Política judicial y de derechos humanos

Ricardo Gil Lavedra en 1999 fue designado por el presidente Fernando De la Rúa como Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y se desempeñó hasta octubre de 2000 cuando la crisis provocada en el gobierno por las denuncias de sobornos en el Senado para aprobar la ley de reforma laboral, el Presidente decide varios cambios en el Gabinete y lo nombra a su hermano Jorge de la Rua como ministro de Justicia y Derechos Humanos en reemplazo de Ricardo Gil Lavedra. El 20 de diciembre de 2001 deja su cargo al frente del Ministerio de Justicia luego del estallido social conocido como Argentinazo que se produjo en el país entre el 19 y el 20 de dicho mes y que derivó en la renuncia de su hermano a la presidencia y posterior salida del resto de los ministros y secretarios.

Creación de la Oficina Anticorrupción

En el año 1997, el Decreto Nº 152, dictado por el Poder Ejecutivo bajo el mandato del entonces Presidente Carlos Menem, le dio nacimiento dentro del ámbito de la Presidencia de la Nación, a la Oficina Nacional de Ética Pública. Dicha oficina tendría como principal objetivo organizar una acción sistemática y eficaz para prevenir la corrupción en el ámbito del Sector Público Nacional. Dentro de ese marco, una de sus principales funciones era crear el Reglamento de Ética Pública.

Dos años después el Congreso sancionó la Ley Nº 25188 de Ética en la Función Pública, en noviembre de 1999, creando de forma conjunta la Comisión Nacional de Ética Pública como organismo encargado de velar por el cumplimiento de dicha ley, en el ámbito del Poder Legislativo. En diciembre de ese año se creó la Oficina Anticorrupción mediante el artículo 13 de la Ley de Ministerios Nº 25233, posteriormente reglamentado por el Decreto Nº 102/99, dictado por el ex Presidente de la Nación, Fernando De La Rúa.

Dicha normativa estableció que la O.A. debía elaborar y coordinar programas de lucha contra la corrupción siendo la encargada de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción, establecidas en el capítulo VI, entre las cuales se encuentran: el cohecho, el tráfico de influencias, el soborno transnacional y el enriquecimiento ilícito, entre otras.  Asimismo tiene competencia para impulsar las investigaciones preliminares de los agentes del sector público nacional sin que otra autoridad estatal lo disponga.  En el año 2000 mediante el dictado de la Resolución Nº 17/00 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Oficina Anticorrupción pasó a ser Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 25188. 

Creación de la Unidad de Información Financiera

La Ley Nº 25.246 de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, sancionada por el Congreso de la Nación el 13 de abril de 2000 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 5 de mayo del mismo año (Decreto 370/00), crea en el plano preventivo la Unidad de Información Financiera, encomendándole el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves