Características de la presidencia de Fernando de la Rua

Fernando De la Rúa venció a Graciela Fernández Meijide en las internas y estaba lanzado para competir en las elecciones presidenciales de 1999. La década del 90, llamada frívola muchas veces, tuvo un presidente que se sentía cómodo ante las cámaras y que no le tenía miedo al ridículo.
Pero De la Rúa era lo contrario a Carlos Menem. Y su equipo publicitario –liderado por Ramiro Agulla y Carlos Bacetti– lo sabía. Por eso es que, en vez de esconder sus falencias, trataron de ponerlas sobre la mesa y transformarlas en virtudes. “Dicen que soy aburrido” se convirtió así en el gran símbolo de la campaña y uno de los grandes aciertos.
Toda la campaña de la Alianza, no solo de la De la Rúa, era “Somos más”. En otro spot, con tono más épico, el cordobés dice que “la Alianza es del tamaño de nuestra esperanza. Hagámosla crecer”. Y también invita a soñar y a un futuro mejor: “Vamos a volver a ser un gran país para vivir”.

Los Problemas heredados

La victoria de Fernando De la Rúa se debió al fuerte rechazo público hacia la figura de Carlos Menem, así como también al deterioro de la situación económica del país, que en 1999 terminaba con una caída del PBI de alrededor de 3,4 puntos porcentuales respecto al año anterior.

El desempleo se acercaba al 14 por ciento, luego de haber alcanzado la cifra récord de 18,6% algunos años antes, y la pobreza había sido triplicada en proporción a la existente antes de llegar Menem al poder.

El país tenía serios problemas en materia educativa y sanitaria, y la dirigencia política tenía una mala imagen pública. Además, el gobierno peronista dejaba un elevado déficit fiscal, con un rojo de más de 10 mil millones de pesos, una deuda externa del orden de los 150 mil millones anuales con vencimientos de casi 25 mil millones en el año próximo.

Represión en Corrientes

El debut de la gestión de la Alianza no podía ser peor , apenas había pasado una semana y la crisis social estalló en Corrientes. La protesta llevaba cinco meses (iniciada por docentes que reclamaban mejores salarios) y el día en que asumió Fernando De la Rúa los manifestantes ocuparon el puente General Belgrano que une Corrientes con Resistencia.

Primero unos camiones obstruyeron las cabeceras del puente y un estallido en la usina local dejó sin luz la zona de conflicto.  A la  2:30 de la madrugada comenzó un operativo de desalojo ordenado por el juez federal Carlos Soto Dávila quien seguía órdenes del ministro del Interior, Federico Storani.  En ese instante, más de trescientos efectivos de Gendarmería,   bajo el mando el comandante mayor Ricardo Alberto Chiappe,  llegaron en lanchones de la Prefectura Naval. Los manifestantes se dispersaron por las barriadas linderas al puente como Ferré y Camba Cuá, al norte; y Arazaty, San Benito y Trujillo, hacia el sur. Gendarmería ingresó a los barrios, produciéndose enfrentamientos con los vecinos hasta entrada la tarde. Hacia las 1 4: 3 0 horas, sobre la avenida 3 de Abril, perdieron la vida bajo las balas de la represión, Francisco Escobar, un cartonero de 25 años, y Mauro César Ojeda, un desocupado de 18. Además hubo 58 heridos de armas de fuego , algunos de gravedad, y 28 detenidos, alojados en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

Chiappe, jefe del operativo represivo, está acusado de haber prestado tareas en los campos clandestinos de detención de Campo de Mayo y La Perla durante la última dictadura militar. Una vez liberado el puente arribó a la ciudad el interventor Ramón Mestre, seguramente esta será una mancha difícil de superar para el nuevo gobierno a una semana de asumir .

Las medidas económicas

Fernando De la Rúa tomó severas medidas de ajuste con el propósito de sanear las finanzas, como el aumento impositivo decretado sobre las clases medias y altas hacia enero de 2000 como también una reducción de salarios estatales y  jubilaciones del 10 %, fueron parte de un paquete que procuró en general mejorar la economía, así como atender deudas pendientes como el Fondo para el Incentivo Docente, pero esto resultó sin embargo insuficiente para resolver el deterioro de las finanzas públicas.

