Características

El 8 de julio de 1995, Menem asumió por segunda vez la presidencia de la República. El Presidente se hallaba eufórico y entendía que vivía su momento político más trascendente, consagrado como indiscutido líder popular.  Sin embargo, en ese momento se iniciaba su derrumbe.
Durante los cuatro años anteriores de1990 a 1994 la economía se había mantenido en una senda de crecimiento, el control de “la híper”, restableciendo el crédito, reactivó las ventas, en esa época el ahorro externo financió gran parte del consumo y sostuvo el crecimiento económico,  pero según el especialista Mario Rapoport, la situación se revirtió este año. A partir de entonces, liquidadas “las joyas de la abuela”, cayeron los ingresos por privatizaciones. 

Los ajustes en la administración central y en las provincias provocaron el crecimiento del desempleo que desde el 9,9% en 1993, pasó a 18,4% en 1995.
El aumento de la desocupación, así como las disposiciones de la flexibilización laboral, provocaron la pérdida de conquistas laborales. La balanza de pagos arroja fuertes déficits y se dispara el crecimiento de la deuda externa: de 60.000 millones de dólares en 1992, a 87 mil millones este año. El modelo está agotado ya que aumenta  la concentración del  ingreso, crece la fuga de capitales.

El aparato productivo nacional  ha sido quebrantado por la libre importación, provocando no sólo desocupación sino también “trabajo en negro”, por otra parte, se ha extranjerizado la economía debido a adquisiciones realizadas por el capital extranjero (Terrabusi, Bagley, Canale, Llauró, Colorín, La Vascongada, Santa Rosa, La Suipachense, Ginebra Bols, Casa Tía, Guereño, Cinzano y otras). En 1990, 116 empresas extranjeras facturaban el 33,6% del total de ventas de las 500 empresas más grandes. En 1995, entre las primeras 500, son extranjeras 214 y su facturación supera el 50% del total. Asimismo, proliferan las denuncias por corrupción, como los escándalos de la informatización IBM-Banco Nación y el de las ventas de armas a Croacia y Ecuador. 

Este retroceso se expresó, por primera vez, en las urnas, el 8 de octubre de 1995 donde el Frepaso realizó una elección muy importante en Capital donde triunfó por más de 20 puntos sobre el radicalismo, consagrando senadora a Graciela Fernández Meijide.
Sobre el final del año, crece la resistencia popular. Se realizó un acto importante del MTA y la CTA que reunió a  40.000 trabajadores, y poco después, la decimoquinta Marcha de la Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo. El ciclo de Menem comienza a derrumbarse.

El desempleo

La generalización del desempleo, la retirada del Estado en su función de semibienestar  y la descentralización de los servicios educativos y de salud fueron detonantes de grandes estallidos populares y caldo de cultivo de una forma de protesta organizada que daría lugar a un nuevo actor social llamado “piquetero”. Los primeros  episodios de rebelión, antesala de este fenómeno, se ubican en diciembre de 1993, cuando pobladores varios de Santiago del Estero invadieron tres edificios públicos y residencias de políticos en reclamo de salarios adeudados. Fue el “Santiagazo”. El otro antecedente, que incluye el primer corte de ruta registrado, ocurrió en Tierra del Fuego, en abril de 1995, en una protesta de operarios despedidos sin indemnización, que culminó con el asesinato del obrero Víctor Choque.

Para 1996, el modelo privatizador del menemismo impacta fuertemente en las regiones que durante décadas se habían sustentado gracias a la actividad de las grandes empresas nacionales, como el Ferrocarril e YPF. Como sostienen Maristella Svampa y Sebastián Pereyra en su estudio sobre piqueteros, “desde su creación en 1922 hasta su privatización y reestructuración setenta años más tarde, YPF fue un ‘modelo de civilización territorial’ pues la modalidad de ocupación del territorio no se circunscribió a la sola explotación de los recursos naturales sino que incluyó en todos los casos una extensa red de servicios sociales, recreativos y residenciales para el personal permanente”. Esta red se completaba con la instalación de dos emplazamientos de viviendas. uno cercano a la explotación, para directivos y profesionales calificados, y otro, separado por unos pocos kilómetros destinado a la mayoría de los trabajadores.

En Neuquén funcionaban en Plaza Huincul y Cutral-Co, a 100 kilómetros de la capital provincial. El esquema se repetía en Salta, en Mosconi y Tartagal. La debacle de YPF comenzó en 1989, con tres decretos que transferían áreas de producción y exploración al sector privado. Con la sanción de la Ley de hidrocarburos, en 1992, que transfería el dominio a las provincias, la empresa fue declarada sujeta de privatización total. Afirma Svampa que de 51 mil empleados pasó a tener 5.600 y en Neuquén se contabilizaron 4.246 bajas a lo largo de siete años. El comercio local en las ciudades neuquinas estaba estancado, con el 45% de la población económicamente activa en situación de desempleo. La presión acumulada por años detonó cuando se anunció la cancelación de un acuerdo entre  el gobierno provincial y la empresa agrium para construir una planta de fertilizantes. El 20 de junio de 1996, miles de pobladores de ambas localidades cortaron la ruta 22, quemaron gomas y se instalaron en piquetes que interrumpieron el tránsito durante siete días. El primer nombre que recibieron fue el de “fogoneros”, por las imágenes fundiéndose con el denso humo del caucho, y las caras de los jóvenes cubiertas con pañuelos en principio para evitar ser reconocidos por la policía que ostentaba decidida actitud represiva se convirtieron en postales indelebles de aquellos días. a lo largo de la protesta llegaron a concentrarse unas 20 mil personas. Exigían “fuentes de trabajo genuinas” y rechazaban la intervención de políticos locales, que mezclaron el conflicto con su propia interna. Los manifestantes demandaron la presencia del gobernador, Felipe Sapag, y  consiguieron,

 en un hecho hasta entonces inédito, hacer retroceder a las tropas de Gendarmería enviadas por el gobierno nacional. Sapag accedió a todos los reclamos, aunque más tarde evidenciaría el incumplimiento en mucho de lo pactado. Además de otros conflictos registrados, como el que sostuvieron los correntinos que acamparon durante seis meses en la plaza principal de su capital, este año se conformaron los primeros Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD) en el conurbano bonaerense, que se cree tendrán un rol preponderante en piquetes futuros. El germen fue la marcha del 1 de Mayo de varios grupos a la Plaza de Mayo, acompañados por Osvaldo Bayer y  Adolfo Pérez Esquivel, entre otros. El antecedente de Neuquén fue un punto de inflexión en la protesta social. En su libro De Cutral-Co a Puente Pueyrredón, Mariano Pacheco dice que este hecho permitió “articular de otra manera los procesos de organización popular”  porque fue central “su aporte a las clases subalternas en la recuperación de la confianza en sus propias fuerzas”.A pesar de su escasez, los planes sociales que empezaron a circular desde esta demanda, abrieron un nuevo camino. La protesta comienza a dar sus frutos y la lucha social demuestra tener objetivos claros y alcanzables. El “piquetero”, por su parte, se asume como identidad reivindicatoria de un estado circunstancial. El desocupado ya no vive la vergüenza de la marginación, sino que transformó su condición en una herramienta de lucha por sus derechos.

Asesinato de José Luis Cabezas

El fotógrafo de la revista Noticias José Luis Cabezas, asesinado el 25 de enero de 1997, y fue el primer trabajador de prensa que murió como consecuencia de su trabajo desde la recuperación democrática, en un hecho perpetrado por personas vinculadas al empresario postal Alfredo Yabrán

Historia de la foto

José Luis Cabezas fotografió a Alfredo Yabrán en las playas de Pinamar en 1996 un año antes de que se produjera este crimen, Cabezas le sacó una foto a Yabrán en una playa de Pinamar, y ese simple suceso constituyó, según determinó una posterior investigación judicial, una afrenta que el entonces propietario de la firma OCA no estaba dispuesto a perdonar. La revista Noticias le hizo una nota en 1991, y él no permitió ser retratado. 'Sacarme una foto es cómo pegarme un tiro en la frente', les dijo entonces a los periodistas", recuerda el periodista Gabriel Michi, compañero de Cabezas en una cobertura veraniega para Noticias en la Costa Atlántica. 
En febrero de 1996, Michi realizó una investigación sobre algunas actividades comerciales que Yabrán planeaba desarrollar en Pinamar, y junto a Cabezas montó una prolongada guardia con el objetivo de tomarle una foto al enigmático empresario. 

"Lo esperamos en un balneario de Pinamar y mientras yo posaba junto a mi mujer de entonces para una foto, José Luis apuntaba en realidad con su cámara hacia Yabrán, quien caminaba junto a su esposa (María Cristina Pérez) por la playa. Con esa imagen se ilustró la tapa de un número que salió el 3 de marzo de ese año", relata su compañero. Tras esa publicación, Cabezas y su compañera, Cristina Robledo, comenzaron a recibir amenazas telefónicas que se sucedieron a lo largo de 1996. El 15 de diciembre de ese año Cabezas arribó a Pinamar para iniciar una nueva temporada. El objetivo que tenían con Michi era conseguir una entrevista con Yabrán, que ese año había mantenido una fuerte disputa pública con el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien lo había denunciado ante el Congreso, en una interpelación que se prolongó durante 11 horas.
Por esos días los dos periodistas de la revista tuvieron un diálogo escalofriante.

- Cabezas: "Che, sabés que una fuente nuestra me dijo que gente de Yabrán había estado tratando de averiguar mi dirección en Buenos Aires. Y otra cosa. ¿Sabés lo que me dijo Gómez, el comisario de Pinamar? 'Qué linda que es tu gorda', refiriéndose a mi hija Candela"
- Michi: "Sí, Candela es preciosa. Tiene cinco meses"
- Cabezas: "Sí, pero el tipo este no la conoce"

Incluso un funcionario cercano a la gestión del intendente local, Blas Altieri, le confió a Cabezas que "gente de Yabrán" había indagado la dirección donde se alojaría durante la cobertura de la temporada.

El crimen

Un mes antes del crimen, el oficial de la policía bonaerense Gustavo Prellezo  se reunió con Yabrán en Buenos Aires, en las oficinas que el empresario tenía en Carlos Pellegrini al 1100, y en esa reunión, Don Alfredo le dijo que quería "pasar un verano tranquilo sin fotógrafos ni periodistas", según lo que el oficial declaró luego ante la Justicia.  El viernes 24 de enero, el periodista y el fotógrafo de Noticias destacados en Pinamar concurrieron a una fiesta que organizaba el empresario Oscar Andreani y llegaron en un Ford Fiesta Blanco en el que se desplazaban. A las 4 de la madrugada del 25, Michi se retiró y Cabezas se quedó para hacer unas fotos más, pero decidió irse una hora después.
Desde las 12 de la noche, tres hombres a bordo de un Fiat Uno vigilaban los movimientos de la casa de Andreani y cada tanto uno de ellos merodeaba cerca del Ford Fiesta de los trabajadores de Noticias, que esa madrugada estaba estacionado a metros de la vivienda en la que se desarrollaba esa celebración. Una vecina del lugar alertó a unos de los guardias privados del empresario que organizaba la fiesta sobre la presencia de estos hombres, prometieron "ocuparse", pero lo cierto es que esa noche la policía no apareció por el lugar.
A la mañana siguiente, el cuerpo de Cabezas apareció adentró del Ford Fiesta quemado con alcohol metílico; tenía sus manos esposadas y dos proyectiles de un arma calibre 32 alojados en su cavidad craneana.
En horas del mediodía, Michi, alertado por la ausencia de Cabezas fue a la Comisaría, donde lo atendió "la liebre" Gómez, quien años más tarde recibió una condena por haber "liberado la zona".

