires la dirección de los negocios exteriores de la República, como consta de las comunicaciones que obran en los archivos del Departamento de Relaciones Exteriores del Gobierno de Buenos Aires, que han tenido á la vista, con cuya facultad ha seguido sin interrupción hasta que fue modificada por la casi totalidad de los mismos gobiernos confederados á quienes él les arrancó la concesión de que esa prerrogativa fuese delegada á la persona del Dictador; y no ya al Gobierno de Buenos Aires, que no existía de hecho ni de derechos, pues aquél había conculcado todas sus leyes y arrebatado todos los poderes públicos en cuyo estado fue sorprendido por la grandiosa victoria de Monte Caseros, en tres de Febrero último.

Que la desaparición de la escena política de don Juan Manuel de Rosas, anuló de hecho esa facultad, que se había abrogado su persona y restituyó á los pueblos su respectiva parte de soberanía nacional, pudiendo en tal virtud delegarla en el Gobierno confederado que gustasen y estuviese en mejor aptitud de representar y defender sus derechos en el extranjero.

Que el ejército de este derecho fue desde luego puesto en planta por los gobiernos de Entre Ríos y Corrientes, autorizando plenamente éste en mayo de mil ochocientos cincuenta y uno, al Excmo. Gobernador y Capitán General de la Provincia de Entre Ríos para que lo representase en todo cuanto pudiese tener relación con los intereses políticos de la misma Provincia y de la Confederación Argentina, autorización que fue puesta en ejercicio en los convenios celebrados en mayo noviembre del mismo año, entre el Brasil, la República Oriental y las mencionadas Provincias.

Que la de Santa Fe con las demás signatarias del tratado de cuatro de Enero de mil ochocientos treinta y uno, pacto fundamental de la Confederación Argentina, autorizó al Gobierno Provisorio de Buenos Aires para que continuase en la dirección de esos negocios hasta un acuerdo posterior, en vista de los respectivos pronunciamientos de las demás Provincias, á consecuencia del gran suceso ocurrido por la victoria del Grande Ejército en los Campos de Morón, lo que dicho Gobierno ha verificado hasta el presente; con aprobación de todos.

Que habiéndose pronunciado ya la voluntad de todas las Provincias Confederadas adhiriendo á la política pacífica y de orden inaugurada por el Excmo. señor General don Justo José de Urquiza, como resulta de las notas de sus repectivos Gobiernos y de las autoridades que se han recibido, confiando la dirección de los asuntos exteriores de la República y hasta la reunión del Congreso Nacional Constituyente á la persona del Excmo. señor General don Justo José de Urquiza.

RESUELVEN: Que para dejar restablecido este importante poder nacional y alejar todo motivo de duda y ansiedad, dando garantías positivas á los poderes extranjeros que se hallan ó pueden hallarse en relaciones con la República y que sus compromisos y estipulaciones revistan un carácter obligatorio para la misma Confederación , quede autorizado el expresado Excmo. Gobernador y Capitán General de la Provincia de Entre Ríos, General en Jefe del Ejército Aliado Libertador, Brigadier don Justo José de Urquiza, para dirigir las relaciones exteriores de la República, hasta tanto que, reunido el Congreso Nacional, se establezca definitivamente el Poder á quien competa el ejercicio de este cargo.

Acordaron en seguida, que cada uno de los gobiernos signatarios del tratado de cuatro de Enero de mil ochocientos treinta y uno procediese inmediatamente al nombramiento del Plenipotenciario que debe concurrir á formar la Comisión representativa de los Gobiernos, para que reunida ésta en la Capital de la Provincia de Santa Fe entre desde luego en el ejercicio de las atribuciones que le corresponden, según el artículo diez y seis del mismo tratado.

Y finalmente, que la presente resolución, firmada por los Gobernadores y Plenipotenciarios infrascriptos, sea circulada á los gobiernos confederados para su conocimiento y aprobación y que hasta que ésta se haya obtenido, los poderes signatarios de este protocolo y los gobiernos de Salta y Córdoba reasuman en sí, como reasumen toda la responsabilidad y trascendencia de este acto, obligándose como se obligan á todos los gobiernos con quienes la Confederación estuviese en relación, se les comunicará en debida forma.
Para cuya validez y firmeza firman este protoclo en cuatro ejemplares, en Palermo de San Benito, á seis días del mes de Abril del Año del Señor de mil ochocientos cincuenta y dos.
Juan J. de Urquiza Vicente López - Benjamín Virasoro Manuel Leiva.

La Oposición a Urquiza

La oposición a Urquiza fue liderada por Valentín Alsina y contó con el apoyo de Sarmiento y Mitre. Los porteños veían con malos ojos la participación de Urquiza en los asuntos locales. Alsina aspiraba ocupar el cargo de gobernador de Buenos Aires pero fue desplazado el 1 de mayo de 1852 cuando la Legislatura porteña confirmó en el cargo al candidato de Urquiza, el doctor López y Planes.

Las críticas se hicieron mayores con el fusilamiento de algunos rosistas entre los que se encontraba el coronel Martiniano Chilavert, el uso de la divisa punzó y la permanencia de tropas correntinas y entrerrianas en Buenos Aires.

En la reunión de gobiernos en Palermo se había decidido convocar a la Comisión Representativa creada por el Pacto Federal pero Pujol, ministro de gobierno de Corrientes convenció a Urquiza de la conveniencia de reunir a los gobiernos de provincia. Para ello se envió en misión a Bernardo de Irigoyen quien debía explicarles a estos los alcances de la nueva política y comprometerlos a participar del encuentro en San Nicolás de los Arroyos con el objetivo de fijar las bases para un futuro Congreso Constituyente. La reunión se efectuó y el 31 de mayo de 1852 se firmó el Acuerdo de San Nicolás. Se redactó en diecinueve artículos, en el primero se renovó el Pacto Federal, en el segundo se convocó a un congreso federativo y en el cuarto se determinó que la elección de diputados se haría conforme a las leyes vigentes en cada provincia debiendo enviar cada una dos diputados. Por los artículos catorce, quince y dieciséis se facultó a Urquiza a restablecer la paz si esta si viese afectada, organizar el ejecutivo nacional, legislar sobre la navegación de los ríos interiores y administración de correos. En el artículo dieciocho lo nombraron Director Provisorio de la Confederación Argentina. Una cláusula adicional invitaba a firmarlo a los gobernadores ausentes.

Trece provincias, exceptuando a Buenos Aires ratificaron el Acuerdo que constituyó un precedente fundamental para la promulgación de la Constitución en 1853.