Al asumir también se debió intervenir la Provincia de Corrientes que desde hacía meses estaba en un grave conflicto político y financiero, con paros ininterrumpidos y la destitución del gobernador interino Hugo Rubén Perie. La tarea le fue encomendada a Ramón Mestre que debió normalizar la situación provincial. A lo largo del año 2000 el gobierno buscó controlar el gasto público, bajar las tasas internas de interés y mantener la estabilidad monetaria y financiera. El año finalizó con una leve baja del 0.5 % del PBI y con una desocupación del 14.7 % (datos del INDEC de octubre del 2000). También se mantuvieron las reservas internacionales en el orden de los 33 mil millones de dólares, mientras redujo el déficit fiscal en unos 5 mil millones de pesos.

Lanzó iniciativas como el Plan de Infraestructura que mediante acuerdos con los gobiernos provinciales y financiamiento privado buscaba realizar obras de caminos, agua y vivienda en todo el país por 20 mil millones de dólares. La medida fue tomada por decreto ya que, según el ministro del interior Federico Storani, no había seguridad de que el Congreso sancionara la ley con la rapidez necesaria. En medio de estos problemas, también hubo aspectos positivos, como fue lograr que en el ciclo lectivo del año 2000 se cumplieran 180 días de clases, récord en más de una década, gracias al interés que se puso en aumentar las semanas del periodo escolar como en evitar conflictos docentes con el pago del incentivo docente.

El Blindaje financiero

El FMI presto la plata pero con las condiciones de flexibilizar aun mas la economía con una nueva ley laboral para permitir una baja salarial, cambiar la ley de quiebras y dar por ley seguridad a los depósitos bancarios  El gobierno de De la Rúa pidió ayuda complementaria al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a los bancos privados para reducir la presión de la deuda externa.

En diciembre de 2000, el ministro de Economía José Luis Machinea negoció un paquete de salvataje de cerca de 40.000 millones de dólares, conocido como Blindaje financiero, la apuesta era ganar confianza y credibilidad en el exterior para así bajar los pagos de intereses y renovar más fácilmente los vencimientos.

La renuncia de Álvarez

La  renuncia  de Chacho Alvarez tuvo lugar en medio de un escándalo donde se denunciaron supuestos sobornos en el Senado para aprobar una polémica ley de reforma laboral. Los objetivos de la Ley de Reforma Laboral eran por un lado debilitar el poder gremial de los sindicatos grandes en favor de los pequeños y por otro bajar los costos laborales. La fuerte resistencia del justicialismo a votar el proyecto produjo modificaciones que atenuaron casi totalmente su efecto sobre la estructura gremial.

En estas negociaciones participaron el entonces ministro de trabajo Alberto Flamarique y también el líder sindical Hugo Moyano declaró que el 29 de mayo a la prensa que el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, en un encuentro en el gremio de Obras Sanitarias para discutir la ley le había afirmado: «para convencer a los senadores tenemos la Banelco».​ Flamarique negó las afirmaciones de Moyano, primero en forma oral y luego en cartas enviadas a cada uno de los senadores.​ En declaraciones posteriores Moyano ratificó lo dicho y pidió la renuncia de Flamarique.

Moyano se opuso con firmeza a la reforma, argumentando que la misma tendría como consecuencia una rebaja de los salarios y que estaría impulsada por el Fondo Monetario Internacional. Flamarique intentó conseguir el apoyo del sindicalismo prometiendo que los gremios nacionales seguirían siendo los destinatarios de la cuota sindical que aportan los afiliados, pero ésto dividió internamente a la CGT.

Hugo Moyano líder sindical a la CGT opositora denuncia los sobornos en la votación de ley laboral y esto causa un escandalo en el gobierno que finalizara con le renuncia de Carlos Chacho Álvarez ,el vicepresidente de la nación y e ministro de trabajo que había hecho las maniobras en el Senado

El quiebre de la Alianza

Además de la grave crisis económica, el sistema político aparecía jaqueado en su conjunto a partir de la renuncia en octubre de 2000 de Carlos Álvarez, vicepresidente y líder del Frepaso. La renuncia de Carlos Álvarez produjo un quiebre en la Alianza; aunque los funcionarios del Frepaso siguieron en sus cargos, muchos de ellos hasta el final de la gestión, estos fueron perdiendo peso político.

Dicho quiebre se profundizaba en el Parlamento: allí, la escasa mayoría que tenía el oficialismo en la Cámara de Diputados se iba reduciendo mes a mes a medida que legisladores de partidos de centro-izquierda iban abandonando la coalición por diferencias políticas con el estilo de gobierno llevado adelante por De la Rúa.

