La Resistencia peronista es el nombre que recibe un período de la historia del peronismo y un movimiento de resistencia a las dictaduras y gobiernos civiles argentinos instalados a partir del golpe de estado de septiembre de 1955 —que derrocó al gobierno constitucional de Juan D. Perón— y hasta el 25 de mayo de 1973, fecha en la que asumió el gobierno constitucional de Héctor José Cámpora.
La Resistencia Peronista constituyó la justificada reacción de un sector considerable del pueblo argentino al intento de Aramburu y Rojas de extirpar la ideología que más hondo había calado en el sentir de los sectores populares. A decreto limpio, los golpistas de la Revolución Libertadora se propusieron eliminar doce años de nuestra historia, condenando a la marginación social y política a millones de compatriotas. Estableciendo una especie de “apartheid”, que hasta castigaba la posesión de una foto de Perón o Eva. Casi todo le estaba vedado al peronismo: reunirse, cantar, elegir, agremiarse, organizarse o peticionar. No sólo se eliminó por decreto la legítima Constitución de 1949, los seguidores del Gral. Perón tampoco podían ejercer los derechos que establecía la de 1853.
En nombre de la democracia se le impidió disfrutar de sus beneficios al sector mayoritario de la población. Ante esto se levantó una gesta, impulsada desde abajo, por millares de militantes, que detectaron muy pronto, que no era posible actuar de otra forma que a través de una rebelión que adquirió muchas veces, características violentas, pero que no se acercaba ni remotamente, a la ejercida desde el poder.
Durante el corto período de Lonardi hubo algunas acciones de las bases peronistas que mostraban su oposición al nuevo gobierno. Así el 17 de octubre de 1955, en varios puntos del país, se efectuaron actos relámpagos que fueron reprimidos por la policía. Pero el intento contradictorio e inviable de Lonardi, expresado por la fórmula “ni vencedores, ni vencidos”, buscó ciertas negociaciones con el sindicalismo peronista y algunos dirigentes políticos que sólo consiguieron irritar por igual, a peronistas y al sector más recalcitrante del oficialismo, estos últimos entendían que había llegado el momento de la revancha y que la victoria daba derechos. Estas disputas internas del gobierno surgido del golpe de estado, no expresaban dos tendencias con distintos objetivos, ambos grupos buscaban la desaparición del peronismo, la diferenciación estaba dada en la metodología. Lonardi presentía la peligrosidad de acosar y acorralar a ese movimiento político.
Mientras intentaba negociar, Lonardi denostaba diariamente a Perón, miles de dirigentes eran detenidos, y recurría a todo tipo de demostraciones para herir la sensibilidad del peronismo, como lo fue la exposición de pertenencias de Perón y Evita. Mientras tanto, los sindicatos eran asaltados por los denominados “comandos civiles”. A pesar de las promesas pacificadoras del gral. Lonardi no podía controlar al sector más resueltamente antiperonista. Paralelamente, los empresarios se frotaban las manos, su hora había llegado, su descarnado revanchismo a tanta legislación social, produjo una secuela sin precedentes de despidos por causas políticas o gremiales.
Cuando Aramburu tomó el poder adoptó medidas que mostraban a las claras el rumbo elegido, convenciendo a la casi totalidad del peronismo de la imposibilidad de cualquier intento conciliador. El secuestro del cadáver de Eva Perón, la intervención a la C. G. T. y la disolución del Partido Peronista; tanto como la represión del paro del 14 de noviembre de 1955, evidenciaron hasta que punto, su gobierno estaba dispuesto a llegar en el afán por destruir al peronismo y sus organizaciones.
Hacia fines de 1955 se suceden diariamente las detenciones, algunos de ellos eran militares retirados por adherir al peronismo que habían tomado contacto con civiles para buscar una respuesta organizada a esta política aramburista.
Todo el territorio nacional fue testigo de esta persecución, en diciembre los diarios informaban que en La Plata resultaron detenidos el coronel Gentiluomo, un suboficial y 22 civiles acusados de efectuar reuniones ilegales. En Mendoza fueron detenidas varias personas por alteración del orden público, las que fueron puestas a disposición del Poder Ejecutivo, entre ellas había cinco militares retirados. En la provincia de Córdoba, 80 personas fueron encarceladas acusadas de estar implicadas en un supuesto complot. En tanto, en San Luis un grupo de suboficiales de la guarnición local intentó levantar la tropa en la madrugada del 23 de diciembre, según los informes oficiales, tenían conexiones con civiles.
El gobierno a través de la Dirección Nacional de Seguridad dio a conocer un comunicado que establecía: “...todo el que persista en perturbar el orden público será detenido y confinado, conforme a expresas facultades otorgadas por el Estado de Sitio”.
Todos estos hechos mostraban el estado de ánimo de las bases peronistas y sus denodados esfuerzos por buscar formas para el reagrupamiento y la reorganización del movimiento, a la vez el gobierno comenzaba a vislumbrar que su tarea para dar “una solución final” al peronismo se encontraba con una muralla humana predispuesta a dar batalla. Aún sin instrucciones precisas, como simple mecanismo de autodefensa, el peronismo comenzaba sus primeras acciones de resistencia.