El descontento en acción

Sobre la base de algunas infidencias se procedió a detener a militares complicados juntamente con Sabattini, Latella Frías, Benito Soria, Gabriel Oddone y otros; más de 150 personas, incluso el jefe del escuadrón de seguridad de Córdoba, fueron remitidos a la Penitenciaría nacional, sin contar los presidentes de comités radicales de la provincia. Se dijo que habían salido comisionados a provincias para organizar movimientos simultáneos en Rosario, Buenos Aires, San Luis, Mendoza, Tucumán, Salta y Jujuy.

El 20 de julio de 1931, como acto de protesta por la anulación de las elecciones en la provincia de Buenos Aire, se levantó Gregorio Pomar en Corrientes con tropas del 9 de infantería; fue detenido el interventor Atilio Dell'Oro Maini y en esa oportunidad fue muerto el comandante del regimiento sublevado, Lino H. Montiel Al tener noticias el gobierno nacional del levantamiento, que podía tener ramificaciones hacia el norte y el sur, se ordenó la inmediata movilización de fuerzas aéreas, terrestres y fluviales para sofocarlo; Pomar y los suyos, sin perspectivas para un enfrentamiento mayor, emigraron al Paraguay.

El 25 de julio, después de tres días de la llegada de la balsa automóvil con los fugitivos a Humaitá, en el Paraguay, el comandante de la tercera división de ejército, general Luis Bruce, hizo conocer un bando en el que se leen medidas como las siguientes:

"2º Todo individuo que sea tomado en in fraganti delito contra la seguridad pública, libertad y bienes de los habitantes, seguridad de los medios de transporte y de los servicios públicos, será pasado por las armas en los casos y circunstancias que determina el tratado III del Código de justicia militar.

"3º Serán pasados por las armas, en el momento mismo de ser sorprendidos in fraganti delito, los autores de los siguientes atentados: a) Contra las autoridades constituidas, los miembros de los poderes públicos, los guardianes o encargados de oficinas, colegios, reparticiones públicas, templos religiosos, cuarteles, legislaturas, tribunales y toda institución de carácter público, nacional, provincial o municipal; los autores de saqueos, violaciónp, incendio, explosión, inundación o todo otro medio destinado a producir grandes daños y muete de personas; d) Los autores de agresión o resistencia armada contra la autoridad, con fines subversivos, en banda o tumulto, o contra las tropas leales y sostenedores del orden legal que impera en la república.

"4º Serán condenados a la pena de prisión los que retengan armas de la nación y no las entreguen a las autoridades dentro de tres días de publicado este bando y los que hayan participado en los hechos que se indican en los artículos 2º y 3º del presente y que tengan menos responsabilidad o causa de atenuación a juicio del consejo de guerra especial que juzgará los casos que no sean los determinados en el artículo 3º."

El bando estuvo en vigor hasta el 14 de agosto.

La sublevación fue preparada desde Paraná por Gregorio Pomar, que prestaba servicios allí, y por el teniente Roberto E. de los Ríos. Del Chaco concurrieron grupos de civiles. El movimiento tenía ramificaciones en el Chaco y en Santa Fe, pero no logró manifestarse a causa del descubrimiento de los movimientos de los comprometidos.

Pomar explicó desde Humaitá los objetivos del movimiento: la vuelta a la normalidad institucional y la entrega del poder al presidente de .1a Corte Suprema de Justicia, Dr. José Figueroa Alcorta, que convocaría elecciones generales. El ejército no participaría para nada en las funciones políticas, administrativas ni civiles; se pondría en libertad los presos políticos y también los estudiantes y obreros detenidos, y reclamaba el retorno al país de los deportados políticos, estudiantes y obreros.

Explicó también en qué circunstancias tuvo que dar muerte al teniente coronel Montiel.

Fue lo de Corrientes motivo para una vasta operación represiva y para detenciones al azar, de radicales, obreros, intelectuales; esta vez también alcanzó la represión a dirigentes del partido socialista, Américo Ghioldi, Mario Bravo, Nicolás Repetto, Enrique Dickmann, que fueron a ocupar sendas celdas de la Penitenciaría nacional; el partido socialista había expresado su confianza en las reiteradas declaraciones de la Junta provisional de gobierno y estaba dispuesto a cooperar para que volviese a imponerse la normalidad constitucional en el país.