La detención de Menem

El ex-presidente Carlos Menem fue detenido y puesto bajo arresto domiciliario el 8 de junio como supuesto jefe de una asociación ilícita que habría realizado una venta ilegal de 6.500 toneladas de armas y municiones a Ecuador y Croacia y por falsificar el contenido de tres decretos presidenciales. Esto en lugar se significar un éxito para el gobierno fue un mayor problema.

El justicialismo ocupó el Congreso Nacional para rechazar la detención del ex-presidente, quién luego fuera liberado por decisión de la Corte Suprema por seis votos contra dos el 21 de noviembre del mismo año. La Corte resolvió entonces que no existió asociación ilícita ni falsedad ideológica en los decretos.

La situación política en general era desfavorable. En el Senado la mayoría era del Partido Justicialista. En la Cámara de Diputados se tenía la mayoría pero ésta era mínima. El sindicalismo realizó 7 paros generales durante el gobierno delaruista, y la mayoría de las provincias argentinas tenían gobernadores propios del PJ. Tampoco disponía de un apoyo partidario claro, y varios sectores del radicalismo y el Frepaso comenzaron a distanciarse por la renuncia de Carlos Álvarez

La asunción de Cavallo

En enero 2001 las reservas internacionales del BCRA gracias al blindaje obtenido con el FMI habían alcanzado el récord histórico de 37.380 millones de dólares. Pero en marzo de 2001, ya con desvíos en las metas presupuestarias del primer trimestre del año se produjo el alejamiento de José Luis Machinea del Ministerio de Economía y se nombró para el mismo al hasta entonces ministro de defensa Ricardo López Murphy, un economista respetado pero del ala más liberal del radicalismo que asumió con los objetivos de achicar el gasto del estado y aumentar la recaudación fiscal.

Sus proyectos para sanear la economía realizando un enorme ajuste del gasto público, retirando fondos de áreas como salud o educación, chocó con una muy fuerte oposición popular, particularmente dentro del mismo Partido Radical y en sus brazos juveniles y universitarios. También puso en situación de ruptura a la coalición gobernante ya que los miembros del Frepaso dentro del Gabinete anunciaron su renuncia luego de que fue presentado el programa económico. Debido a esto, López Murphy se vio obligado a retirarse luego de apenas 16 días en el ministerio de Economía.

El gobierno de la Alianza recurrió a nombrar como ministro de economía a Domingo Cavallo, que ya había ocupado el cargo durante varios años del gobierno de Carlos Menem. Cavallo llegó al cargo con el respaldo de la gran mayoría de la oposición del PJ, con un fuerte impulso de parte del líder del Frepaso, Carlos "Chacho" Álvarez y también desde los medios financieros. Sin embargo, generó muchos recelos dentro del radicalismo, partido que aún cuestionaba al economista su actitud hacia el gobierno de Alfonsín en los momentos más problemáticos de la etapa hiperinflacionaria en 1989. Cavallo inició su gestión prometiendo un crecimiento anual del 5% e intentando rebajar impuestos distorsivos y reanimar la industria, en lo que se presentó como "Planes de Competitividad". Se aprobó el impuesto a las operaciones bancarias y se efectuaron delegaciones de algunas de las atribuciones del poder legislativo en el poder ejecutivo.

A mediados de año, el Gobierno logró la aprobación parlamentaria de la ley de intangibilidad de los depósitos bancarios, pero la desocupación había trepado al 18,3% y las reservas internacionales del BCRA bajarían a cerca de 20 mil millones de dólares.

Sin embargo, los mercados reaccionaron tan mal como los organismos internacionales de crédito. En julio de ese año, debido a la presión fiscal y la imposibilidad de normalizar la economía, Cavallo entonces viró hacia una fuerte ortodoxia económica , para ello presentó un plan de "Déficit cero", con un nuevo recorte general de gastos en la administración pública para evitar gastar más de lo que ingresaba en el Estado.

La resistencia para obtener del Congreso la ley en cuestión fue muy grande, incluso dentro del radicalismo en los sectores adherentes al alfonsinismo, pero De la Rúa la obtuvo pidiendo un esfuerzo tanto a los legisladores opositores como a los propios y a la población en general. Se argumentaba que "si no hay arreglo, llega el caos". esto tampoco ayudó, y el continuo ajuste contraía aún más la economía en el marco de un contexto internacional de recesión regional y global, que tampoco ayudaba a la Argentina a crecer.

