La rebelión de los comuneros en el Paraguay

Antecedentes

A comienzos del siglo XVII el fraile Luis de Bolaños había fundado siete pueblos en los territorios comprendidos entre los ríos Paraguay y Uruguay. Bajo la dirección de los sacerdotes de la “Compañía de Jesús” y con un trabajo muy bien organizado con los indios, en poco tiempo,  se alcanzó un bienestar social y económico. Sin embargo la burguesía, los encomenderos  y los mercaderes de Asunción, se sintieron amenazada y hostigaban a la Compañía de Jesús, por considerar que las reducciones ocupaban la mejor parte del suelo paraguayo y que su presencia, impedía que se explotaran a los indios usándolos como mano de obra barata.

En 1717 los colonos, sintiéndose resentidos por la dureza del gobernador del Paraguay, Diego de los Reyes Balmaceda se alzaron en su contra. Lo acusaban de defender los intereses económicos de los propietarios de tierras y encomiendas, de los regidores del Cabildo, los comerciantes e ilustrados vecinos criollos de la provincia, afectados por la agobiante competencia de los jesuitas.

Desataron entonces una guerra contra los payaguá (eran conocidos como “los piratas del río Paraguay”) y los atacaron en sus tolderías como escarmiento por los constantes ataques y pillajes que éstos cometían en el tráfico fluvial, causando víctimas y pérdidas comerciales. Probablemente lo que más molestaba a los colonos, era la entrega de los prisioneros payaguá a los jesuitas, en vez de entregárselos a ellos para aumentar sus encomiendas.

Pero como el gobernador no gozaba de la simpatía de los vecinos ni del Cabildo de Asunción, aprovechó la ocasión para vengarse de algunos de ellos y encabezó una violenta represión  que produjo muchos muertos entre los rebeldes y la pèrdida de sus propiedades a otros tantos, dando origen, con su actitud, a una de las primeras contiendas acaecidas en América en la primera mitad del siglo XVIII.

En 1721, ante la desobediencia de Balmaceda a las órdenes del virrey del Perú, Garcia Miranda, que lo había llamado para que rindiera cuentas de los disturbios que se producían en Asunción, la Audiencia de Charcas envió a José de Antequera y Castro como “Juez Pesquisador”, para investigar las denuncias. Como resultado de la investigación, Antequera y Castro separó a Reyes de Balmaceda, acusándolo de haber sido culpable de la revolución que se había producido en los territorios de su gobernación y con los votos del municipio o “común” y asumió como gobernador.

Pronto, Antequera se puso a avor de los indígenas e inició una violenta campaña en defensa del derecho natural del pueblo para elegir a sus gobernantes y en contra de toda aquella autoridad que le fuera impuesta “como servidumbre tiránica”.  Armó un poderoso ejército para defender sus ideas y persiguió a los jesuitas que eran partidarios de la corona española. Después de enfrentarse con los españoles y de vencerlos en la batalla de “Tebicuary”,  atacó diversas poblaciones que no reconocían su autoridad (ver “Batalla de Tebicuary” en Crónicas).

El conflicto se agudizó por la intervención de los jesuitas, pero Antequera los expulsó de Asunción e invadió las “misiones”, actitudes que en España consideraron como actos hostiles para con la corona y se dispuso no reconocer como válido el autonombramiento de Antequeda como gobernador de Asunción. El pueblo de Asunción, encabezado por el Cabildo, resistió la orden del virrey del Perú, que destituía del cargo a “su” Gobernador José de Antequera y Castro y eso dio origen a la que fue la Primera rebelión de los comuneros.

Primera rebelión de los comuneros

Finalmente, en marzo de 1731 se produjo en Asunción, un hecho que preanunciaba lo que la Historia conoce como “Rebelión de los comuneros” y que en realidad no fue la “primera rebelión que los involucraba (ver “Primera tentativa de rebelión en el Río de la Plata).  Fue en esa fecha cuando, el pueblo de Corrientes, encabezado por el Cabildo, resistió la orden del virrey del Perú, que destituía del cargo a “su” Gobernador José de Antequera y Castro. El conflicto se agudizó por la intervención de los jesuitas, pero Antequera los expulsó de Asunción e invadió las “misiones”.

Cumpliendo órdenes del virrey del Perú, el gobernador de Buenos Aires, Bruno de Zabala, se dirigió al Paraguay al mando de un poderoso ejército con la orden de detener a Antequera y luego de vencerlo en batalla en Chuquisaca, entró en Asunción y nombró Gobernador a Martín de Barúa. Ante la imposibilidad de ofrecer resistencia, Antequera huyó a Córdoba y permaneció allí un tiempo, hasta que se presentó ante la Audiencia de Charcas para pedir protección, pero fue hecho prisionero y enviado a Lima.