Las deportaciones políticas, las persecuciones de los descontentos, los procedimientos represivos, fueron explicados al periodista J. M. Espigares Moreno en 1932:
 "La cosa más dura y desagradable que hay en un gobierno de fuerza, es mantener el orden. La mano tiene que ser de hierro y tiene que apretar sin vacilaciones y sin desfallecimientos. Hay que olvidarse, desgraciadamente, del corazón. Esto es lo que una gran parte del público ignora o prefiere simular ignorar... Esta obligación imperiosa de ser duro en beneficio del país, me ha costado la pérdida de varios viejos amigos, algunos de la infancia, otros de toda la vida. Y he perdido también antiguos afectos que estimaba mucho"... Y se refirió a Lisandro de la Torre, Marcelo T. de Alvear y otras figuras parecidas. El mantenimiento del orden, del orden absoluto, debía ser un paso ineludible. Dijo también: "Yo mando y no tengo más recurso que ser duro cuando hay que serlo. Pero también tengo un corazón y una capacidad afectiva".

Cuando se le preguntó sobre la aplicación de torturas, a los detenidos, que condujo a hechos como la muerte del mayor Rosasco en Avellaneda, acusado de utilizar la picana eléctrica a los obreros presos, alegó que la consumación de esos hechos ocurrieron durante su ausencia en Salta. "Yo no conozco nada en detalle —dijo— y sólo me atendré a lo que la justicia investigue y establezca. Pero le digo sinceramente que el primer sorprendido he sido yo y que lo primero que hice al regresar de mi viaje fue llamar al fiscal y decirle: ¡usted acuse! Caiga quien caiga. ¡Acuse!"

El 29 de noviembre de 1931, Mario Rébora, apoderado de la Unión cívica radical, preso en la Penitenciaría nacional dirigió una carta al presidente del gobierno provisional, general Uriburu, denunciando las' torturas a los presos: "Yo he visto a los flagelados, yo he hablado con ellos. Yo he palpado sus mutilaciones para cerciorarme del horror. Hay todavía algunos de ellos en la Penitenciaría. Los tormentos se aplicaron en el interior de este establecimiento durante la anterior dirección a cargo del doctor Alberto Viñas. Actualmente se aplican fuera de la Penitenciaría".

La carta fue enviada por intermedio del director de la Penitenciaría nacional, teniente coronel Pedro Sarapura, para que la hiciese llegar a su destinatario; en ella se refería, como jurista, a la situación de los presos sin proceso. "La prolongación indefinida del presidio en las condiciones que los políticos soportamos, es una medida estéril y antipatriótica"...

La intentona subversiva de Corrientes facilitó al gobierno provisional la adopción de medidas de excepción y dispuso que las juntas electorales no oficializasen listas de candidatos en que figurasen nombres conocidos del régimen depuesto. Alvear, Pueyrredón y otras personalidades del radicalismo fueron desterrados y se refugiaron en Montevideo. Los fundamentos del decreto en que se vetaban las candidaturas de los dirigentes radicales en las futuras elecciones, decía:

"Para defender la revolución triunfante y asegurar a la patria soluciones que fueran prendas de orden, de paz y de progreso, se resolvió la eliminación de las listas de candidatos en las que figuren nombres de personas que actuaron o sostienen al gobierno derrocado y a los autores, cómplices o encubridores del motín de Corrientes, lo que no significa la exclusión de un partido como colectividad, sino de determinadas personas que lo dirigen . . . El gobierno provisional evitará por todos los medios de que dispone que sea malogrado el triunfo por la revolución . . y que agrupaciones políticas intenten, bajo capa de propaganda cívica, movimientos tendientes a restaurar con los mismos procedimientos y los mismos hombres al gobierno personalista derribado por la revolución La historia enseña que en los grandes movimientos triunfantes por las armas y el apoyo popular, que llevan consigo una transformación política o una depuración social, es indispensable impedir, y se ha impedido en todos los casos, que los factores del sistema que se destruyó vuelvan a ocupar posiciones que les permitan reconstruir lo derrocado" . .

Se argumentó también la inconstitucionalidad de la candidatura de Alvear, por no haberse cumplido seis años desde que terminó su presidencia. Y agregaba el decreto: "El año 1916 fue elegido el señor Yrigoyen; el año 1922 el señor Yrigoyen entregó la presidencia a su correligionario el doctor Alvear; en 1928 devuelve el doctor Alvear la presidencia a su correligionario el señor Yrigoyen, y ahora que éste fue derrocado por la revolución apoyada por el pueblo, los correligionarios solidarizados con el señor Yrigoyen proclaman de nuevo al doctor Alvear. Si esto último se admitiera y si el candidato triunfara, habríase producido el caso más abusivo del personalismo oligárquico con la perpetuación en el poder de dos personas durante veinte años, que se han transmitido sucesivamente el gobierno. Esto repugna al sistema republicano, a la democracia y a la Constitución argentina"...

 Argumentos reveladores de un estado de ánimo y de una posición de veto a cualquier manifestación directa del pueblo en la elección de sus gobernantes y que no testimonian ninguna fe en el pueblo que habría apoyado a la revolución del 6 de septiembre, a que se alude en el decreto.

