El 8 de abril de 1852 se envió una circular a los gobernadores de provincias, firmada por Luis J. de la Peña, ministro de relaciones exteriores, por orden de Urquiza.
Se mencionaba una comunicación anterior en la que se daba cuenta del encargo conferido por los signatarios del pacto del 4 de enero de 1831 para dirigir los asuntos generales del país, y agregaba:
"Hoy le es grato llenar otro deber (al director provisional), que tiende a complementar la obra iniciada por los pueblos, en ese gran vínculo nacional, propendiendo todos de acuerdo a la organización de la república, tan anhelada por los buenos y leales hijos que ella encierra. S. E., que decididamente quiere ver llegar ese momento feliz, y que a el concurran los elementos más poderosos, para la uniformidad en tan grande obra, ha concebido la idea de una reunión solemne de los Exmos. gobernadores de las provincias confederadas, que forme el preliminar de la constitución nacional. Grandes y poderosos bienes esperan S. E. del patriotismo y decisión de esos guardianes de las libertades públicas; y confía que tal idea será valorada por sí misma, bajo el punto de vista que ella se merece. Persuadido que V. E. tendrá el mayor placer en concurrir con su persona a tan importante objeto, ha ordenado al infrascripto lo invite a esa reunión general, que deberá tener lugar en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, el día 20 de mayo próximo ..."
Aparte de la circular firmada por el ministro de relaciones exteriores, el propio Urquiza escribió a algunos gobernadores para asegurar su concurrencia y para recomendarles que obtuviesen de las respectivas legislaturas los mandatos para intervenir con poderes adecuados en la reunión. Los gobernadores respondieron a la invitación, aunque poco antes habían condenado casi por unanimidad a Urquiza y defendido a Rosas, y se pusieron en marcha hacia San Nicolás, provistos de los poderes de las legislaturas respectivas. El gobernador de Buenos Aires pidió permiso para ausentarse de la capital y asistir a la conferencia de San Nicolás, pero ello no implicaba autorización ni instrucciones para comprometer su firma en ningún convenio definitivo.
La primera sesión se realizó bajo la presidencia de Urquiza entre el 26 y el 28 de mayo, no el 20, como se afirma corrientemente; pero la inauguración oficial tuvo lugar el 29 de mayo, según prueban las actas.
Estuvieron representadas once provincias: Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, San Luis, Mendoza, San Juan, Catamarca (por no poder acudir su gobernador Pedro José Segura, fue designado para representarla el general Urquiza), La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero. Los gobernadores de Salta, Jujuy y Córdoba no llegaron a tiempo y suscribieron posteriormente el acuerdo.
Entre los asistentes figuraba Celedonio Gutiérrez, de Tucumán, que había asumido el gobierno poco después de la ejecución de Marco Avellaneda en 1841, con la suma del poder público y confiscó bienes, autorizó la persecución y la muerte de, los unitarios, publicó listas de proscripción y encarceló y puso grillos a damas tucumanas respetables. Había hecho fusilar poco antes a Juan Crisóstomo Álvarez, que apareció en la provincia al frente de un núcleo revolucionario después del pronunciamiento de Urquiza, derrotó a los parciales del gobernador en Los Cardales y Tapia y fue vencido, tomado prisionero y ejecutado en El Manantial. En el curso del viaje a San Nicolás, Gutiérrez fue depuesto por un levantamiento, local.
También acudió el general Pablo Lucero, de San Luis, que combatió contra Lavalle y fue impuesto por Manuel Oribe, notorio perseguidor de los unitarios.
El gobernador de San Juan desde 1836, Nazario Benavidez, fue fiel al dictador, pero no extremó la persecución contra los enemigos; intentó reiteradamente que le acompañase a San Nicolás el doctor Guillermo Rawson, pero éste se hallaba ya en oposición y contribuyó pronto a la caída de Benavidez.
Pedro Pascual Segura, gobernador de Mendoza, fue destituido por orden de Rosas en 1847, por no ajustarse al pie de la letra a su política; un movimiento popular lo repuso en el mando en marzo de 1852.
Manuel V. Bustos, de La Rioja, impuesto por una revolución local, no fue reconocido por Rosas como gobernador legal, pero lo toleró.
Desde octubre de 1851 gobernaba en Santiago del Estero Manuel Taboada, que aseguró la frontera contra las irrupciones de los indios e inició obras de bien público; en su ausencia, le sustituyó su hermano Antonino.