Manifiesto del 18 de junio de 1931

Entre los ideólogos nacionalistas, Uriburu prefería a Carlos Ibarguren, su primo, católico militante y admirador de la derecha española, que era además un brillante escritor. En cambio desdeñaba a quien hasta entonces había sido el líder de los nacionalistas, Juan Carulla, que prefería seguir las ideas de Benito Mussolini o de Charles Maurras.
Los discursos mencionaban continuamente la necesidad de restaurar el orden, la propiedad y las jerarquías, sin embargo, a diferencia de los fascismos europeos, la derecha argentina consideraba que la clave del sistema político propuesto era el Ejército, y no organizaciones paramilitares.

El 18 de junio de 1931 lanzó el presidente de facto un manifiesto en cuya redacción intervino Carlos Ibarguren, para reiterar aunque sólo fuese el programa mínimo de la revolución, algunas de las reformas constitucionales que habrían admitido en su momento los partidos que apoyaron el movimiento del 6 de septiembre. Se razonaba así en ese manifiesto:

"En setenta años de vida constitucional, los argentinos hemos comprobado tres defectos capitales que han caracterizado a la politica: el personalismo, el centralismo y la oligarquía que evolucionó últimamente hacia la demagogia. Para nuestros políticos, cualequiera que sean su denominación o tendencia, las instituciones desaparecen detrás de los hombres: el poder ejecutivo es la persona del presidente, éste es el amigo o el enemigo, y el partido es la bandera que lo rodea. Esta tendencia argentina al personalismo está fomentada por el régimen de nuestra Constitución y por la situación en que ella ha colocado al presidente con relación a los otros poderes, lo que ha facilitado la transformación del Congreso, en estos últimos tiempos, en dependencia, en el hecho, del presidente. La prepotencia presidencial fomentada por el espíritu y la práctica de la Constitución vigente y la tendencia personalista de nuestra psicología política, determinaron una dictadura del presidente, tanto más nociva cuanto éste es a la vez caudillo del partido gobernante. Esta prepotencia anuló al Parlamento, cuya convocatoria y receso dependen constitucionalmente del presidente, sin que se hayan asegurado la autonomía del poder legislativo para reunirse por sus propios medios

 El predominio avasallador del poder ejecutivo nacional ha llegado a suprimir el sistema federal; las provincias están subyugadas por el presidente como entidades políticas .

Esta suma excesiva de poder del primer magistrado engendra un centralismo tal, que este poder ha sido, es y será, si no se realizan las reformas constitucionales que se proponen, una formidable máquina electoral manejada por un solo brazo y un solo resorte: el presidente y el gobernador sometido a éste.

"El personalismo y el centralismo crearon, como corolario lógico, la oligarquía que se desarrolló en derredor del eje unipersonal y todopoderoso. La oligarquía es el apéndice pernicioso del personalismo presidencial fuerte, el que debido al régimen institucional vigente, vence y anula al Congreso, que debiera ser el cuerpo representativo de la opinión pública y de los intereses sociales . La desnaturalización del sistema federal, unida a la prepotencia presidencial, hizo que el presidente fuera el árbitro supremo, inapelable y absoluto de los poderes nacionales, provinciales y hasta municipales, interviniendo en ellos directa o indirectamente . . . De ahí  la aspiración a reformas institucionales: No basta el sufragio libre para que se implante una democracia de verdad; es menester que el organismo del Estado esté dotado de una armonía funcional de todos sus componentes. Contra la prepotencia presidencial es necesario afianzar a los otros poderes del Estado, asegurar el funcionamiento autónomo del Congreso y consolidar la independencia del poder judicial. Contra el centralismo absorbente debemos procurar la des-centralización política y administrativa, la limitación rigurosa de la facultad del gobierno federal de intervenir en las provincias y darles a éstas autonomía efectiva" . .

Expresiones de buenos deseos y críticas que se hicieron en todos los tiempos por los constitucionalistas al régimen presidencialista argentino. Las reformas proyectadas no hallaron apoyo en los partidos ni en la opinión pública; la sugestión de las legiones de Mussolini para cumplir la revolución con su ayuda no tuvieron tampoco eficacia ni arraigo; en mayo de 1931 fue reconocida oficialmente la Legión cívica argentina, que quiso ser una copia de las milicias fascistas del dictador italiano; tampoco prosperaron otras entidades similares.

Algunos tratadistas fueron favorables a las reformas propuestas, como Rodolfo Rivarola, González Calderón, Mariano de Vedia y Mitre, Arturo Bas, Tagle, Dana Montaño, que habían señalado los mismos defectos del régimen político nacional, pero las objetaron juristas como José Nicolás Matienzo y políticos militantes como Vicente Gallo, Nicolás Repetto, Francisco Correa, Leopoldo Melo y Torcuato M. de Alvear, entre tantos otros.

Después de la reorganización del gabinete, a raíz de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, la casi totalidad de los oficiales del ejército y la armada, en el área de Buenos Aires, unos 800, acudieron a la Casa de gobierno para testimoniar su apoyo al presidente provisional. Pero los observadores no se dejaron influir por hechos de esa naturaleza. El embajador norteamericano informó a Washington: "El adiestramiento y la experiencia militar han desarrollado en el presidente una fuerte voluntad y un sentido de autoridad, pero sin generar con ello una comprensión de la psicología política, al contrario de lo que ocurre a su colega el general Justo". Y advertía: "Con esos dos hombres juntos, el ejército apoyará al presidente,  pero pienso que hay pocas dudas de la preferencia por Jus¬to en una gran mayoría de la oficialidad" ( 22 de abril de 1931).

Un síntoma de la verdadera realidad la dio la elección del general Manuel Rodríguez, en marzo de 1931, como presidente del Círculo militar, evidencia de la influencia justista en el cuerpo de oficiales.