El 19 de julio de 2007 lanzó oficialmente la candidatura presidencial de Cristina Fernandez de Kirchner para las elecciones presidenciales de Argentina de 2007, el acto se realizó en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata,  su nombre ya había sido mencionado en  repetidas ocasiones  como «cuadro político presidenciable» por varios miembros del Partido Justicialista y del gabinete del Gobierno kirchnerista.

El 28 de octubre , Cristina se consagra ganadora en primera vuelta con el 45,29 % de los votos positivos obteniendo uno de los más holgados márgenes de ventaja desde el retorno de la democracia en 1983, sucediendo el 10 de diciembre a su esposo Néstor Kirchner, quien había desempeñado el cargo hasta esa fecha.

Una de las primeras medidas adoptadas por la presidenta fue la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, designando para el cargo a Lino Barañao, un reconocido biólogo molecular, también desde el comienzo de su Gobierno se instalaron, principalmente en Tierra del Fuego, decenas de fábricas de productos electrónicos complejos como celulares y computadoras de marca nacional.

Los técnicos tanto de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales como de la Comisión Nacional de Energía Atómica recibieron un aumento sostenido de presupuesto y sueldos y se reinició el proyecto espacial argentino con el logro de la puesta en órbita del SAC-D en 2011 construido casi en su totalidad por INVAP, también se acrecentaron las transferencias de presupuesto nacional hacia los investigadores del CONICET se multiplicaron  varias veces convitiendose en una  política de Estado, junto con un programa especial de repatriación, permitió que cientos de científicos e investigadores regresaran al país con el plan RAICES.

Otro logro tecnológico durante su Gobierno fue la producción nacional de radares militares y civiles para control del tráfico aéreo y control del narcotráfico construidos en su totalidad por INVAP. En esta área también sobresale la creación, a mediados del 2011, de Tecnópolis, una mega muestra ubicada en Villa Martelli y el Polo Científico Tecnológico en Palermo.

Nacionalización de Aerolíneas Argentinas

En 2008, por iniciativa de la presidenta, el Estado adquirió el paquete accionario de las privatizadas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, recuperando de esa manera el país su  línea de bandera y en 2009 se reestatizó la histórica Fábrica Argentina de Aviones, privatizada por Carlos Menem en 1995, ubicada en Córdoba.

Política Social y Estatizacion de ANSES

El 21 de octubre de 2008, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que elevaba un proyecto al Congreso para poner fin al sistema de AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) y organizar un nuevo sistema de reparto estatal de jubilaciones y pensiones, esta decisión se fundamentaba en el hecho de que la Constitución Argentina (Artículo 14 bis) ordena que la seguridad social sea otorgada por el Estado y en la poca eficiencia del sistema privado, una vez que era el mismo Estado quien ya pagaba, en ese momento y en la práctica, la mayor parte de las jubilaciones.

Cristina Fernández de Kirchner en Wall Street, junto a Amado Boudou, entonces titular de la Ansés y luego vicepresidente de la Nación, pese a la amenaza por parte del representante de las AFJP, quien aseguraba que recurriría a «todas las acciones que sean necesarias para proteger a los afiliados» y la existencia de posteriores excepciones (en casos puntuales) al traspaso de los fondos a la ANSES que se tramitaron en la justicia, el proyecto fue enviado para su apreciación en la Cámara de Diputados, siendo aprobado por esta cámara el 7 de noviembre de 2008, por 160 votos afirmativos, 75 negativos y dos abstenciones.

Tras su aprobación en Diputados, el proyecto fue encaminado al Senado, donde se sometió a votación en la noche del 19 de noviembre del mismo año, siendo sancionado por una amplia mayoría de 46 votos afirmativos, contra 18 negativos y una abstención. Con esta sanción por parte de Senado, el proyecto se convertía entonces en la Ley 26.425, que estatizaba el sistema provisional y ponía fin a las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones). Esta Ley entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina el 9 de diciembre de 2008.

El 28 de octubre de 2009, mediante el Decreto 1602/09, la presidenta creó la Asignación Universal por Hijo, que consiste en una transferencia que el Estado hace a los padres por cada hijo de entre 12 semanas de gestación y los 18 años. Los padres deben acreditar estar desocupados u ocupados en la economía informal, además deben ganar como máximo el salario mínimo y acreditar el plan de vacunación obligatorio hasta los 4 años de edad y el
cumplimiento de la educación obligatoria desde los 5 años de edad y hasta los 18 años. Esta medida es progresiva desde el punto de vista de la distribución de la renta, y posicionó a Argentina como el país con mejor y más amplia seguridad social de Latinoamérica.

En 2010, la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) inició el plan Conectar Igualdad de entrega y puesta en funcionamiento de tres millones de netbooks con acceso a Internet a todas los alumnos de públicas primarias y secundarias del país.

De acuerdo con un informe de la ANSES publicado a mediados de 2011, el capital del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se había duplicado desde la estatización de las AFJP y el fondo para resguardar el pago de jubilaciones superó los 200.000 millones de pesos.

La cifra es más del doble de lo que habían acumulado las AFJP cuando dejaron de operar en diciembre de 2008. Catorce años de administración privada de los aportes previsionales concluyeron con un saldo de 98.224 millones de pesos, mientras que, en menos de dos años, el Estado logró más que duplicar ese monto, que en aquel momento llegó a 201.027 millones de pesos.

La estatización de todos los fondos jubilatorios y la moratoria previsional que creó el Gobierno, incorporó a más de dos millones y medio de personas lo que acompañado de dos aumentos anuales por ley, generaron una redistribución hacia sectores de bajos ingresos y colocó a Argentina en el primer lugar de América Latina en cobertura previsional. Desde el Gobierno del expresidente Néstor Kirchner en 2003 hasta agosto del 2012, el  aumento para los jubilados fue del 1253 %.
Respecto a la construcción de viviendas sociales, a septiembre de 2011 se concluyeron en todo el país más de 630 000 soluciones habitacionales que benefician alrededor de 2,8 millones de personas. Los planes más importantes son el Programa Federal de Construcción de Viviendas con más de 166000 viviendas, el Fondo Nacional de la Vivienda con más de 160000, y el Programa Federal Mejor Vivir con más de 75000.
En 2006 bajo la presidencia del presidente Kirchner se creó el Plan de Asistencia para Situaciones de Alto Riesgo, que implica asistencia 100 % para enfermos oncológicos, VIH, hemofílicos, entre otras enfermedades, pasando la cantidad de beneficiarios de 20000 a 150000. La cantidad de solicitudes para el programa alimentario Pro Bienestar ―jubilados que piden asistencia alimentaria― se mantuvo estable desde 2004 en alrededor de 400000 jubilados, lo que implica que no hubo desmejoramiento en el poder adquisitivo de la población jubilada. Las pensiones no contributivas pasaron de 0,18 millones de beneficiarios (en 2003) a 1,3 millones (en 2012). Se crearon 741 centros integradores comunitarios  y el Plan Ahí, de asistencia social en los barrios considerados núcleos duros de pobreza.

Política Ambiental

La política ambiental del Gobierno de Cristina Kirchner tuvo básicamente como ejes la reglamentación de las leyes de bosques en 2007 , la sanción de la ley de glaciares en 2010 y la ley extranjerización de la tierra 2n 2011 . La ley de glaciares sancionada en 2008 fue vetada por la  presidenta aduciendo que las actividades que ordenaba dicha ley, al disponer sobre recursos provinciales, excedía el alcance de las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Politica de Derechos Humanos y civiles

La política de derechos humanos de Néstor y Cristina Kirchner, ha sido uno de los aspectos centrales de sus presidencias. La misma, en general, contó con un abierto apoyo de varias organizaciones de derechos humanos  como las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, e inversamente ha sido objeto de fuertes críticas por parte de las asociaciones que defienden el accionar de las fuerzas armadas durante la dictadura.
Durante su presidencia, Cristina continuó con la política de derechos humanos del presidente Néstor Kirchner (2003-2007), que se había caracterizado por promover la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y los indultos de los noventa, que impidieron juzgar a los autores de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983).
En lo que respecta a los pueblos originarios, desde 2007 se relevaron 3,5 millones de hectáreas de 18 Provincias correspondientes a 310 comunidades.
Durante el Gobierno de Cristina Kirchner, varios altos funcionarios pertenecientes al último golpe de Estado, fueron juzgados y condenados en distintas provincias por crímenes contra la humanidad.
En su gestión, Cristina Fernández impulsó cambios en temas relacionados a los derechos personalísimos, durante el año 2010 se modificó la legislación sobre matrimonio civil permitiendo que personas del mismo sexo puedan casarse y adoptar. En dicho año Argentina se convirtió en el segundo país de América en tener este derecho y el décimo en el mundo.
Según un informe de 2011 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la pobreza se ubicaba en 5,7 %, lo que significa una reducción significativa desde los 33,8 puntos porcentuales de pobreza que había al iniciar su mandato, ubicándose como la más baja en América Latina, por delante de Uruguay (6,7 %). La indigencia disminuyó del 7,2 al 1,9 %, siendo la segunda más baja de la región, además, según informes del Banco Mundial, entre 2003 y 2009 Argentina duplicó su clase media, pasando de 9,3 millones a 18,6 millones de personas, casi la mitad de la población.

La Crisis del campo

El 11 de marzo de 2008, en un contexto de fuerte aumento nacional e internacional del precio de los alimentos, influenciados por los movimientos especulativos en los mercados de materias primas de los Estados Unidos en los momentos previos a la declaración abierta de la crisis económica de 2008-2009, el ministro de Economía, Martín Lousteau, anunció un nuevo sistema de retenciones móviles a las exportaciones de cuatro productos y sus derivados: soja, girasol, maíz y trigo. Esta medida tenía como objetivo atenuar las oscilaciones bruscas de los precios internacionales, combatir la llamada sojización del campo argentino y preservar la «política de dólar alto», adicionalmente se anunciaron incentivos para la industria lechera y una mesa de negociación para el sector de la carne bovina.
La medida significó, en lo inmediato, un incremento del 35 % al 44,1 % en promedio de la tasa de retención sobre la soja, un incremento del 32 % al 39,1 % para el girasol y reducción sobre las alícuotas al maíz del 25 % al 24,2 % y del trigo del 28 % al 27,2 % en promedio.210 211
La Resolución 125 fue rechazada por las cuatro organizaciones que reúnen al sector empleador de la producción agro-ganadera en la Argentina, las que, a partir del 13 de marzo de 2008, declararon un paro patronal (lockout) con bloqueos de rutas, que se extendería durante 129 días. 
En lo político el «campo» ―como lo definieron varios medios de comunicación― era un conjunto heterogéneo con sectores históricamente enfrentados, como la Federación Agraria Argentina (que representa a los pequeños y medianos productores) y la Sociedad Rural Argentina (que representa a los terratenientes o las clases altas porteñas) y militantes trotskistas y asimismo se incluyeron  sectores políticos relegados durante las elecciones de 2007.
El conflicto se agravó el 25 de marzo, cuando las patronales agroganaderas decidieron que el paro fuera «por tiempo indeterminado», hasta que el Gobierno dejara sin efecto el incremento dispuesto, y la presidenta Cristina Kirchner declaró que no negociaría hasta que el lock out fuera levantado, este  paro afectó el comercio nacional e internacional, principalmente de alimentos y el abastecimiento de las ciudades.
El agravamiento del conflicto llevó a que miles de manifestantes en todo el país salieran a las calles tanto para oponerse como para apoyar las medidas del Gobierno. En el curso de las manifestaciones se produjeron enfrentamientos entre partidarios de ambas posiciones.
El sistema de retenciones móviles fue modificado en tres oportunidades. En la primera, se corrigieron los defectos en las tablas de aplicación de porcentajes ya que «destruían» el mercado de futuros. En la segunda modificación se dispuso el reintegro de retenciones a los pequeños productores y, finalmente, se eliminaron las tasas marginales más altas que llegaban al 95 % de retención en caso de una subida «extrema» del precio.
Ante tanta presión  el ministro de economía  Lousteau renunció, asimismo el Gobierno decidió mantener vigente la medida a pesar de la renuncia de su autor.
El 17 de junio la presidenta Cristina envió al Congreso un proyecto de ley sobre las retenciones a las exportaciones de granos y las compensaciones a los pequeños productores, con el fin de que sea el Poder Legislativo el que resuelva en definitiva la situación. En la madrugada del 17 de julio, la Cámara de Senadores, en una votación que debió ser desempatada por el vicepresidente de la Nación, rechazó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que había sido previamente aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados. El 18 de julio la presidenta de la Nación ordenó dejar sin efecto la Resolución 125/08, luego de lo cual uno de los dirigentes ruralistas dio por terminado el conflicto.