El Corralito

En noviembre, el gobierno de De la Rúa inició una reestructuración de los compromisos de la deuda externa, denominada "Megacanje". Hacia fines de ese mes, el agravamiento inusitado de la situación económica, con inversiones que se alejaban debido a la complicada situación política, provocó desconfianza pública en el sistema financiero, por lo que se produjeron fuertes retiros de depósitos bancarios.
Para frenarlos, el ministro de Economía impuso restricciones que implicaban el congelamiento de los fondos depositados en los bancos, medida conocida como el "corralito" .La medida fue promulgada el 1 de diciembre y originalmente permitía sólo un retiro de 250 pesos en efectivo semanales, la prohibición de enviar dinero al exterior del país y la obligación de realizar la mayor parte de las operaciones comerciales mediante cheques, tarjetas de crédito o de débito, y tenía prevista una duración por 90 días.

El corralito fue altamente impopular y perjudicó todavía más a numerosos sectores de la economía argentina. El FMI, en tanto, endureció su posición y se negó a enviar 1.260 millones con los que se había comprometido a colaborar en el marco del préstamo conocido como "Blindaje", argumentando que la Argentina no habría cumplido sus compromisos de mantener el "déficit cero".

El final del gobierno

Hacia el 19 de diciembre, la situación social se volvió incontrolable, con saqueos y desmanes en los puntos más importantes del país. El Presidente llamó a la población a la calma, pero la rebelión popular, en lugar de terminar, sumó el apoyo de la clase media, histórico bastión electoral del radicalismo.

La misma se implicó por el congelamiento de los depósitos bancarios. A la medianoche renunció el ministro de economía Domingo Cavallo y el resto del gabinete puso sus renuncias a disposición del Presidente. El 20 de diciembre la Ciudad de Buenos Aires estaba desbordada por una ola de saqueos a supermercados y establecimientos comerciales de diversos tipos. Fernando De la Rúa respondió decretando el Estado de Sitio en todo el país.

Sin embargo el vandalismo no disminuyó, e incluso aumentó a pesar del estado de sitio.Finalmente se produjeron 27 muertos y más de dos mil heridos. A esto se le sumó un cacerolazo generalizado y marchas de miles de personas autoconvocadas que reclamaban la renuncia del gobierno.

En el centro porteño la policía federal era desbordada, aunque lograba mantener la violencia fuera de la Plaza de Mayo. Los gremios convocaron a huelgas como protesta por el estado de sitio. Inicialmente la CTA inició una huelga de 24 horas el 20 de diciembre.Al día siguiente (a pesar de haber tenido lugar la renuncia de De la Rúa) se sumarían la CGT de Rodolfo Daer en una huelga de 36 horas y la de Hugo Moyano por tiempo indeterminado. El Presidente perdió definitivamente el respaldo de la mayoría de su propio partido, la Unión Cívica Radical, y aferrado al escaso sector radical que aún le respondía intentó convocar al justicialismo a un acuerdo de gobernabilidad, sumándose al gobierno.

El obvio rechazo del PJ decidió a De la Rúa a presentar su renuncia al Parlamento a las 19.45 horas del 20 de diciembre de 2001, cuando no había completado sino apenas la mitad de su mandato constitucional.

 El traspaso del poder

Debido a que el vicepresidente Chacho AlvareZ había renunciado en el año 2000 el país se encontraba sin sucesion directa es por ello que se utilizo la ley de Acefalia que contemplaba la Constitución nacional que el mando estaba en el presidente del senado. Este cargo estaba ocupado por el el misionero Ramón Puerta, por ser presidente provisional del Senado.

Suele atribuírsele a Puerta erróneamente el haber sido investido Presidente de la Nación Argentina. El artículo 6º de la Ley 20.972 es explícito al respecto al establecer que el funcionario que ha de ejercer el Poder Ejecutivo en los casos del artículo 1º de esa Ley "actuará con el título que le confiere el cargo que ocupa, con el agregado «en ejercicio del Poder Ejecutivo»". De este modo, Puerta desempeñó durante las 48 horas a las que se refiere el artículo 2º de dicha ley el cargo de Presidente provisional del Honorable Senado de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo. Pocos días después la mayoría justicialista del Congreso elegía presidente interino, por escasos meses, al gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá.