Política petrolera

Anulacion de contratos petroleros

 Las políticas petroleras del nuevo gobierno radical terminaron por mermar las relaciones entre la Argentina y Estados Unidos, y la anulación de los contratos petroleros le costó al país la desconfianza internacional, aparte de 200 millones de dólares de indemnización que se les pagó a las compañías petroleras afectadas, y la vuelta a la importación de petróleo.

El gobierno radical estimaba que la decisión no afectaría sustancialmente las relaciones internacionales con Estados Unidos, pero si bien el presidente John Fitzgerald Kennedy y su equipo mantuvieron una postura de respeto a la decisión argentina en tanto estableciera un mecanismos de "compensación equitativa", el sector de "los halcones", entre los que se encontraba el embajador en Argentina Robert McClintock, y el enviado Averel Harriman, iniciaron acciones de presión sobre el gobierno argentino para obligarlo a mantener la vigencia de los contratos, aun cuando fueran ilegales.  Las presiones del sector duro sobre el gobierno argentino, escalaron al punto de que Illía llegó a expulsar al embajador estadounidense de la Quinta de Olivos,27 mientras que Blanco y Harriman mantuvieron el siguiente diálogo transcripto en ese momento por el diario Clarín:

"Señor", quiso saber Blanco después de una áspera disputa: "¿Usted a quién representa? ¿Al Presidente Kennedy o a las compañías de petróleo?" El norteamericano contestó: "Mire, en realidad es difícil decirlo, puesto que las empresas son norteamericanas".

El gobierno organizó una comisión investigadora en el Congreso, cuyos resultados se informaron en octubre de 1964.29 Si bien el sector más duro del gobierno radical, encabezado por Perette, pretendía limitarse a anular los trece contratos, Illía adoptó la posición del sector moderado, que proponía anular los contratos que habían violado la ley, reconocer las indemnizaciones correspondientes y renegociar los mismos adecuadamente.

Así el presidente Illia por medio de los decretos 744/63 y 745/63 el 15 de noviembre de 1963 dio por anulados los contratos que YPF había firmado con compañías petroleras extranjeras durante la gestión de Frondizi. El decreto 744/63, declaraba "nulos de nulidad absoluta, por vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación" a los contratos de YPF con las compañías C.M. Loeb, Rhoades and Co. (Argentina-Cities Service Development Company en el momento de la anulación del contrato); Astra, Compañía Argentina de Petróleo SA; CADIPSA; Continental Oil Company of Argentina; Esso S. A. P.A-Esso Argentina Inc.; The Ohio Oil Co. (Marathon Petroleum Argentina Ltd.); Pan American Argentina Oil Co.; Shell Production Company of Argentina Ltd.; Tennessee Argentina S.A.; Union Oil Co. California. Mientras que el decreto 745/63 anuló los acuerdos de YPF con las empresas Southeastern Drilling Co.; Kerr-Mc Gee Oil Industries Inc. (Transworld Drilling Company) y SAIPEM (ENI) (SNAM S.P.A. Societá Nazionale Metanodotti en el momento de la anulación del contrato). Los grandes medios de prensa criticaron los decretos que pusieron fin a los contratos.

Las empresas contratistas rechazaron los términos esgrimidos por el gobierno, como también rechazaron las cláusulas impositivas y punitivas del nuevo convenio, que obligaban a las empresas a devolver el valor de los impuestos pagados por el Estado -según contratos por cuenta de las compañías-, y establecían una indemnización a YPF "por haberse visto obligado a restringir su producción para aceptar el petróleo extraído por las empresas". Algunas compañías como Esso y Shell se negaban a renunciar a sus derechos legales, poniendo a YPF bajo la situación de no poder negociar. La petrolera estatal solo ocupó las áreas entregadas a Cities Service y Pan American Argentina Oil Company. Mientras las petroleras rechazaban el pacto extrajudicial ofrecido por el gobierno de Illia, se comenzaron a producir asperezas y divergencias dentro de la comisión a cargo de las renegociaciones, y precisamente el 20 de octubre de 1964 fueron conocidos los dictámenes de la Comisión Especial Investigadora sobre Petróleo, que había sido designada por el Congreso Nacional. La Comisión que estaba integrada por 16 diputados, trabajó durante 113 días y tomó declaración a 64 testigos. Se registraron grescas durante algunas de las sesiones entre los miembros de la Comisión y los declarantes, algunas personas se negaron a dar testimonio. Las divisiones entre los miembros de la Comisión produjo que se presentasen seis dictámenes, en lugar de uno solo como estaba pautado.