Situación del vicepresidente Cobos

El voto de desempate del entonces vicepresidente Julio Cobos en contra del proyecto de retenciones a las exportaciones agropecuarias de la presidenta, que causó el rechazo del mismo por el Congreso, llevó a una ruptura entre ambos y a un realineamiento político de un sector de los llamados radicales K, liderados por el primero, que se ubicó en la oposición mismo sin dejar de ocupar el cargo de vicepresidente.
Pocos días antes, Elisa Carrió ―una de las principales dirigentes de la oposición― había acusado a Cobos de formar parte de una conspiración golpista contra la presidenta Fernández, junto con el expresidente Eduardo Duhalde.

El hecho produjo una situación anómala, porque por un lado Cobos se ubicó como uno de los principales referentes de la oposición al Gobierno del Cristina Kirchner, pero por otro lado, en su condición de vicepresidente, debía reemplazar a la presidenta cada vez que esta se ausentaba del país, encontrándose en condiciones de tomar en ese caso medidas contrarias a la línea política marcada por la titular del Poder Ejecutivo. Esta última situación se produjo el 21 de septiembre de 2008, cuando Julio Cobos, en ejercicio de la presidencia de la Nación a causa del viaje de la presidenta a Nueva York, recibió al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, uno de los líderes opositores, y transmitió al jefe de Gabinete un reclamo financiero de Macri, con el que la presidenta discrepaba.
Otro caso similar se produjo en ocasión de la sanción del proyecto de ley presentado por la presidenta Fernández, reestatizando el sistema de jubilaciones y pensiones que había privatizado el presidente Carlos Menem. El proyecto fue aprobado en ambas cámaras del Congreso y, en noviembre de 2008, al momento de ser promulgado como ley por el Poder Ejecutivo, la presidenta se encontraba realizando una gira por África del Norte, razón por la cual estaba siendo reemplazada por el vicepresidente Cobos. En esa circunstancia, el partido PRO (macrismo) le pidió a Cobos que vetara la ley de la presidenta sancionada por el Congreso.

Esta situación, que permitía al vicepresidente dejar sin efecto decisiones tomadas por la presidenta, o tomar decisiones que la presidenta desaprobaba, generó un debate entre políticos, periodistas y especialistas. Algunos han sostenido que, por razones morales, el vicepresidente debía renunciar. Otros han reflexionado que la Constitución Nacional no prohíbe que el vicepresidente realice actos opuestos al presidente, y que por lo tanto está habilitado para hacerlo.

