Congreso y Poder ejecutivo

El radicalismo no modificó la esencia del unipersonalismo; sólo quiso que los presidentes fuesen elegidos por el sufragio universal y el voto secreto, libre; pero en todo lo demás se mantuvo la misma estructura. Y en ese orden, no rompió el círculo el personalismo yrigoyenista, sino que lo reforzó con su sometimiento voluntario a las sugestiones del caudillo. Se podría hablar de un cesarismo presidencial como nota distintiva, y el cesarismo presidencial fue agravado por la poca disposición del Congreso para colaborar con el poder ejecutivo; desvió toda la vida parlamentaria a los debates de carácter político y dejó de lado, ignoró o trabó la obra legislativa y constructiva, por iniciativa propia o del poder ejecutivo; el acento había sido puesto apasionadamente en la disputa parlamentaria, en el ataque y en la defensa.

Ya antes de constituirse el Congreso pulularon los proyectos de interpelación al poder ejecutivo. Esta vez hacían punta los socialistas independientes, una fracción desprendida del viejo partido socialista, menos desprestigiada que el antipersonalismo y menos resistida por los conservadores que los socialistas tradicionales.

La mayoría radical de la Cámara ,de diputados hizo fracasar muchas sesiones por falta de quórum. Finalmente, el 24 de mayo se constituyó el Congreso e inauguró sus sesiones. Yrigoyen remitió un mensaje para su lectura en la asamblea; enumeraba todo lo hecho en los siete meses de gobierno: la defensa de la producción contra los efectos de la crisis mundial, la renovación de numerosas obras públicas, nuevo impulso a los transportes ferroviarios, proyecto de nuevas líneas estatales y compromiso de las empresas de renovación del material rodante. Se anunciaba que sería presentado al Congreso un plan de trabajo y se sugería que se prestase atención a proyectos presentados en 1916 y 1922, entre ellos los relativos a la legislación obrera. "La legislación social es inferior a las exigencias de la sociedad. Nuestra estructura económica no está suficientemente tutelada". En cuanto a la legislación obrera "sus realizaciones en el derecho positivo se han atenuado inopinadamente". Decía que "es menester mejorar la legislación protectora de los que trabajan, creando organismos preventivos de los conflictos que se presentan y llevando a los obreros la certidumbre de que la asistencia del Estado acudirá siempre en su socorro cuando las vicisitudes de la vida amenacen la subsistencia de su hogar y el destino de sus hijos".

.

Los radicales lograron al fin superar la oleada de las interpelaciones proyectadas, de tono obstruccionista y de simple polémica, y poner en el tapete algún debate, como el de la ley orgánica de jubilaciones bancarias. El Senado no quiso derogar el acuerdo que dejaba en el cuerpo mismo la facultad de nombrar las comisiones internas, como se había resuelto en 1923, al margen de la presidencia.

La discusión de los diplomas de San Juan y Mendoza en el Senado ocuparon 16 sesiones, casi dos meses de 1929; 11 de esas sesiones fueron dedicadas a la discusión de los diplomas de Federico Can toni y Carlos R. Porto, rechazados al fin; 5 sesiones ocupó el del senador José W. Lencinas, de Mendoza, que también fue rechazado; en total, casi dos meses del período parlamentario de 1929. Tres diputados radicales dejaron oir voces discordantes de las de la mayoría: Raúl Oyhanarte, Eduardo Aráoz y Modesto Quiroga. Raúl Oyhanarte invitó a sus colegas a reconciliarse con la legalidad; hermano de Horacio, era yrigoyenista neto, pero no obsecuente.

Esos debates políticos, reflejo de una oposición cerrada al gobierno, hecha con toda intención por varios sectores, dejaron relegado el proyecto en revisión sobre nacionalización y explotación del petróleo por el Estado; las reformas a la ley de arrendamientos; el Banco Agrícola; las cédulas hipotecarias (aumento de la circulación) ; los bonos de pavimentación para la capital federal, proyecto que luego fue convertido en ley; el censo ganadero. Durante el período de 1929 únicamente fueron sancionadas 34 leyes: entre ellas la de la jornada legal de trabajo; L del censo ganadero nacional, proyectado ya en septiembre de 1919, reproducido por Mario M. Guido; la aplicación de las leyes de trabajo, inspirada en decretos del poder ejecutivo; la ley de jubilaciones y pensiones para bancarios, según un proyecto de Leónidas Anastasi y el mensaje del poder ejecutivo en septiembre de 1921; fue sancionada en diciembre de 1929; la emisión de cédulas hipotecarias, para lo cual el poder ejecutivo pidió sanción urgente, el 7 de diciembre de 1929.

No tuvo sanción el proyecto de convenio comercial con Gran Bretaña, lord D'Abernon-Oyhanarte; ni la ley de defensa sanitaria de la República, ni el proyecto de creación del Banco Agrícola, ni la reforma de la ley de arrendamientos; tampoco fue considerado el mensaje que urgía al Senado la sanción del proyecto en revisión sobre nacionalización del petróleo.

El convenio comercial con Inglaterra,raíz de la misión que llegó a fines de 1929, presidida por lord D'Abernon, concreta un crédito recíproco por 100 milones de pesos; el gobierno argentino podría adquirir materiales ingleses para los ferrocarriles del Estado, con preferencia, y Gran Bretaña adquiriría cereales y otros productos argentinos; fue aprobado por la Cámara de diputados, pero quedó encarpetado en el Senado.

La Unión Soviética intervenía en el campo de la competencia petrolera, y la Argentina se hallaba mediatizada por los intereses petroleros ingleses y norteamericanos. La grave disminución de las exportaciones agropecuarias había creado una situación fiscal difícil y el poder ejecutivo negoció con la sociedad Iutantorg el abastecimiento de 250.000 toneladas de petróleo durante tres años, a cambio de cueros, extracto de quebracho, lana, ovejas en pie y caseína. A fines de julio de 1930 quedaron ultimados los puntos del convenio y en agosto se hallaba listo para la firma presidencial; pero los acontecimientos 'de septiembre interrumpieron ese acuerdo negociado de gobierno a gobierno, lo mismo que se habla negociado el convenio con Gran Bretaña a través de la misión D'Abernon, no por mediación de monopolios de la comercialización.

Nicolás Repetto denunció en la sesión del 28 de agosto de 1930 la decadencia del Congreso, tanto por su capacidad de trabajo, por su método, como por la acción diaria de los legisladores; había llegado a ser un parlamento que, "comparado con el que encontré en el año 1913, en ocasión de mi primera elección, muestra una profunda declinación. Los valores intelectuales, los valores morales, la aptitud de trabajo, todo esto, juzgado en su conjunto, ha decaído enormemente en este último tiempo, y sobre todo en estos dos o tres años últimos"... Era el ataque habitual de los socialistas al parlamento de mayoría radical.

En Entre Ríos, en julio de 1930, obtuvieron los antipersonalistas la mayoría en la legislatura, 16 diputados y 7 senadores; del total de 41 miembros, 23 se oponían al personalismo. Para frustrar las funciones parlamentarias, los senadores personalistas se rehusaron a concurrir a la legislatura, y de nada valieron las citaciones y las multas; el 12 de agosto el senador provincial, Atanasio Eguiguren, fundó un proyecto por el cual se expulsaba a los senadores recalcitrantes, argumentando al respecto sobre la facultad discrecional de la cámara para proceder así. Su proyecto fue aprobado.