Al ponerse en conocimiento de algunos datos sobre el auto que conducía el fotógrafo el comisario le advirtió al cronista de Noticias que "tenía una mala noticia" para darle.

"Fui hasta la cava y vi el cuerpo de José Luis y no quería creer que fuera él. No caía aunque había identificado el auto. Recién me di cuenta de todo cuando probé en la cerradura de la oficina la llave que habían encontrado en el lugar", rememora.

Consecuencias del crimen

El asesinato de Cabezas perpetrado el 25 de enero de 1997 , provocó un cimbronazo político en los gobiernos de los entonces presidente Carlos Menem y del gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde, quien advirtió en aquel momento que le "tiraron un muerto" y reveló vínculos entre la política, empresarios y la policía. El homicidio fue cometido en tiempos en que Duhalde, en representación del Partido Justicialista, buscaba suceder a Menem, quien ejercía su segundo mandato y buscaba un tercero. Duhalde le había dicho a sus allegados "Me tiraron un muerto", reportaron los medios de la época al enterarse del hallazgo del cuerpo del fotógrafo de la revista Noticias calcinado dentro de un automóvil, con las manos esposadas en la espalda y dos tiros en la cabeza, en las afueras de Pinamar. En ese balneario, Cabezas había logrado fotografiar al empresario Alfredo Yabrán.

La noticia del homicidio -ocurrido en el balneario elegido por empresarios y políticos para veranear durante la década del '90- le llegó a Duhalde cuando se disponía a salir de pesca , al día siguiente de haberse conocido la noticia, Menem opinó que no creía que el hecho tuviera connotaciones políticas, mientras que el gobernador ofreció una recompensa para quien aportara datos que permitieran resolver el caso. Duhalde, que había dicho que la bonaerense era "la mejor policía", inició una investigación en la fuerza de seguridad, pidió ayuda al FBI, ofreció indultos a quienes hubieran participado en forma secundaria en el crimen a cambio de datos y afirmó entonces: "En esto me va la vida".

El PJ, la UCR y el Frepaso crearon una comisión para seguir la información y en el Congreso funcionó una bicameral como apoyo de la investigación judicial del asesinato del reportero gráfico. El entonces ministro del Interior, Carlos Corach, buscó desmentir que el menemismo intentara trabar la candidatura del gobernador a la Casa de Gobierno con el caso, al afirmar el 3 de febrero tras un informe en el Congreso que "no" le tiraron "el fardo a Duhalde", en alusión a la pelea entre la Nación y la provincia sobre el control de la pesquisa. La disputa política entre el presidente y el gobernador se fue profundizando con el avance de la investigación a raíz de las diferencias que mantenían respecto del empresario Yabrán, a quien el ministro de Economía, Domingo Cavallo, había denunciado en 1996 de "liderar una mafia enquistada en el poder", durante una maratónica exposición ante la Cámara de Diputados, mientras Duhalde consideraba que Yabrán era "sospechoso" del crimen de Cabezas, Menem sostenía que el hombre que visitaba con frecuencia la Casa Rosada era "sólo un empresario más".

Cincuenta días después del asesinato, el gobernador dijo que la policía daba miedo en lugar de seguridad e hizo la primera de una serie de purgas en la fuerza de seguridad, exonerando a 150 efectivos. La investigación determinó posteriormente la responsabilidad de jefes policiales en el homicidio y sus vínculos con el encargado de la custodia del empresario.Cinco meses después del crimen renunció el ministro de Justicia Elías Jassan, al descubrirse que había mantenido más de cien contactos telefónicos con Yabrán, sospechado de haber actuado como el instigador del homicidio.

Jassán, según se reportó entonces en medios periodísticos, había sido vicepresidente de una empresa ligada a Yabrán y le otorgó el reparto de la correspondencia de la cartera a su cargo a la compañía de correos OCA, también mencionada como propiedad del empresario. El funcionario había declarado: "No tengo ni he tenido relación alguna con el señor Yabrán", en alusión al empresario que se suicidó en mayo de 1998 cinco días después de que el juez a cargo de la investigación, José Luis Macchi, librara una orden de captura en su contra.

El suicidio de Yabrán

Según aseguraron las crónicas periodísticas de aquellos años, el empresario contaba con información sobre lo que ocurría minuto a minuto en los tribunales, por lo que comenzó a urdir una estrategia durante el verano previo a su final. El 15 de mayo de 1998 el juez de Dolores José Luis Macchi, que investigaba el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas ocurrido el 25 de enero de 1997, ordenó la captura de Yabrán como posible instigador del crimen. Ocurrió tras el testimonio de Silvia Belawsky, la esposa del ex comisario Gustavo Prellezo, quien aseguró que el empresario postal le había pedido a su marido que se encargara de matar al reportero gráfico que en 1996 le había tomado una fotografía mientras caminaba con su esposa por las playas de Pinamar.

