Nacio en Morón, Provincia de Buenos Aires, el 21 de enero de 1928 es un ex militar argentino que ocupó de facto la presidencia de la Nación entre el 2 de julio de 1982 y el 10 de diciembre de 1983 último presidente de la Junta Militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que entregó el mando al primer presidente democráticamente electo en casi una década, Raúl Ricardo Alfonsín. Bignone estuvo a cargo de la transición hacia la democracia tras el estruendoso fracaso de su predecesor, Leopoldo Galtieri, en la guerra de Malvinas.

Bignone nació en Morón, provincia de Buenos Aires. Ingresó al arma de Infantería del ejército a los 19 años de edad. Estudió en la Escuela Superior de Guerra y en la España de Franco antes de ser nombrado jefe del VI Regimiento de Infantería en 1964. En la promoción de 1975 que elevó a Jorge Rafael Videla a comandante en jefe de las fuerzas armadas, fue nombrado secretario del Estado Mayor del Ejército.

Participó activamente en el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón, y en las operaciones de la guerra sucia. Poco después de la imposición del régimen militar, ocupó el hospital Alejandro Posadas, que se convertiría en un campo de concentración durante el régimen. Fue luego nombrado jefe del Área 480 del campo de detenidos de Campo de Mayo. En 1980 pasó a estar a cargo de los Institutos Militares.

Tras la caída de Videla en 1981, pidió el retiro. Su distancia con las cúpulas militares posteriores, durante los gobiernos de Viola y Galtieri, lo hizo un candidato ideal para asumir la Presidencia tras la decisión del ejército de responsabilizarse de la conducción política; el conflicto con los titulares de las dos fuerzas restantes, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, que habían tomado la decisión de retirarse de la junta militar, imponía una renovación. Pese a la intención del comandante del ejército, Cristino Nicolaides de demorar lo máximo posible la entrega del poder, Bignone anunció ya en su primer discurso público que su intención era convocar a elecciones para comienzos de 1984.

El proceso de retorno de la democracia, sin embargo, se vio acelerado por la catastrófica situación económica y política. José Dagnino Pastore, ministro de Economía de Bignone, declaró el “estado de emergencia” frente a los cierres de fábricas, la inflación —que superaría el 200% en el año— y la constante devaluación de la moneda.

Las presiones políticas, al mismo tiempo, se incrementaron; la junta multisectorial fundada por el fallecido Ricardo Balbín y liderada por su sucesor, Raúl Alfonsín, intentaba lograr una entrega anticipada e incondicional del poder. Las entidades de derechos humanos, encabezadas por Adolfo Pérez Esquivel, intensificaban la campaña para el esclarecimiento del paradero de los desaparecidos, mientras los reclamos de otros países por desaparecidos extranjeros llegaban por vía diplomática. El 16 de diciembre una manifestación masiva, convocada por la junta multisectorial, fue reprimida por la policía, causando la muerte de un manifestante.

Al mismo tiempo, los cuestionamientos de la Armada y la Fuerza Aérea llevaron al ejército a nombrar al general retirado Benjamín Rattenbach para investigar la gestión del gobierno acerca de la guerra de Malvinas.

El 28 de abril de 1983, tras haberse fijado la fecha de las elecciones para octubre, Bignone dictó el decreto 2726/83, ordenando la destrucción de la documentación existente sobre la detención, tortura y asesinato de los desaparecidos, así como del Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo que dictamina la muerte de los desaparecidos.

El 23 de septiembre avanzaría en el proceso de eliminación de los antecedentes del gobierno dictando la ley 22.924 de Amnistía o de Pacificación Nacional para los miembros de las fuerzas armadas sobre todos los actos cometidos en la guerra contra la subversión. El Congreso declararía luego la nulidad de esta ley, pero la pérdida de los registros fue irreparable. Los descubrimientos en la Base Naval Almirante Zar, en 2006, de espionaje a civiles, revela que muchos archivos que dicen haberse destruido, siguen existiendo.

El 30 de octubre se celebraron finalmente elecciones, en las que resultó triunfador Alfonsín, el candidato de la Unión Cívica Radical, con el 52% de los votos. Tras la constitución del nuevo Congreso el 29 de noviembre y la asunción de Alfonsín el 10 de diciembre, Bignone sería juzgado por el tribunal convocado para dictaminar la responsabilidad de las juntas militares. Se le imputaron secuestros, torturas y asesinatos cometidos durante su comandancia del campo de concentración de Campo de Mayo; encontrado culpable, fue liberado sin embargo debido a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en 1986.

En 1999, tras la reapertura de las causas por secuestro de menores, Bignone fue puesto de nuevo a disposición de la justicia. Debido a su avanzada edad, se encuentra en arresto domiciliario.