El ministro de gobierno, Valentín Alsina, se dirigió a sus colegas de provincias para relatarles los hechos y justificar la conducta de Buenos Aires.
El 19 de setiembre, la legislatura dirigió un manifiesto a los gobiernos y ciudadanos de las provincias hermanas de la Confederación Argentina, en cuya redacción se advierte la pluma de Mitre, donde explica la revolución y reitera los propósitos de Buenos Aires de mantenerse fiel a la unidad nacional. Anuncia jactanciosamente en ese mensaje que cuenta con más de 15.000 ciudadanos en armas y que podría poner en pie de guerra un ejército de 25.000 si fuese necesario.
Al día siguiente la Sala de representantes comunicó al poder ejecutivo una ley según la cual no debe reconocer ningún acto de los diputados reunidos en Santa Fe como emanados de autoridad nacional y dispone el retiro inmediato de los que llevaron el nombre de diputados de la provincia de Buenos Aires, Salvador María del Carril y Eduardo Lahitte.
Para completar su obra, el 22 de setiembre fue sancionada otra ley retirando a Urquiza el encargo de dirigir las relaciones exteriores, según proyecto redactado por Vélez Sarsfield; Buenos Aires haría cumplir las normas generales del derecho internacional público y privado o las que hubiesen establecido tratados especiales con países extranjeros en todo el territorio bajo su jurisdicción; prohibía invertir fondos en costear representantes o empleados en el exterior mientras no existiese una autoridad nacional representativa del país.
Con esas dos leyes rompía Buenos Aires todo vínculo con el resto de las provincias y pronunciaba una verdadera segregación, aunque proclamase su fidelidad a la idea de la organización nacional.
El 29 de setiembre, Alsina comunicó a los gobiernos de provincia que Buenos Aires le había retirado a Urquiza los poderes para entender en las relaciones exteriores y que asumía, en cuanto a ella misma, esa representación.