Con una decisión judicial que ordenaba su arresto, el empresario postal Alfredo Yabrán era para entonces el hombre más buscado del país. Pero las autoridades no lograban encontrarlo, oculto como estaba, en una de las fastuosas casas de campo que poseía en Entre Ríos, la provincia en la que había nacido 53 años antes. Hasta que el miércoles 20 de mayo, un grupo de efectivos policiales ingresó por el camino de tierra que culminaba en la estancia San Ignacio, lindante con un pequeño poblado de apenas mil pobladores, en el sur entrerriano. Entonces la tranquilidad que caracterizaba a aquel verdadero páramo se alteró por el ruido de un escopetazo. El hombre que años antes ocultaba su rostro con celo para que nadie lo reconociera estaba en la tapa de todos los diarios del país. Se había quitado la vida. Al momento del suicidio Yabrán estaba acompañado por su ayudante  todoterreno, Leonardo Aristimuño, uno de los pocos empleados cercanos que hacia mediados de mayo de 1998 todavía trabajaba para él, la esposa de  Aristimuño y un custodio.

Creación de La Alianza

La Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación, más conocida simplemente como La Alianza, fue una coalición política entre la Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario, conformada en 1997 
En las elecciones presidenciales de 1995, el candidato Carlos Menem obtuvo el triunfo y su reelección alcanzando el 49% de los votos. La oposición se había presentado dividida en dos grandes fuerzas, el Frente País Solidario, una alianza de partidos de centro-izquierda, que obtuvo el 29% de los votos, y la Unión Cívica Radical que obtuvo el 17%. Resultaba evidente que unidas, ambas fuerzas obtenían una adhesión similar a la del Partido Justicialista.
Las negociaciones para la formación de una alianza UCR-FREPASO fueron, sin embargo, difíciles. Un amplio sector de ambas fuerzas rechazaba la idea de una coalición, sobre todo los sectores más conservadores del radicalismo, entre los cuales se encontraban la mayoría de sus gobernadores (como Ramón Mestre y Massaccesi), con el agravante de que el FREPASO exigió en varios distritos la necesidad de internas abiertas entre candidatos radicales y frepasistas de cara a los comicios, postura rechazada tajantemente por varios caudillos provinciales radicales.
En 1997 la UCR y el FrePaSo conformaron la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación. Para conducir la agrupación de los partidos se estableció un grupo de cinco personas: Graciela Fernández Meijide, Carlos "Chacho" Álvarez, Rodolfo Terragno, Fernando de la Rúa, y Raúl Alfonsín.
Asimismo se creó el Instituto Programático de la Alianza, dirigido por Raúl Alfonsín, acompañando por Dante Caputo, con el fin de convocar a activistas e intelectuales a elaborar el programa de gobierno del agrupamiento.
En los primeros meses de su formación, la Alianza tuvo serias dificultades para conformarse en todo el país, debido a la desconfianza existente entre los diferentes grupos que contribuían a ella. Estas luchas internas se volverían más evidentes durante el gobierno de Fernando de la Rúa.
Pocos meses después, en las elecciones de 1997 la Alianza obtuvo un triunfo en todo el país.​ Chacho Álvarez encabezó la lista triunfante en la Capital Federal y Graciela Fernández Meijide en la provincia de Buenos Aires, donde venció a la candidata del Partido Justicialista, Chiche Duhalde.

Movimiento Piquetero

Los movimientos de trabajadores desocupados surgido en Argentina a mediados de la década de 1990 fueron denominados movimientos piqueteros, esto ocurrió debido al crecimiento de la desocupación y los índices de pobreza que fueron en aumento luego de la práctica de políticas y recetas neoliberales que crearon el caldo de cultivo en el país para el surgimiento de múltiples protestas y formas de organización de trabajadores que perdían su empleo y corrían el serio riesgo de quedar excluidos del mercado laboral.

La denominación "piquetero" proviene del hecho de que los movimientos de desocupados principalmente tienen como forma de protesta social, la instalación de piquetes en lugares estratégicos, para imposibilitar total o parcialmente la circulación por calles, caminos o rutas.

Según Luis Oviedo, militante y dirigente del Partido Obrero, se trata de una transformación genuina del movimiento obrero y las masas explotadas en Argentina ya que nace de una necesidad vital de las masa trabajadora (no solo de los desocupados) por la lucha contra la desocupación, tomando gran dimensión en la época de Menem ante el abandono de los desocupados y de la no escucha de dichos pedidos por parte de la burocracia oficial de los sindicatos.​

Los primeros piquetes nacieron  para canalizar la protesta contra los despidos de trabajadores en la empresa del  Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF, luego absorbida en el conglomerado internacional Repsol YPF) en Cutral Có y Plaza Huincul (Neuquén), los cortes de ruta («piquetes») realizados como medio de protesta dieron su nombre a los numerosos movimientos de desempleados que se han institucionalizado progresivamente, formando la contrapartida obrera a los cacerolazos empleados por la clase media para expresar su descontento con la acción gubernamental.