Estando en la cárcel, Antequera conoció al abogado Fernando de Mopox y Zayas, y lo convenció de la justicia de sus ideales democráticos. Cuando en 1730 Mopox escapó de su cautiverio, recogió las “banderas libertarias” de Antequera y se dirigió a Asunción con el firme propósito de hacer triunfar las ideas de su malogrado amigo.

Mopox reorganizó con el nombre de “comuneros” a los partidarios de Antequera y con el apoyo del Cabildo, logró deponer al Gobernador y a impulsos de su prédica, el “común de Asunción” vuelve a desobedecer al Virrey en todas las órdenes que de él emanan, disponiendo no aceptar la autoridad de quien se le imponga como gobernador, decidiendo nombrar en cambio para el cargo, a quien resulte electo por el voto popular, impidiendo, incluso por medio de la fuerza, la llegada de un nuevo mandatario enviado por las autoridades españolas.

Contemporáneamente con estos sucesos, estando Antequera todavía prisionero en Lima, se le inició un proceso por su actuación en el Paraguay y encontrándoselo culpable de sedición, fue condenado a muerte y ejecutado el 3 de julio de 1731, junto con su segundo Juan de Mena, acto que provocó graves incidentes en varias poblaciones del virreinato.

Intentando conciliar en forma pacífica el diferendo con Mopox y sus seguidores, el Gobernador Zavala, con la intervención mediadora del Obispo de Buenos Aires, fray Juan de Arregui, les ofreció a los rebeldes una total amnistía, pero en noviembre de 1731, aceptados los términos de ésta y habiendo abandonado los comuneros su actitud, Mopox traicionado por el alcalde Barreiro, fue apresado y remitido a Buenos Aires y sus seguidores fueron objeto de crueles represalias. Los líderes fueron condenados a cumplir trabajos forzados en guarniciones y fuertes fronterizos, sufriendo penurias que nunca fueron olvidadas por los correntinos.

Desde Buenos Aires Mopox fue enviado a Lima para iniciarle allí proceso, pero en el camino, antes de llegar a Cuyo, fue liberado por un grupo de sus partidarios. Se dirigió entonces a Colonia del Sacramento (en esa época en poder de los portugueses) y desde allí se dirigió a Río de Janeiro, ignorándose a partir de entonces lo que fue de él.

Segunda rebelión de los comuneros

El movimiento de los “comuneros” del Paraguay, tuvo luego sus ramificaciones en Corrientes. En marzo de 1732 el Gobernador del Río de la Plata Bruno Mauricio de Zavala, que el año anterior, cumpliendo órdenes del Virrey, había hecho detener para enviar al Perú al Gobernador del Paraguay,  José de Antequeda y Castro (quien fue luego ajusticiado), dispuso la conscripción militar obligatoria de los ciudadanos correntinos, conocida como “Señorío del Común” y le ordenó al Teniente Gobernador de Corrientes que reclutara doscientos hombres para reforzar a los guaraníes que se encontraban apostados para reprimir a los “comuneros de Asunción que se habían alzado contra el reemplazo de su Gobernador Antequera. Negándose a luchar contra sus pares, los correntinos llevaron a cabo una revuelta en Itatí, tomando prisionero al Teniente Gobernador Jerónimo Fernández. El Cabildo de Corrientes apoyó a los “comuneros”, asumió el Gobierno y designó un Comandante militar para sus fuerzas.

Graves castigos para los “comuneros”. Intentando que estas actitudes de rebeldía no volvieran a producirse, Zabala dispuso rigurosas medidas y castigos ejemplares para los rebelados: condena a muerte por horca y descuartizamiento de varios comuneros y el destierro con la confiscación de sus bienes a otros rebeldes. La cesantía de los corregidores del Cabildo vinculados con los comuneros, ocupando los cargos vacantes con partidarios del Virrey. La prohibición absoluta de reunión o junta de personas en cualquier lugar de la provincia, bajo pena de ser declaradas conspiradoras y condenadas a la pena capital y pérdida de bienes. La obligación de todas las personas de cualquier sexo, calidad o estado, de acatar, respetar y reverenciar las órdenes reales, con advertencia de severos castigos y finalmente, dispuso que la declaración de la “Real Provisión del 12 de setiembre de 1537” ya no estaba en vigencia y que su uso había sido ilícito, pues no se hallaba inserta en la “Recopilación de 1680”.

