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Menem(primera)
Política Económica
Política económica
El grupo Bunge y Born propuso a Miguel Ángel Roig y Menem fue nombrado Ministro de Economía, quien hasta ese momento se desempeñaba como vicepresidente ejecutivo general de Bunge & Born y a partir de su designación se dedicó a diseñar el denominado "Plan BB".
Plan BB
Propusieron un modelo económico basado en los postulados del economista estadounidense Lawrence Klein, y la inversión de US$ 3.500.000.000 por parte de los conglomerados empresariales. Para B&B, propietaria de 89 compañías en ese momento, significó la posibilidad de alcanzar el liderazgo en el país frente a Pérez Companc. La designación de Roig a cargo de la cartera de economía fue anunciada por Menem el 30 de mayo, finalizando la disputa interna que existía con el economista Domingo Cavallo, quien sería designado entonces Canciller.
El 19 de junio, Roig anunció su plan económico, con medidas tales como elevar el valor del dólar y fijarlo en un determinado precio, crear una nueva moneda, hacer autónomo al Banco Central, refinanciar la deuda interna en títulos y bonos de manera compulsiva, emitir líneas de crédito blandas y dar un shock productivo, favoreciendo las exportaciones, flexibilizando el trato a la inversión extranjera y privatizando servicios a cargo del Estado. En cuanto a la creciente deuda externa, se negociaría la postergación del pago de intereses a cambio de facilidades a bancos privados para capitalizar la deuda externa. El 24 de ese mes, el economista designó a Javier González Fraga como futuro presidente del Banco Central.
En los siguientes días, Roig anunció la suba de salarios (una promesa electoral de Menem, divulgada como Salariazo), así como del precio de la nafta, al tiempo que presentó al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Emergencia Económica y se reunió con los grupos empresarios para intentar poner un freno a la inflación, negociando la firma de una tregua de precios. Juró como Ministro de Hacienda el 9 de julio de 1989, y murió el 14 del mismo mes en su automóvil, como consecuencia de un infarto, el día en que se proponía concretar el acuerdo de precios con los grupos empresariales, que sería firmado dos días después. Lo sucedió en el cargo Néstor Rapanelli que se desempeñaba como vicepresidente de Bunge & Born
Ley de Reforma del Estado
La ley 23.696, conocida comúnmente como Ley de Reforma del Estado, fue una ley sancionada el 17 de agosto de 1989 en Argentina, durante el gobierno de Carlos Menem. Autorizaba al presidente a proceder con la privatización de un gran número de empresas estatales y a la fusión y disolución de diversos entes públicos. La iniciativa fue impulsada por el oficialista Partido Justicialista y sus aliados, entre ellos la UCeDe, que apoyaron en gran medida su aplicación por el gobierno menemista. Álvaro Alsogaray sostenía por aquel entonces que "Achicar el estado es agrandar la Nación"
Plan Bonex
Ante la segunda hiperinflación, que se desató después de una nueva devaluación en diciembre de 1989 le pidió la renuncia al ministro Rapanelli esto hace la finalización del Plan BB, y designa al frente de la cartera de Economía a Antonio Erman González. El nuevo ministro encontró una persistente acumulación de deuda interna, con la colocación indiscriminada por parte del gobierno nacional de títulos públicos con intereses gravosos y una creciente acumulación de atrasos en pagos a proveedores, contratistas de obras, y deudas con los beneficiarios del sistema previsional, para diciembre de 1989, los depósitos a plazo fijo a 30 días se pactaban con tasas por encima del 400%. Ante esta realidad, el 28 de diciembre de ese año, el gobierno concretó un canje compulsivo de todos los plazos fijos que superaran el millón de australes, a cambio de bonos (denominados Bonex 89) que vencían en 1999 mediante el dictado del decreto 36/90 y adicionalmente se prohibió a las entidades financieras recibir depósitos a plazo hasta nuevo aviso, se estimó que la confiscación alcanzó al 60% de la base monetaria, lo que provocó una fuerte recesión, producto de una importante caída de la liquidez.
La puesta en marcha del Plan Bonex causó un profundo impacto en la población y significó una gran pérdida para los tenedores de plazos fijos, también, se adoptaron algunas medidas anexas, como prohibir por cuatro meses las licitaciones para la compra de bienes e inversiones del Estado y estableció la obligatoriedad de la autorización previa del Ministerio de Economía para cualquier compra o contratación de organismos del Estado. Finalmente, en marzo de 1990, el Ministro lanzó una serie de medidas aún más restrictivas:
- Suspensión de todo trámite de contrataciones y licitaciones.