El paro de las patronales agropecuarias de 2008 y la derogación del sistema de retenciones móviles por el Congreso, significaron una importante caída de la imagen de Cristina Kirchner, sobre todo entre los sectores medios y altos. Debido a ello, al finalizar el conflicto, algunos medios de comunicación y políticos opositores sostuvieron que el kirchnerismo era «un cadáver político al que solamente faltaba ponerle fecha de entierro».
Pasados unos meses y ya iniciada la crisis económica mundial de 2008, también la oposición habría alcanzado altas tasas de imagen negativa.
 A pesar de la caída de su imagen positiva, a fines de noviembre de 2008, Cristina era la candidata preferida por los argentinos ―según una encuesta realizada por Canal 26 en su página web― en la cual figura con el 32,43 % de las preferencias, seguida por Elisa Carrió con 23,67 % y Mauricio Macri con el 23,39 %.
En febrero de 2009 la imagen negativa de la presidenta creció del 39 % al 41 %, mientras que la imagen positiva se mantuvo sin cambios en un 29 %.222 La encuesta fue realizada telefónicamente sobre una muestra de 1000 casos, entre el 3 y el 12 de febrero de 2009. La evolución se produjo en el contexto de la fuerte recesión global, lo que acarreó un enfriamiento de la actividad económica.
Un sondeo de la encuestadora CEOP publicado en noviembre de 2009 ubicaba la imagen positiva de la presidenta entre el 46 % y el 52 %. En marzo de 2011, una encuesta de Ipsos-Mora y Araujo ―publicada en los diarios Perfi  y El Mundo (Madrid)―  ubicó a Cristina Fernández con un 64 % de imagen positiva.
En 2009, Fernández de Kirchner fue considerada por la revista Forbes como la undécima entre las cien mujeres más poderosas del mundo. Ascendió dos posiciones más con respecto al año anterior, 2008. En 2010 cayó al puesto número 68 en dicho ránking.  En 2011 ascendió al puesto 17 y en 2012 volvió a ascender al puesto 16 de la misma publicación.

El 10 de octubre de 2009 se debatió y aprobó por sectores oficialistas y opositores la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que reemplaza a la antigua Ley de Radiodifusión 22.285 creada por la última dictadura, este proyecto de ley había sido una de las plataformas electorales de ambos Gobiernos kirchneristas. Poco después de sancionada la ley, se suspendió judicialmente la aplicación de la ley por presion de los medios dominantes y principalmete el diaro Clarin el cual poseia mas de 200 licencias en todo el pais y el limite por la nueva ley es de 24 ; tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, la ley entró completamente en vigor el 29 de octubre de 2013 y como consecuencia de la ley, se concedieron 1000 nuevas licencias de radio y televisión, y ha creado cerca de 100 000 puestos de trabajo.

Argentina se encuentra en plena migración hacia la televisión digital abierta y esto, junto a la nueva ley de medios audiovisuales, dio como resultado la multiplicación de la cantidad de señales audiovisuales y espacios relacionados a la creación estatal de contenido y demás, principalmente en el interior del país, donde todavía se consumen productos de la televisión de Buenos Aires.

Otros aspectos que resaltan son la aparición de varios nuevos diarios de tirada nacional y la despenalización de las calumnias e injurias para expresiones de interés público, tema vinculado a la libertad de expresión y la libertad de prensa.

En 2009 el Estado Nacional adquirió los derechos de televisación del fútbol de Primera División y creó el programa Fútbol Para Todos, permitiendo la transmisión por televisión abierta de todos los encuentros y posteriormente en 2011 la presidenta, a través del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, firmó un convenio por el cual se liberó la transmisión de todos los eventos deportivos de interés masivo. Entre los eventos acordados se destacan la participación argentina en campeonatos mundiales, olímpicos y panamericanos, todas las instancias finales de esos torneos, torneos de fútbol organizados por la Confederación Sudamericana, encuentros de fútbol de Nacional B, Torneo Federal A, Torneo Federal B y Torneo Federal C, donde el equipo participante tenga relevancia local o nacional, Turismo Carretera, TC2000 y Top Race, Liga Nacional de Básquet y los torneos locales de rugby y vóley, para la zona donde el equipo tenga relevancia.

El 14 de diciembre de 2009, Cristina Fernández creó el Fondo del Bicentenario, un fondo especial para garantizar el pago de los intereses de la deuda externa, creado mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 2010/2009. La intención de la presidenta Fernández fue recurrir a fondos de baja tasa de interés, con el fin de reducir la carga financiera sobre el tesoro nacional y promover la recuperación económica luego de la Crisis económica global de 2008-2009.

Algunos partidos opositores criticaron la decisión, defendiendo la «independencia» o la autonomía del Banco Central, y actuaron en el Congreso Nacional y el Poder Judicial con el fin de dejar sin efecto la medida, dando lugar a un fuerte enfrentamiento entre los tres poderes del país. Adicionalmente, el presidente del Banco Central, Martín Redrado, decidió por su parte no cumplir con el DNU que creó el fondo, originando una seria confrontación con el Poder Ejecutivo Nacional.   

Ante la demora en la implementación del fondo, el  7 de enero de 2010, la Presidenta firmó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 18/2010, para destituirlo como presidente del BCRA por incumplimiento y fraude de los deberes de funcionario público. Para ello, la Presidenta de la Nación convocó de urgencia a todos los ministros que integran el Gabinete Nacional, los cuales refrendaron dicho decreto de necesidad y urgencia. El 29 de enero de 2010, Redrado presentó su renuncia como presidente del Banco Central de la República Argentina,  pero el jefe de gabinete Aníbal Fernández, aseguró que la presidenta no se la aceptaría.

El 3 de febrero de 2010 la destitución de Redrado fue confirmada por una comisión bicameral del Congreso y asumió en su lugar Mercedes Marcó del Pont y finalmente la presidenta derogó el decreto de creación del Fondo del Bicentenario, que fue luego declarado nulo por el Congreso, y mediante otro DNU creó otro fondo similar llamado Fondo del Desendeudamiento.

El 16 de noviembre de 2011, el Gobierno Nacional ―a través de una conferencia de prensa encabezada por el entonces ministro de Economía Amado Boudou y el Ministro de Planificación Federal Julio De Vido― anunció la quita de subsidios a los consumos en agua, electricidad y gas a los barrios de ingresos altos del país.
Esta  medida fue recibida de manera crítica por los principales medios informativos y opositores al Gobierno nacional ,pues según los mismos, la quita de subsidios no tiene que ver con mejorar la distribución de la renta, sino con mejorar las cuentas fiscales.

La aplicación de subsidios había sido impuesta de manera gradual durante la presidencia de Néstor Kirchner, como parte de un plan para aumentar de manera indirecta el salario real. Pero ya desde el comienzo de la presidencia de Cristina Kirchner las transferencias hacia los sectores medios y altos comenzó a tener fuertes críticas, incluidos los mismos medios que luego criticaron la quita de dichas transferencias.
La cuenta fiscal de 2011 destinada a la Asignación Universal por Hijo fue de algo más de 10.000 millones de pesos. Mientras que en 2010 el Estado Nacional erogó en subsidios al consumo más de 40000 millones, de los cuales alrededor de 16000 millones fueron a bolsillos de sectores medios y altos.

Según Javier González Fraga, en 2008 un millón de familias del Gran Buenos Aires con ingresos superiores a los 6000 pesos recibió transferencias por 750 pesos mensuales en concepto de tarifas baratas. Como las transferencias desde el sector público a los privados puede ser visto como un impuesto negativo, la progresividad en los subsidios se da a la inversa que en los impuestos: se debe transferir más a los de menor ingreso. De transferirse en igual proporción tanto a ingresos bajos como a ingresos altos, la transferencia se hace regresiva respecto a la renta.  Este fue el argumento del Gobierno para retirar subsidios a quienes pueden pagarlo.
A raíz de las críticas surgidas por la medida, el Gobierno implementó un sistema de renuncia voluntaria, que también fue criticado por medios opositores.