Un informe de la Cámara de Comercio de Estados Unidos de principios de 1964 detalló que el descenso en las inversiones extranjeras en la Argentina fue en mayor medida como consecuencia de la falta de ratificación del Convenio de Garantía de Inversiones con Estados Unidos, que a la anulación de los contratos petroleros.6 En detalle, las inversiones extranjeras cayeron de 100 a 120 millones de dólares recibidas en 1962, a solo 34,6 millones en 1963 y poco más de 33 millones en 1964. 

Como consecuencia, YPF perdió el autoabastecimiento, y además la producción petrolera en 1965 fue inferior a la del año anterior. Sin embargo, Illia rectificó la política de anulación de los contratos, y las empresas siguieron en el país. Solamente la Shell y la Esso, que habían firmado contratos de exploración, para aumentar las reservas de YPF, con la cláusula del riesgo minero, aceptaron de inmediato la anulación y recuperaron los cincuenta millones de dólares invertidos que, por la cláusula del riesgo minero, habrían perdido al no encontrar yacimientos productivos. Argentina Cities Service (ex Banca Loeb) y Amoco (ex Panamericam) continuaron la extracción de los yacimientos de Mendoza y Comodoro Rivadavia.

La producción de petróleo que aumentó desde 1958 a 1963 a un promedio general del 20% anual, disminuyó entre 1964 a 1966, al punto de apenas llegar al 2% anual. El ritmo de perforación de pozos disminuyó de 1093 pozos perforados anualmente, durante el primer período citado, a sólo 588 pozos promedio por año perforados en el período de 1964 a 1966.

Las anulación de las concesiones petroleras mermaron las relaciones entre la Argentina y Estados Unidos, mientras que las indemnizaciones alcanzaron 200 millones de dólares. Argentina volvió a importar petróleo, pero a precios menores y con menor impacto en la balanza de pagos que lo que establecían las concesiones de Frondizi.

 La declaración de nulidad de los contratos petroleros firmados por Frondizi, ha sido objeto de debate histórico. En general los sectores contrarios a la intervención del Estado en la economía y partidarios de reducir o eliminar las regulaciones para las inversiones extranjeras, cuestionan la decisión de Illia y la consideran "un error estratégico". Estos sectores citan en su apoyo una declaración realizada en 1987 por el entonces presidente radical Raúl Alfonsín, criticando el "estatismo" de la UCR y considerando que la anulación de los tratos petroleros hechos por Frondizi había sido un error.29 En sentido contrario, los sectores que consideran que las empresas multinacionales y las inversiones extranjeras deben cumplir las leyes argentinas y son partidarios de un rol determinante del Estado en la producción petrolera, consideran la decisión de Illia como un acto de defensa del Estado de derecho y de los intereses argentinos.

Los medios de prensa criticaron los decretos que anularon los contratos, aparte de considerarlos un error que volvería al país al desabastecimiento, también se reclamaba el respeto a la división de poderes. 

(...) ¿Tiene el Poder Ejecutivo capacidad y atribuciones suficientes para proceder, como se anuncia, por decreto a la anulación de esos contratos? Se alega en favor de ello que los mismos son de concesión y no de locación de obras y/o servicios. Que, por tanto, son contratos de derecho público y el Poder Ejecutivo tiene bastantes facultades para disponer su nulidad en conjunto. Carta de Enrique Figueroa al presidente Illia.

Así, cuando a partir de un primer año positivo, la situación económica comenzó a desbarrancar y se presentaron hacia 1966 los signos de una franca recesión, las críticas comenzaron a arreciar y -salvo algunos sectores radicales, otros pequeños partidos y buena parte de los medios universitarios-, una mayoría popular y la casi totalidad de las organizaciones sociales creían necesario un golpe.  

Se produce paralelamente el juicio penal derivado de las investigaciones de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y de las acciones del Poder Ejecutivo, llevaban indefectiblemente a la condena de sus principales responsables, Arturo Frondizi, Rogelio Julio Frigerio y Arturo Sabato. La Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, en un fallo del 4 de julio de 1967 sostuvo que “los hechos denunciados como infracciones penales constituirían, en principio, los delitos de usurpación de autoridad, violación de los deberes de funcionarios públicos, cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.