- Eliminación de los reembolsos a las exportaciones
- Se prorrogó la suspensión de beneficios a los regímenes de promoción industrial.
- Se achicó el aparato administrativo del Estado, suprimiéndose secretarias, subsecretarias y direcciones.
Con estas medidas, la balanza comercial en 1990 obtuvo un superávit extraordinario: las exportaciones superaron en un 34% a las del año anterior, mientras que las importaciones sólo fueron un tercio de aquellas.
Los rumores de corrupción y denuncias contra algunos sectores del gobierno, provocaron una aceleración de la inflación y la posterior renuncia de Erman González y su equipo en enero de 1991, asumiendo así Domingo Felipe Cavallo.
Privatizaciones de empresas estatales
La ley 23.696, conocida comúnmente como Ley de Reforma del Estado, fue una ley sancionada el 17 de agosto de 1989 que autorizaba al presidente a proceder con la privatización de un gran número de empresas estatales y a la fusión y disolución de diversos entes públicos.
La privatización de Entel fue una de las primeras y más importantes del gobierno menemista, dirigidas por el entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, José Roberto Dromi y conducido por la ministra de la UCD María Julia Alsogaray . Se destacó por el incremento del valor de las tarifas telefónicas de manera abrupta. El 7 de febrero de 1990 el aumento fue del 112 %, elevándose a más del 300 % a fines del mismo mes. El valor de ENTel fue fijado en USD 1.672 millones, cuando según estimaciones, su valor real de los activos duplicaba esa suma, a Entel le siguió la privatización de Aerolíneas Argentinas, la red vial, los canales televisivos (con la excepción de ATC, hoy Canal 7), gran parte de las redes ferroviarias, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Yacimientos Carboníferos Fiscales, Gas del Estado, Subterráneos de Buenos Aires, el CEAMSE, la Casa de la Moneda, etc. que condujeron a numerosas críticas y denuncias de irregularidades.
Una de las áreas donde las privatizaciones tuvieron un impacto positivo fueron las telecomunicaciones que experimentaron un proceso de modernización, a fines de los 80 la instalación de una línea telefónica se debía esperar hasta 15 años. El desorden administrativo llegó ser de tal magnitud que a fines de 1984 estaban instaladas 2.582.103 líneas, pero 252.992 estaban muertas y no funcionaban, existían 1.161.140 solicitudes de instalación que inútilmente esperaban durante 15 años que se les instalara un aparato. ENTel solo tenía capacidad para instalar 77.400 líneas por año. El sistema telefónico colapsó a fines de los ´80 y se hizo necesario proceder a una privatización. Las compañías licenciatarias procedieron a instalar nuevos cables de fibra óptica, digitalizaron las líneas telefónicas e instalaron centrales automáticas de última generación. Con ello fue posible pasar de un período de instalación de 15 años a 24 o 48 horas en la mayoría de los casos. Se incorporó el servicio celular y el acceso a Internet. La pobreza se redujo sensiblemente; en mayo de 1990 era del 42,5 %, y en el mismo mes del año 1994 había llegado al 16,1 % el PBI (producto bruto interno), creció entre 1991 y 1994 en valores inusuales
En los servicios públicos, las privatizaciones produjeron mejoras de calidad en algunos rubros (electricidad y telefonía, entre otros), mientras que en otros el impacto fue negativo, como en los transportes ferroviarios, este último en particular por el cierre masivo de los servicios de pasajeros de larga distancia, ocurrido el 10 de marzo de 1993. Si bien los servicios de trenes privatizados urbanos del área metropolitana y cargas en general registraron leves mejorías, finalmente con la crisis de 2001 y la posterior devaluación de la moneda desnudaron las frágiles condiciones contractuales que llevaron a las empresas a la quiebra, el posterior vaciamiento de su infraestructura y finalmente a un deterioro del servicio en parte sostenido por subsidios. Al mismo tiempo, los principales inconvenientes económicos generados por esta política fueron una disminución de la competitividad basada en el tipo de cambio y un crecimiento del desempleo.
Gestión de Domingo Cavallo
Para lograr la estabilidad el Gobierno menemista llevó adelante, desde 1990, un replanteo integral de la organización económica. Ella incluyó la apertura generalizada al comercio exterior y al movimiento de capitales, la desregulación económica y la privatización de empresas públicas, la reducción del aparato burocrático del Estado, la reorganización del sistema tributario y la creación de un nuevo régimen monetario. Sin embargó la inflación alcanzó el 2314 % en 1990.
