Gabinete de Guido

El presidente Guido nombró en su gabinete a ex ministros de Frondizi: Rodolfo Martínez pasó a ocupar el Ministerio del Interior y Oscar Puiggrós conservó la cartera de Trabajo. El Ministerio de Economía fue asumido por el conservador Federico Pinedo y el de Relaciones Exteriores lo ocupó Mariano J. Drago, un civil allegado a los militares ultraliberales. El ministro del Interior puso a consideración del presidente un plan de nueve puntos, reclamando “un amplio margen de maniobra para el gobierno”. Martínez ponía el acento sobre la continuidad y pedía que se respetaran las instituciones provinciales y el Congreso. Se preveía la convocatoria a elecciones libres previa sanción de un estatuto de los partidos políticos. Respecto de la cuestión peronista -el mayor problema-, el ministro se situaba en la línea del frondizismo, postulando una política de conciliación, que integrara progresivamente a los peronistas a la vida política. En esto coincidía con la UCRI y algunos miembros de la UCRP, que anteponían la preservación de las instituciones a su antiperonismo. Sin embargo, los grandes grupos económicos, algunos órganos de prensa importantes y los sectores de clase media favorecían una actitud firme frente al peronismo. 
En ese contexto, los militares consideraron la posibilidad de establecer una dictadura. El Estado Mayor de Coordinación dio difusión interna, a comienzos de abril, a un documento secreto que analizaba la cuestión, llegando a la conclusión de que esa solución era imposible. Además del peligro que significaba la politización del ejército, se hacía hincapié en la supuesta reacción adversa de Estados Unidos. Los militares legalistas dieron al mencionado estudio gran propagación.  No obstante, los jefes golpistas impusieron la anulación de las elecciones y la intervención federal a las provincias. El ministro del Interior se negó a suscribir los decretos de intervención y renunció. Pero el 20 de abril, el día siguiente al fracaso del plan de Martínez, la guarnición de Campo de Mayo, bajo las órdenes del general de caballería Enrique Rauch, se sublevó y pidió la renuncia del secretario de Guerra. Tanto la caballería como la guarnición compartían la posición legalista del ministro y eran decididos opositores al proyecto de dictadura militar de los ultras. El presidente Guido cedió ante la presión castrense y designó en la secretaría al general Rauch, pero el general Poggi se opuso al nombramiento. Luego de arduas gestiones, el presidente consiguió un acuerdo: el general Rauch abandonó su cargo y el general Poggi también renunció, asumiendo el general Juan Bautista Loza ambos cargos. Sin embargo, el compromiso ocultaba mal la derrota de los legalistas y de los oficiales que apoyaban el plan de Martínez. La marina, a pesar de no haber tomado parte activamente, se puso de lado de los duros y de las medidas extremas. De esta manera, los días 24 y 25 de abril, aceptando la imposición militar, el presidente firmó los decretos que anulaban las elecciones provinciales y nacionales y colocaba todas las provincias bajo control del gobierno federal. La situación, sin embargo era muy confusa y el gabinete renunció.
En el nuevo gabinete organizado entre fines de abril y comienzos de mayo de 1962, los ministerios del Interior y Defensa quedaron en manos radicales, Jorge W. Perkins y José Luis Cantilo. Como canciller asumió Bonifacio del Carril y en economía Alvaro Alsogaray, cuyo hermano Julio, general de caballería, integraba el grupo legalista en Campo de Mayo.