Puebladas de Cutral Có y Plaza Huincul

Las puebladas de Cutral Có y Plaza Huincul, fueron una serie de protestas populares en las ciudades de Cutral Có y Plaza Huincul sucedidas principalmente en 1996 y 1997, estas marchas tienen la importancia histórica de ser consideradas el inicio de los movimientos de desocupados y piqueteros aparecidos para luchar contra las políticas económicas neoliberales aplicadas en la década de 1990 por el presidente Carlos Menem en el marco de Consenso de Washington de 1989.
El conglomerado urbano Cutral Có - Plaza Huincul, esta ubicado en la provincia de Neuquén, y surgió a partir de la década de 1930 como base de apoyo urbana para la explotación de los ricos yacimientos de petróleo y gas natural que existen en la zona estas puebladas tuvieron su causa principa en los despidos masivos dispuestos luego la privatización de las empresas públicas de petróleo y gas natural, YPF y Gas del Estado, que generaron un estado general de pobreza y desocupación masivas en esas ciudades.​

La primera pueblada se extendió entre el 20 de junio y el 27 de junio de 1996 y se desencadenó debido a la decisión del gobernador de la provincia de Neuquén de rechazar la instalación de una fábrica de fertilizantes en Cutral Có y finalizó con un acta acuerdo de trece puntos entre los manifestantes y el gobernador.

La segunda pueblada se extendió entre el 9 de abril y el 18 de abril de 1997, en el marco de una protesta docente de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN). Como resultado de la represión y la criminalización de la protesta social el 12 de abril fue asesinada Teresa Rodríguez, quien se convertiría en una de las figuras inspiradoras del movimiento piquetero.

Carpa Blanca

La carpa fue emplazada el 2 de abril de 1997 el principal motivo de la protesta fue el aumento de los fondos para la educación, los docentes también reclamaron una mayor defensa del mercado interno, políticas productivas y de sustitución de importaciones, y la suspensión del pago de la deuda externa, durante la larga protesta, un grupo estable de entre 20 a 30 docentes se turnaban para ayunar como forma de protesta ingiriendo solo té caliente o caldo, algunos ayunaron hasta 20 días seguidos, luego eran reemplazados por otros docentes de tal manera que participaron del ayuno docentes de todo el país, además la carpa fue visitada por casi 3 millones de personas, incluyendo a 7000 alumnos de escuelas argentinas y recibió el apoyo de diferentes personalidades como Eduardo Galeano, Mercedes Sosa, Luis Alberto Spinetta, León Gieco, Alfredo Alcón, ​familiares de María Soledad Morales y José Luis Cabezas y las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.​
La protesta culminó cuando el Congreso Nacional promulgó una Ley de Financiamiento Educativo que garantizaba un fondo salarial de $660 millones de dólares. La carpa fue retirada el 30 de diciembre de 1999, a 1003 días de su instalación.

Elecciones legislativas 1997

Entre abril y mayo de 1997 se habían producido varios cortes de ruta en las principales ciudades del país para protestar por el alto desempleo y el declive económico. Ante esta situación, el oficialismo justicialista, que durante el período previo a su llegada al poder en 1989 había apoyado todos los paros generales y las protestas contra el gobierno de Alfonsín, sobre todo durante el proceso hiperinflacionario, declaró que el FREPASO, la UCR y otros grupos de oposición estaban utilizando medidas violentas para desestabilizar el país, y acusó a sus principales dirigentes de ser "golpistas".​ 

Estas actitudes, así como la posterior desacreditación de varios de los candidatos opositores de manera superflua, jugaron un papel muy amplio durante la campaña, y junto con la mayoría de los escándalos de corrupción que se produjeron a lo largo del año afectaron severamente la popularidad del gobierno de cara a las elecciones.

A pesar de que Fernández Meijide y otros candidatos del FREPASO dentro de la Alianza mencionaron los negativos aspectos de la política económica de Menem, muchos de los candidatos radicales de la coalición evitaron hablar de temas económicos, cargando con el peso del proceso hiperinflacionario que terminó con su último gobierno. De este modo, los escándalos de corrupción en el gobierno menemista primaron y fueron el principal eje de la campaña aliancista, convirtiéndose esta en la primera campaña electoral argentina desde las elecciones de 1985 en la que la economía no fue la principal motivación en cuanto a la intención del voto, sino la corrupción gubernamental. La mayoría de los opositores cuestionó la visita a la Casa Rosada del empresario Alfredo Yabrán, uno de los principales acusados, dentro de las denuncias realizadas por Cavallo, de múltiples negocios ilícitos relacionados con la administración menemista, (como lavado de dinero, tráfico de drogas y tráfico de armas). Dicha visita recibió críticas de parte de Fernández Meijide y de Cavallo, el cual en 1995 había descrito a Yabrán como un "mafioso" en una sesión del Congreso.​ 

La mayoría de los candidatos justicialistas criticaron el hecho de que Yabrán hubiera sido agredido violentamente al salir de su reunión con el Jefe de Gabinete Jorge Alberto Rodríguez, en la cual el vehículo del empresario fue dañado por un agresor que le tomó fotografías. El menemismo denunció esto como una operación mediática orquestada por la oposición de cara a las elecciones.

Preocupado por minimizar el impacto que tenía la coalición entre la UCR y el FREPASO, Menem trató de hacer campaña centrándose en las cuestiones económicas, defendiendo su administración por haber detenido la inflación. A fin de evitar que hubiera dudas al respecto, la Alianza declaró que apoyaba la continuidad del régimen de la convertibilidad, y que la paridad del dólar con el peso se mantendrían aunque el justicialismo perdiera. Por su parte, Menem trató de desligar al FREPASO de la Alianza y dirigir sus principales críticas a la UCR, afirmando que un retorno de una alianza que incluyera a dicho partido al poder conduciría a un nuevo desastre económico, llegando a declarar a principios de octubre, semanas antes de la elección, que "no hubo gobierno más corrupto en la historia argentina que el que se hizo cargo del país entre 1983 y 1989".