En 1991, como parte de la reforma económica dispuesta por el presidente Carlos Menem y llevada a cabo por el ministro Domingo Cavallo, siguiendo los lineamientos desreguladores del Consenso de Washington, por el decreto Nº 2284/91 se disolvió la Junta Nacional de Carnes, junto con otras entidades similares, como la Junta Nacional de Granos, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (I.N.V.) y el Instituto Nacional del Algodón. El proceso de desinflación fue continuo y sostenido, pasando de 2314 % en 1990 a 84 % en 1991, 17.5 % en 1992, 7.4 % en 1993, 3.9 % en 1994, 1.6 % en 1995 y 0 % en 1996.
Sin embargo, pese al fuerte aumento del PBI, el nivel de empleo había crecido relativamente poco, según los funcionarios del Gobierno, esto se debía a una recuperación significativa de la productividad media del trabajo, ya que hasta los años ochenta existían numerosos empleos de baja productividad o llanamente improductivos que se habían creado artificialmente durante el período del Estado de bienestar. La tasa de desocupación aumentó a partir de 1992, para alcanzar el pico de 18.4 % de la población activa desocupada, en mayo de 1995. Aunque se esperaba que en el mediano y largo plazo, el aumento del ahorro interno, reflejado en un fuerte crecimiento de los depósitos bancarios, así como en la acumulación de aportes a los fondos de pensiones, se transformara en oferta de crédito hipotecario para viviendas.
Para 1994 la Ley de Convertibilidad y la Ley de Reforma del Estado, parecían exitosas: habían logrado erradicar la inflación que había azotado a la economía durante más de cuatro décadas, habían logrado recuperar niveles de inversión y de crecimiento que solo se habían visto a comienzos del siglo XX.
Ley de Convertibilidad del Austral
La Ley de Convertibilidad del Austral, Ley 23.928, fue decretada el 27 de marzo de 1991 por el Congreso de la República Argentina, durante el gobierno de Carlos Menem, bajo la iniciativa del entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo, y estuvo vigente durante casi 11 años hasta su derogación el 6 de enero de 2002. Establecía a partir del 1 de abril de 1991 una relación cambiaria fija entre la moneda nacional y la estadounidense, a razón de 1 dólar estadounidense por cada 10.000 australes o posteriormente un Peso convertible. Exigía la existencia de respaldo en reservas de la moneda circulante, por lo que se restringía la emisión monetaria al aumento del Tesoro Nacional. El período en que duró la ley de convertibilidad se llamó popularmente "el uno a uno", en clara referencia a la igualdad del peso frente al dólar estadounidense.
El nuevo régimen monetario logró estabilizar la economía tras la grave crisis hiperinflacionaria del gobierno de Alfonsín, a partir de abril de 1991, tras la aprobación de la Ley de Convertibilidad (ley N° 23.928), se estableció una paridad fija de 10.000 Australes por cada dólar y, a partir del 1 de enero de 1992, con el Peso convertible. El Banco Central se convirtió en una virtual Caja de conversión con la obligación de respaldar a cada peso en circulación de manera que cada peso en circulación pudiese ser canjeado por un dólar estadounidense, este plan produjo graves consecuencias en la industria argentina. La industria metalúrgica junto con la textil y la del calzado fueron sectores muy castigados. Los segmentos de mano de obra intensiva son los primeros que sufrieron las consecuencias. La apertura comercial de los años 1990, sumado al atraso cambiario de la convertibilidad, el menguado poder de compra interno por la destrucción del empleo y los bajos salarios, entre los principales factores, causaron estragos en la mayoría de los sectores industriales en aquella etapa.
En el período 1991-2000 la política fiscal arrojó un déficit promedio anual de 4,1% del PBI, con un total acumulado de 108.634 millones de pesos/dólares. En su primera etapa 1991-1994, ya había crecido 120%, pasando de los 32 mil millones a 70 mil millones de pesos/dólares. El gasto creció, junto a una financiación del déficit en el exterior. Se adoptó una política de endeudamiento que llevó la deuda externa pública durante su gestión de 45 000 millones de dólares (en 1989) hasta 145 000 millones (en 2000). Durante la vigencia de la Ley de Convertibilidad, debido al crecimiento exponencial de la deuda pública, el gasto público pasó de 46.351 millones de dólares en 1991 a 82.842 millones de dólares en 2001, un aumento del 79%, produciendo un constante y creciente déficit fiscal. En el caso específico de Argentina, la deuda pública externa pasó de $60.000 millones a $105.000 millones a pesar de que se vendieron la mayor parte de las empresas públicas. En mayo de 1991, a un mes de iniciado el plan, la pobreza en Buenos Aires y zonas aledañas (el conurbano bonaerense) era de 28,9%, al terminar el régimen de convertibilidad, diez años después la cifra era del 35,4%.