Los comuneros se alzaron nuevamente y en un encuentro en Guayaibity (Pirayú) fue muerto Manuel Agustín Ruiloba, por lo que, desde Buenos Aires, tuvo que venir por segunda vez Bruno Mauricio de Zabala, quien los venció en Tavapy en 1735.

Tercera rebelión de los comuneros

En 1764, los correntinos se enfrentaron nuevamente con las autoridades de Buenos Aires. Esta vez fue contra el poderoso Gobernador Pedro de Cevallos, que, estando exhaustos por los servicios militares que se los obligaba a prestar contra los indígenas y en otras misiones con intolerables exigencias. Se les ordenó que acompañaran la expedición que marcharía para abrir un camino que uniera la ciudad de Corrientes con Tucumán, pero al ser ésta desviada por los difíciles y arriesgadas condiciones que imponía el trabajo, se les ordenó que se pusieran a disposición de los jesuitas para apoyar el bloqueo que estaban manteniendo sobre Colonia del Sacramento que estaba en manos de Portugal.

Los “comuneros” no aguantaron más y desertaron en masa. El Cabildo de Corrientes, que ya venía haciendo repetidas presentaciones ante el Gobernador de Buenos Aires, quejándose del mal trato y de las inhumanas condiciones a las que eran sometidos sus vecinos, cuando Cevallos, ante la deserción producida, simplemente pidió nuevos hombres para reemplazarlos, reaccionó con energía y convocó a un Cabildo Abierto y éste decidió suspender al Teniente Gobernador por no interponer sus oficios para que cesara este maltrato y comunicó su decisión a Ceballos.

Éste ni siquiera respondió, pero poco después dispuso el encarcelamiento de algunos ciudadanos y la ejecución de otros y a fin de imponer su absoluta autoridad, designó a un partidario de los jesuitas, Manuel de Riviera y Miranda como teniente gobernador de Corrientes. El 29 de octubre de 1764, el pueblo de Corrientes reaccionó violentamente contra Ceballos; capturaron y encarcelaron al nuevo funcionario, poniendo al Cabildo en su lugar hasta que pudiera establecerse un gobierno comunal bajo a la dirección de José González de Alderete. Así se hizo y en noviembre de 1764; éste asumió el cargo y continuó hasta abril de 1765, oportunidad en que el teniente coronel Peter Murphy, un militar de origen irlandés, enviado por Ceballos, hizo su aparición en Corrientes y exigió su renuncia. Trescientos sesenta “comuneros” armados salieron a su encuentro y pacíficamente bajaron sus armas, en clara demostración de que no deseaban derramar sangre.

A continuación, tuvo lugar un largo proceso que fue presidido por Juan Manuel de Labardén que dispuso la ejecución de trece de los líderes correntinos y el exilio de más de cincuenta de ellos.

En 1766, la llegada de Bucareli para ocupar el lugar de Cevallos como Gobernador del Río de la Plata, tuvo como consecuencia la anulación de todas estas sentencias, fundamentándose en que las pruebas habían sido falsas. Las acciones llevadas a cabo por los comuneros de Corrientes señalan muy claramente las irreconciliables diferencias existentes entre los comuneros criollos que defendían lo que ellos creían que eran derechos heredados en virtud de los principios que la ley y la costumbre sancionaban y los funcionarios borbones quienes consideraban que dichas acciones constituían rebeldía frente a la autoridad y que debían ser reprimidas sin piedad alguna antes de que aquéllas establecieran un antecedente que acabara con la autoridad, la ley y el orden que sólo ellos podían disponer.

Muchos historiadores argentinos también señalan que las confrontaciones de los comuneros constituyeron una clara prueba del revolucionario espíritu de independencia existente en el del Plata, aun con anterioridad a la creación del virreinato.

Consecuencias

Los trágicos resultados de la “rebelión de los comunes” del siglo XVIII se proyectaron por muchos años. A las drásticas medidas dictadas por Bruno Mauricio de Zabala, en 1739, se sumó el mandato de la Audiencia de Charcas de restaurar el “Puerto Preciso de Santa Fe”, con lo que las embarcaciones paraguayas eran obligadas a desembarcar a mitad de camino y los comerciantes eran agobiados con altos impuestos y obligados a transportar las mercaderías en carretas desde Santa Fe hasta Buenos Aires.

En octubre de 1777, Carlos III dispuso la creación del Virreinato del Río de la Plata, que comprendía los territorios de Buenos Aires, Paraguay, Tucumán, Potosi, Santa Cruz de la Sierra, Charcas y Cuyo, con la finalidad de dividir el Virreinato del Perú y facilitar la gobernabilidad de sus posesiones en América.