El 8 de octubre, el propio Alfonsín respondió a este cruce conjuntamente con Álvarez, acusando al presidente de buscar una campaña sucia y violenta. Alfonsín fue más lejos en sus críticas al mandatario, declarando que "habría que investigar a Menem", y que la mayoría de la población estaba harta de la corrupción gubernamental. El segundo candidato por la Alianza en Buenos Aires, el radical Rodolfo Terragno, anunció que renunciaría a sus fueros si resultaba electo, en protesta por las acusaciones del gobierno.​

Entre otras críticas controvertidas con las cuales Menem cuestionó a la Alianza, el presidente calificó a la coalición opositora como un "simple rejunte" (en referencia a la disparidad ideológica entre varios de sus candidatos radicales, socialistas o del Frente Grande), y afirmó polémicamente que "hay una de ellos solo sería buena como ama de casa", en referencia clara a Fernández Meijide.​ La candidata descartó estas acusaciones como llana desesperación ante la derrota, y posteriormente afirmó que el mandatario no la desacreditaría si no la considerara una auténtica amenaza electoral.

La corrupción de gobierno 1989-1999

Las denuncias de corrupción sobre su gobierno no impidieron que su gestión mantuviera una imagen favorable debido al éxito en la faz económica. En 1993, su Ministro del Interior, Gustavo Béliz, renunció a su cargo y declaró públicamente que el presidente «estaba rodeado de corruptos», los principales casos de corrupción y escándalos públicos que asolaron al país durante la década del noventa. 

La mayoría automática

La ampliación del número de jueces de la Corte Suprema de cinco a nueve determinó el nacimiento de la “mayoría automática” (que siempre dictaminó a favor del gobierno de Menem): Julio Nazareno, Eduardo Moliné O' Connor, Antonio Boggiano, Guillermo López y Adolfo Vázquez. El 5 de abril de 1990 la Cámara de Diputados sancionó la ampliación de la Corte con una ley que no recibió el debido trato parlamentario, ya que su aprobación fue en general y no en particular. Durante los 13 años en que presidió la Corte, Julio Nazareno (ex-socio de Menem en un estudio jurídico de La Rioja) acumuló 300 pedidos de juicio político en su contra y renunció en 2003 cuando finalmente uno de ellos fue aprobado por la Cámara de Diputados, que había hecho lugar a 44 cargos en su contra.

 El pasaporte de Al-Kassar

El traficante de armas sirio Monzer al-Kassar había sido procesado por la presunta falsificación de certificados para obtener la ciudadanía argentina -que logró en 24 horas sin hablar una palabra de español- en 1990. En el año 2000 Al-Kassar declaró que que Menem ordenó a Migraciones que "se me otorgara la residencia y yo fui allí con un funcionario de la más alta confianza del presidente", posiblemente Amira Yoma. Durante muchos años circuló el rumor de que la corbata y el saco que el sirio lucía en la foto del pasaporte pertenecían a Menem. En abril de 2003 el juez Jorge Ballestero declaró prescripta la investigación contra Al-Kassar, pero la Cámara Federal la reabrió. Este tribunal confirmó, en cambio, la prescripción que benefició a un funcionario de Migraciones.

Los guardapolvos de Bauzá

En 1990, el Tribunal de Cuentas formuló una denuncia por la adquisición, mientras Eduardo Bauzá era ministro de Salud y Acción Social, de un millón trescientos mil guardapolvos a la empresa Herrera Hermanos SA, que los cobró antes de entregarlos. De la declaración jurada de la empresa surgía que estaba inactiva desde hacía dos años, que su capital no alcanzaba al precio de un guardapolvo y que no había presentado balances, ni siquiera certificación de su existencia. Su presidente era un indigente. La jueza María Romilda Servini de Cubría se hizo cargo de la investigación, pero sólo procesó a los empleados del depósito que recibían los guardapolvos y a tres integrantes de la empresa. Contra Bauzá sólo quedó un expediente en el Tribunal de Cuentas, aunque no por mucho tiempo, ya que cuando ese organismo fue disuelto y reemplazado por la Auditoría General de la Nación, el gobierno indultó 2300 causas administrativas y judiciales pendientes, entre ellas la del ministro.

Los menemtruchos

En 1991, como director de la Casa de la Moneda, el amigo personal de Menem, Armando Gostanián, a quien el presidente llamaba cariñosamente “Gordo bolú”, soportó dos escándalos: la emisión de moneda con numeración duplicada y los tristemente célebres "menemtruchos", billetes con el rostro de Menem que hizo imprimir en auténtico papel moneda y con marca de agua original, para repartir entre amigos a guisa de una humorada. Tampoco nunca quedó clara la compra de papel moneda que hizo Gostanian a un precio del 185% superior al del mercado. Mientras tanto las denuncias que pesaban sobre él por la emisión de menemtruchos quedaron sin resolución. El propio Presidente Menem no lo condenó siquiera de palabra por su conducta.