Reforma previsional
En la década de 1990, el crecimiento de la deuda y las presiones ejercidas por los organismos multilaterales de crédito internacional llevaron a la aplicación de las recetas neoliberales. Entre ellas el criterio de que la previsión social no debe tener como función la redistribución de ingresos, sino el fomento del mercado de capitales, a través de un esquema obligatorio de capitalización individual. De este modo, quedaba allanado el camino para la privatización del sistema previsional en la Argentina.
En 1994 durante la primera presidencia de Carlos Menem (1989-1995), se promulga la ley 24.241 que creó el llamado Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) administrado por empresas privadas (AFJP), sin embargo el trabajador no podía retornar al sistema de reparto estatal, esto significó una privatización de los servicios sociales, que produjo grandes controversias. Durante su vigencia la ley establecía que no había posibilidad de reajustes, ni carácter de intangibilidad de los depósitos aportados.
La esperada reducción en el gasto público y la mejora en la rentabilidad de los planes de pensiones no se cumplieron, al continuar pagando las jubilaciones vigentes pero ya sin contar con los recursos provenientes de las cotizaciones, la transición implicó un costo fiscal insostenible, que devino incluso en el irónico endeudamiento del Estado con los propios fondos de pensión. Por otro lado, la prestación previsional en el nuevo sistema correspondía solo parcialmente a las AFJP, que capitalizaban el aporte del trabajador. El Estado debía complementar dichos aportes, pero seguía sin resolver uno de los problemas originarios que había llevado a que el sistema jubilatorio deviniera una carga fiscal: recuperar los aportes patronales (de los empleadores) para el financiamiento de la seguridad social. Por otra parte, el Estado debía responder por los problemas de cobertura del sistema privado, así como por la insuficiencia de los ahorros capitalizados. Esto último era un punto particularmente preocupante, teniendo en cuenta que en torno al 30% del aporte de los trabajadores no era destinado a sus cuentas individuales, sino al pago de las comisiones de las AFJP.
Deuda externa
Plan Brady
El plan Brady se implementó en Argentina en 1992. Fue una exigencia para adquirir créditos internacionales y para limpiar los balances que los bancos no pudieran cobrar. Tenía el plan clausulas como que los Estados renunciaban a la soberanía de los activos en el exterior de manera irrevocable y perpetuamente, con excepción de las reservas internacionales y los bienes públicos. En diciembre de ese año se canjearon deudas por un total de 21.000 millones de dólares y se adicionó más de 8300 millones de intereses adeudados a través de la emisión de tres bonos:37 Fue una exigencia para adquirir créditos internacionales y para limpiar los balances que los bancos no pudieran cobrar. Tenía el plan clausulas como que los Estados renunciaban a la soberanía de los activos en el exterior de manera irrevocable y perpetuamente, con excepción de las reservas internacionales y los bienes públicos.63 En diciembre de ese año se canjearon deudas por un total de 21.000 millones de dólares y se adicionó más de 8300 millones de intereses adeudados a través de la emisión de tres bonos:
- Discount Bond (Bono con descuento): con una quita del 35 % y tasa flotante LIBOR de 0,8125 %. Unos 4300 millones de dólares fueron canjeados por esta opción, con la quita sería un equivalente a 2300 millones de dólares.
- Par Bond (Bono a la par): no tenía descuento pero pagaba una tasa de interés fija y más baja que crecía en el tiempo a unos 4 % a 6 % anual. Fue la predilecta de los acreedores, 12 700 millones de dólares se canjearon por este tipo de bono.
- Float Rate Bond (Bono a tasa flotante): a doce años con tres más de gracia y con una tasa LIBOR de 0,8125 %. Su emisión canjeó unos 8652 millones de dólares.
El plan Brady supuestamente significaría un alivio para la deuda soberana entre 1992 y 1993. Pero no fue así. Cuando Argentina entró al plan su deuda era de 63 000 millones de dólares, y se refinanciaron 33 000 milones de dólares. Pero para el año 2000, la deuda ―después de costosísimos pagos―, era de 150 000 millones de dólares.
