Los debates

Se resolvió que los ministros de los gobernadores constituyesen una comisión y formulasen el proyecto a discutir. En la comisión intervinieron Vicente Fidel López, de Buenos Aires; Juan Pujol, de Corrientes; Manuel Leiva, de Santa Fe; Francisco Pico, de Entre Ríos; Tadeo y Tomás Rojo, de San Juan y San Luis; Vicente Gil, de Mendoza; Agustín Justo de la Vega, de Tucumán y La Rioja.
Pujol repitió su proyecto rechazado en Palermo y lo defendió con honesta convicción, allí sostuvo que Buenos Aires era la capital conquistada por la república en Caseros y que la victoria debía proclamar la ley orgánica de Moreno, Rivadavia y Agüero. Logró la adhesión de los asesores de los gobernadores a su tesis y explotó hábilmente las, desconfianzas y antagonismos.
Francisco Pico, apoyado por Vicente Fidel López, presentó y defendió el proyecto que había redactado de conformidad con Vélez Sarsfield. No se hablaba allí de capitalización de Buenos Aires ni de organización del gobierno provisional; respondía así a las exigencias y a la situación excepcional de que tenía que salir el país por medio del congreso.
El debate fue apasionado y se centró al fin en la cuestión de la capitalización; los hermanos Rojo se distinguieron como adalides de la descapitalización de Buenos Aires; Pico y López defendieron el derecho de Buenos Aires a discutir como provincia intacta lo concerniente a la futura constitución nacional.
No se hizo alusión a la organización del gobierno provisional; no la sostuvieron Pico ni López, pero no se opusieron a ella. Aceptaron la fórmula de Alsina y Vélez Sarsfield, aunque en proyectos legislativos y en la correspondencia privada se mostraron partidarios de los gobiernos fuertes y no temieron depositar en manos del vencedor de Caseros la tarea de la organización nacional.
Los ministros y asesores de los gobernadores no se pudieron poner de acuerdo sobre una plataforma común. Se designó entonces a Pujol, a Pico y a López para que la hallasen, pero la intransigencia de las partes se mantuvo y todo esfuerzo para alcanzar una solución fue inútil.
Al fin hubo que informar a los gobernadores acerca de la disidencia insalvable y de los fundamentos de la misma. Se renovó entonces el debate, que tuvo caracteres y momentos violentos. Cuando todo parecía agotado, salió de su reserva el general Urquiza y dijo: "Lo que importa es que el congreso se reúna pronto; él hará lo que creyere justo". Propuso luego suspender la conferencia y nombrar a otra persona que, asociada a la comisión de los dos proyectos en debate, formulase uno nuevo con arreglo a las opiniones vertidas y las uniformara según lo creyese más conveniente para el fin propuesto en aquella reunión. La elección de la persona recayó por unanimidad en Manuel Leiva, que poseía ideas claras acerca de la organización nacional y respondía al pensamiento íntimo de Urquiza. El nuevo proyecto, que probablemente ya había sido delineado en Palermo, fue aprobado en la primera reunión de los ministros y la asamblea de los gobernadores lo sancionó, siendo firmado sin observación alguna.
Urquiza había abandonado su actitud prescindente originaria; dio su adhesión al dictamen definitivo y determinó así la actitud de los gobernadores. La asamblea admitió luego el juramento del director provisional de la nación.
Quedó así reconocida la hegemonía de Urquiza por la primera liga de gobernadores de la república, aunque el designado no hizo uso del poder que se le concedía y luego fue simplemente presidente constitucional de la república.