La mala leche

Miguel Ángel Vicco y Carlos Spadone fueron los protagonistas del caso de la leche adulterada vendida al Estado argentino en 1991. En marzo de aquel año, la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia había ordenado la compra de leche en polvo para embarazadas, menores de 2 años y desnutridos. Las firmas Molfino, Manfrey, Mastellone y Sancor decidieron entonces no disputar la operatoria porque estimaron imposible reunir la cantidad de leche requerida en el tiempo disponible, sólo 60 días. Spadone, por entonces asesor de Menem y proveedor del Estado en forma simultánea, sí participó, resultando el único oferente. Spadone y dos colaboradores, Carlos Santunione y Néstor Lorenzo ocultaron la importación de la leche desde Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Uruguay. Además alteraron las fechas de vencimiento de la mercadería y la fijaron en seis meses, plazo mínimo que exigía el pliego. Pero la leche estaba vencida, contaminada con la bacteria Escherichia coli y, según un examen del Conicet y de investigadores holandeses, algunas partidas presentaban una "sustancia radiactiva no natural, compatible con la medida en leche contaminada por el accidente (de la central nuclear) de Chernobyl", ocurrido en los años 80. La causa se inició por una denuncia del fallecido dirigente socialista Simón Lázara, que había denunciado la "venta de leche en mal estado" al Ministerio de Salud y Acción Social. Vicco renunció como secretario privado de Menem y el juez Ballestero le dictó falta de mérito a Spadone, pero la causa fue reabierta. En 2003, la Cámara Federal condenó a Spadone a dos años y medio de prisión en suspenso (no fue preso), pero en septiembre de 2005 se cerró la causa por aplicación de la nueva ley de prescripción.

El Swiftgate

En el verano de 1990-1991, el embajador norteamericano Terence Todman envió una nota al gobierno argentino denunciando un pedido de coima a la empresa Swift para agilizar trámites de radiación de capital. La empresa quería importar maquinarias de alta tecnología, que iban a ser destinadas a la ampliación de su planta ubicada en Rosario (provincia de Santa Fe) sin pagar impuestos por 4,4 millones de dólares, de acuerdo a la ley de promoción industrial. Se trataba de una inversión de 140 millones de dólares y estaba trabada, por lo menos, la segunda parte de la suma -71 millones- en el despacho de Emir Yoma. El incidente se conoció el 6 de Enero de 1991 gracias a una nota del periodista Horacio Verbitsky en el diario Página 12. El presidente Menem calificó a Verbitsky de “delincuente periodístico” y como consecuencia del escándalo, renunciaron el entonces ministro de Economía Erman González, el asesor presidencial Emir Yoma y el ministro Roberto Dromi.

El Yomagate

Uno de los casos más resonantes del menemismo fue la denuncia de que fuertes sumas de dinero proveniente del narcotráfico eran transportadas desde Estados Unidos para ser blanqueadas en Argentina con la participación de altos funcionarios del gobierno menemista. El escándalo estalló en 1991 cuando el periodista Román Lejtman lo denunció en el diario Página 12. Los involucrados fuerno Amira Yoma, cuñada y secretaria de audiencias del presidente Menem, su marido, el sirio Ibrahim Al Ibrahim, asesor de Aduanas (no hablaba español), actualmente prófugo de la justicia y el secretario de recursos hídricos, Mario Caserta. Este último fue condenado a 5 años de prisión por la causa. La banda también la componían José Lezcano Patiño, o Ramón Puentes, condenado en Estados Unidos, que era quien movía la droga desde allí en los años 80. Sus lugartenientes eran Mario Anello e Indalecio Iglesias. Una carga de 595 kilos de cocaína decomisados en Cabo Verde, pertenecientes a la organización, permitió la detención de Iglesias, que reveló cómo era toda la estructura. Su relato permitió descubrir que la organización tenía una ramificación aquí. La organización traía el dinero proveniente de la venta de drogas en valijas desde Miami hasta Nueva York y de allí a Buenos Aires. Ibrahim Al Ibrahim operaba en la Aduana para que las valijas (“samsonite”) evadieran los controles. Parte de la suma ingresada en el país fue invertida aquí y "blanqueada" con la compra de inmuebles, la constitución de empresas y la adquisición de joyas, y otra parte era enviada a Uruguay, donde se la depositaba en las cuentas de otros involucrados.

 El diputrucho

El 26 de marzo de 1992 se sesionaba en la Cámara de Diputados para aprobar el marco regulatorio de la privatización de Gas del Estado. Presidía la sesión Alberto Pierri, el Justicialismo necesitaba 130 diputados para alcanzar el quórum. Se votó a mano alzada y al levantarse la sesión algunos periodistas percibieron que un intruso había votado. El impostor que se había hecho pasar por diputado era Juan Abraham Kenan, asesor de Julio Manuel Samid, el hermano de Alberto Samid. Kenan, no obstante, no fue el único intruso ese día. Había cinco más, que al no ser descubiertos en ese momento consiguieron escapar, todos colaboradores de diputados justicialistas. Esos diputados eran Felipe Solá, quien echó de inmediato a su empleado infiel; el salteño Carlos Romero (posteriormente candidato a vice de Menem en 2003); el mendocino Nicolás Becerra, quien desmintió categóricamente haber formado parte de la operación, el porteño Eduardo Varela Cid y el fueguino Carlos Manfredotti. Samid y Kenan fueron condenados a algunos meses de prisión en suspenso. Al ser interrogado, Kenan célebremente respondió que lo habían hecho sentar en una banca "porque estaba descompuesto". El caso se conoció como “el diputrucho”.

Contrabando de armas

En 1992 se exportaron 6500 toneladas de armas argentinas a Croacia (en violación a un embargo de la ONU) y a Ecuador (siendo Argentina garante de un tratado de paz entre este país y Perú). La venta fue autorizada por un decreto secreto que llevaba la firma del presidente Menem y los ministros Camilión y Cavallo, entre otros. Por este hecho el Estado argentino fue defraudado en 60 millones de dólares. Se probó que el sirio Monzer Al-Kassar participó en la operación como intermediario. Las familias Al-Kassar y Menem provienen del mismo pueblo en Siria, y se cree que estarían emparentadas. En el marco de esta causa la testigo clave Lourdes di Natale fue asesinada dos semanas antes de declarar contra Menem y Emir Yoma. El 3 de noviembre de 1995 se produce la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, que devastó la ciudad y provocó 7 muertos además de innumerables heridos. En junio de 2001 Carlos Menem fue detenido y procesado por el Juez Urso, pero seis meses después la Corte Suprema emitió un fallo absolutorio en su favor. En 2007 fue procesado nuevamente en esta causa, pero se encuentra amparado por sus fueros parlamentarios. Al-Kassar fue detenido en España y extraditado a Estados Unidos, donde un tribunal de Nueva York lo condenó a 30 años de prisión por participar en la venta de armas a las FARC.