Vladimir Hernández
Erman Gonzalez y la Emision de Bonex 89
Era diciembre de 1989, con Carlos Menem en la Presidencia, cuando el equipo económico decidió sortear el contexto de hiperinflación heredado del gobierno de Raúl Alfonsín apelando a estos bonos que se dieron a conocer como los Bonex 89, con los que se pensaba restar liquidez y así calmar el alza desbocada de los precios. La formalización del canje compulsivo se llevó a cabo con Antonio Erman González como nuevo ministro de Economía el 28 de diciembre de ese año, Día de los Inocentes. Más oportuno, imposible.
Monedas en Argentina hasta la Ley de Convertibilidad
El Peso Moneda Nacional (Símbolo: m$n) fue la moneda vigente en la Argentina en el período 1881-1969. Fue creada mediante la Ley 1.130, sancionada el 5 de noviembre de 1881 con el objetivo de unificar el sistema monetario en el país, que hasta ese entonces, era bastante caótico, ya que habían varios tipos de moneda (Pesos Moneda Corriente, Pesos Fuerte) y además circulaban libremente monedas extranjeras. Esta ley determinó que la unidad monetaria de la Argentina fuese el peso de oro y plata y que los bancos de emisión debían renovar toda su emisión de billetes a moneda nacional, en 1891 se liquidó el Banco Nacional y se fundó el Banco de la Nación Argentina. En 1935 se creó el Banco Central de la República Argentina reemplazando a la Caja de Conversión.
El Peso Ley 18.188 (Símbolo: $Ley) fue la moneda vigente en la Argentina en el período 1970-1983, popularmente conocida como peso ley. Cada peso ley equivalía a 100 m$n (Peso Moneda Nacional), para el 15 de abril de 1969, a causa de una devaluación de la moneda durante una dictadura militar, se decretó una nueva emisión monetaria que dispuso la supresión de dos ceros en las monedas y billetes. De esta manera, 1 Peso Ley 18.188 = 100 Pesos Moneda Nacional. El Peso Argentino (símbolo: $a) fue la moneda vigente en la Argentina en el período 1983-1985, la nueva reforma monetaria fue sancionada en 1983 con la Ley 22.077, también durante la dictadura militar por la devaluación de la moneda, que creaba un nuevo signo monetario, suprimiendo cuatro guarismos al Peso Ley 18.188.
El Peso Argentino entró en vigencia el 1° de junio de 1983. Cada Peso Argentino equivalía a 10.000 $ (Peso Ley 18.188). A diferencia del anterior cambio de moneda, esta vez no hubo resellado de billetes.
Sin embargo, la inflación en este periodo siguió en ascenso y en junio de 1985, fue reemplazada por una nueva moneda, el Austral.
El Austral se convirtió en moneda de curso legal de la República Argentina el 14 de junio de 1985, cuando el entonces presidente Raúl Alfonsín firmó el decreto 1096, anunciando un nuevo plan económico (llamado Plan Austral) del entonces ministro de Economía Juan Vital Sourrouille para contener una inflación que venía siendo creciente. Su símbolo era una A con el detalle de que la línea horizontal era doble (analogía de $).
El plan incluyó la creación de una nueva moneda, equivalente a 1.000 $a (Peso Argentino). En un principio el plan pareció exitoso para contener la alzada inflacionaria, pero hacia 1986 comenzó a desvalorizarse con respecto al dólar y nunca más logró reposicionarse. El austral se llegó a depreciar un 5.000% anual con respecto al dólar hacia 1989. En 1992 fue reemplazado por una nueva unidad monetaria, el Peso Convertible, a razón de 10.000 australes por peso.
El Decreto del Poder Ejecutivo N° 2.128 del 10 de octubre de 1991 dispuso la puesta en vigencia, a partir del 1 de enero de 1992, de la LÍNEA PESO , En un contexto económico de hiperinflación de los precios, en 1991, el presidente Carlos S. Menem promulgó la Ley de Convertibilidad Nº 23.928 (27 de marzo de 1991), por la que se estableció una equivalencia de la nueva unidad monetaria denominada "Peso Convertible", con 10.000 australes de la línea anterior. Se estableció una paridad de un peso ($1) equivalente a diez mil australes (A 10.000). El peso era convertible con el dólar de los Estados Unidos, a una relación un peso ($1) por cada dólar. Los billetes emitidos en esa oportunidad llevaban la leyenda "convertibles de curso legal". Los billetes se ilustraron incluyendo los retratos de personalidades históricas argentinas del siglo XIX y con escenas históricas o edificios vinculados a los protagonistas retratados en cada ejemplar de papel moneda.
Evolución de la pobreza durante los gobiernos de Alfonsín y de Menem.