Este resumen de Nidia R. Areces esboza un cuadro, en algunos aspectos original, y en otros las prácticas llevadas a un extremo pocas veces alcanzado: "Por primera vez en nuestro país el estado de sitio se mantuvo durante un año y medio. Se implantó la 'ley marcial', legislándose por bando sobre delitos y restableciendo la pena de muerte desterrada por el Código penal. El ciudadano quedó a merced discrecional de los gobernantes. Se clausuraron numerosos diarios, los mismos grandes matutinos recibieron advertencias y prevenciones que no hubieran sospechado. Sufrieron cárcel el director de Crítica Natalio Botana y su esposa Salvadora Medina Onrubia. Pero lo más grave y deplorable fueron las denuncias, las prisiones, el empleo de 'métodos persuasivos' como la 'picana', 'la silla', 'las pinzas', las deportaciones de ciudadanos, particularmente de los partidarios de Yrigoyen o de los que se creyó tales y de los complicados en las intentonas revolucionarias de suboficiales de Córdoba, del general Severo Toranzo, del teniente coronel Gregorio Pomar, en Corrientes, la intentona de Tucumán y el levantamiento de civiles armados, encabezados por los hermanos Kennedy en La Paz, Entre Ríos. Doce provincias de las catorce que integraban el país en ese tiempo, gobernadas por hombres que respondían al régimen depuesto, fueron intervenidas simultaneamente, con la caducidad de todos los poderes. Tales intervenciones se prolongaron durante todo el período del gobierno revolucionario"...

Atilio Cattáneo resumió lo ocurrido desde el 6 de septiembre de 1930 al 8 de noviembre de 1931: Se implantó el estado de sitio como procedimiento de gobierno; se violaron los artículos 18 y 23 de la Constitución nacional al aplicarse la pena de fusilamiento y sin forma legal de proceso; se quebrantaron los derechos individuales que establece el artículo 14 de la Constitución, restringiéndose en forma inaceptable la libertad de prensa; se aplicaron torturas corporales a civiles y militares por causas políticas; se hicieron vejámenes personales como sistema policial para conseguir declaraciones, bajo la dirección y con el consentimiento de miembros del gobierno y de altos funcionarios públicos; se deportaron políticos por el solo motivo de no ser adictos al septembrismo; se vetaron candidaturas y se desterró a prominentes ciudadanos por la sola razón de haber sido designados candidatos en legales pronunciamientos partidarios; se anularon comicios electorales, como los del 5 de abril de 1931, por la única razón de no expresar la voluntad oficial y se proscribió al partido político Unión cívica radical, que era mayoría popular indiscutible; se secuestraron libretas de enrolamiento para votar; se expulsó a fiscales en los actos electorales; se presionó a los votantes con policías bravas; se denigró la función cívica con la que se ejerció la soberanía popular y se dignificó el fraude electoral y la violencia; se corrompió la disciplina militar al permitir que los "legionarios", que eran una fracción política oficialista, concurrieran a los cuarteles para ser instruidos por oficiales y suboficiales haciendo propaganda política antirradical; se implantó el servicio de espionaje en el ejército para conocer el pensamiento de los camaradas y proceder en consecuencia; el fichero se encontraba en la Casa de gobierno; se fomentó la delación y la indignidad; se pagó especial soldada a los militares septembrinos y a otros se nombró en el extranjero con sueldos y abultados viáticos a oro, como premio por su actividad septembrina; se nombró a militares en puestos ci¬viles con el propósito de que percibieran ambos sueldos; se creó una especial patente de automóvil para militares, no sólo para que fuesen fácilmente identificados, sino favorecidos en la disminución de ese impuesto; algunos militares adictos fueron ascendidos al grado mayor de las leyes respectivas mientras los adversarios eran postergados y perjudicados injustamente; se ultrajó la propiedad privada, dejándola librada al capricho policial, cuyos miembros con pretextos fútiles no sólo la violaban sino que causaban daños materiales, tan fuertes como intencionales., con el único fin de producir ruina y miseria a los adversarios políticos; se utilizó la policía para impedir el derecho de reunión y para la aplicación de la violencia, incitando al odio y a la división de la familia argentina; se anularon los derechos estudiantiles obtenidos por la reforma durante el gobierno de Yrigoyen; se persiguió a profesores y alumnos; se denigró los estatutos universitarios; se impartieron conferencias en los colegios infantiles sobre la bondad del cuartelazo septembrino, con lo que se envenenaban las blancas conciencias de los niños; se duplicaron los impuestos, el franqueo postal, etc.; en una palabra, se aumentaron las erogaciones; se elevó la deuda flotante, se impuso el sobreprecio a la nafta, etcétera.