Atentado a la AMIA

El 18 de julio de 1994, un coche bomba estalló en la AMIA con el luctuoso saldo de 86 muertos. En 2004 un tribunal federal comprobó que el juez que hacía 10 años investigaba la causa, Juan José Galeano, había sobornado, siguiendo instrucciones del gobierno de Menem, a uno de los inculpados para que incriminara a oficiales de la policía bonaerense. En 2005 fue procesado por 27 cargos y destituido. Además, el ex juez Galeano fue procesado por el supuesto desvío de la llamada "pista siria" en la causa AMIA, que apuntaba a una familia de ese origen allegada a la familia del ex presidente Carlos Menem. En la misma causa también están procesados por "encubrimiento" el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y el ex comisario Jorge `Fino` Palacios.

Coimas IBM-Banco Nación

Un millonario fraude al Estado fue perpetrado en 1994 mediante la contratación a IBM para la informatización del Banco Nación. La licitación para la puesta en marcha del proyecto "Centenario”, consistente en informatizar 525 sucursales del Nación, fue confeccionada para que sólo IBM pudiera ganarla, contra el pago de 37 millones de dólares en coimas, de los cuales llegaron a pagarse 21 millones. El caso fue denunciado por el periodista Santiago Pinetta, en el libro “La Nación Robada”. Pinetta, que financió la publicación del libro con una vaquita y presentó la denuncia penal personalmente en un juzgado federal, sufrió 3 atentados mafiosos, en uno de los cuales fue atropellado, y en otro le escribieron “IBM” en el cuerpo con una trincheta. Algunos años después terminó mendigando en las estaciones de subterráneos porteños.En el marco de esta causa, Marcelo Cattáneo, apareció ahorcado con una nota periodística sobre el caso en su boca. Su hermano Juan Carlos, secretario de Alberto Kohan en la Secretaría General de la Presidencia, era el testigo más importante de la causa y su deceso siempre fue considerado un suicidio.

Escándalos del PAMI

Interventora Matilde Menéndez. Se probó que el directorio de la obra social de los jubilados otorgaba préstamos de dinero a terceros ajenos al organismo, en lugar de depositarlos en los bancos oficiales para obtener intereses y lograr una mayor rentabilidad de los fondos del organismo. Interventor Víctor Alderete. Fue sobreseído en una causa por manejos irregulares en el PAMI tras pasar 15 meses en prisión. Interventor Carlos Alderete. Acusado en la causa sobre irregularidades detectadas en la remodelación del Hogar Viamonte. El PAMI otorgó la obra por contratación directa a una empresa en 3,5 millones de dólares. El juez Ballestero le dictó falta de mérito, pero la causa fue reabierta.

Sobresueldos

La causa se inició en 1994 por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans. El juez Martínez de Giorgi dió por acreditado que "durante los dos mandatos presidenciales de Carlos Saúl Menem se ideó, se ejecutó y se desarrolló, por parte de los funcionarios de más alta jerarquía del Poder Ejecutivo Nacional, un sistema por el cual se destinó dinero público (asignado originalmente por Ley de Presupuesto a gastos de inteligencia y seguridad del Estado) para el pago de sumas a funcionarios de ese poder del Estado, las cuales eran repartidas de manera discrecional e informal entre ellos". Las pruebas son las declaraciones testimoniales de ex empleados y ex funcionarios y hasta los dichos de los propios acusados, que no negaron el cobro de esos sobresueldos. Una pericia incorporada a la causa habla de hasta 400 millones de dólares. El dinero provenía de fondos reservados de la SIDE y otros organismos. Por la causa fueron procesados el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, el ex ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, y la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray. Además, en esta causa ya estaban procesados el ex ministro de Defensa Oscar Camilión (actualmente enjuiciado junto con Menem por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia) y el ex jefe de Gabinete Jorge Rodríguez.

La servilleta de Corach

En 1996, Domingo Cavallo narró que el ministro del Interior Carlos Corach tuvo el desparpajo de anotarle en una servilleta el nombre de cinco de los muchos jueces federales que él, junto al ministro de Justicia Elías Jassan, controlaba: Carlos Branca, Jorge Urso, Adolfo Bagnasco, Rodolfo Canicoba Corral y Claudio Bonadío. Estos eran la punta del iceberg de un sistema judicial de protección de contrabandistas, corruptos y evasores vinculados al gobierno. El juez Branca, acusado de liderar una asociación ilícita en el escándalo de la “aduana paralela”, fue absuelto por un tribunal en 2008.

El Y2K

En 1999, para prevenir el "Efecto Y2K" -como se denominó a las eventuales consecuencias informáticas de la llegada del año 2000- la Secretaria de la Función Pública y ex-interventora en Corrientes, Claudia Bello, contrató los servicios de empresas de publicidad para alertar sobre las posibles consecuencias nocivas de ese hecho con relación a los sistemas informáticos. La Oficina Anticorrupción la acusó de haber adjudicado, sin licitación, contratos por consultoría por 9 millones de dólares.