La huelga ferroviaria de 1961

El 30 de octubre de 1961, tanto la Unión Ferroviaria como La Fraternidad iniciaron una huelga por tiempo indefinido, que se prolongaría por 42 días. El gobierno procuró cubrir servicios de emergencia convocando a personal policial y de gendarmería y ofreció pagos extras a foguistas y maquinistas para que trabajasen durante los días de paro, pero los obreros no respondieron al llamado a pesar de sus bajos salarios. La mayoría de los trabajadores ignoraron el llamado a presentarse al trabajo, y quienes por distintos motivos eran obligados a prestar servicio, eran liberados por los “comandos de rescate”.

El paro fue acompañado por asambleas, manifestaciones, piquetes, actos de sabotaje y atentados contra vagones y vías del ferrocarril. El gobierno respondió con la represión. Fueron numerosos los obreros detenidos y los allanamientos de locales sindicales y casas de trabajadores. La CGT decretó un paro nacional de 72 horas para los días 7, 8 y 9 de noviembre, que tuvo gran acatamiento en todo el país.

El Gobierno accedió a negociar debido a las pérdidas económicas que ocasionaba el conflicto y las presiones de los ámbitos económicos y financieros. Por su parte, las direcciones sindicales buscaban terminar con el conflicto: “los compañeros observaban que Scipione [dirigente de la Unión Ferroviaria] (…) tenían muchas ganas de terminar la huelga así como estaban las cosas, sin muchas exigencias”, sin embargo, “los trabajadores tomaron la protesta en sus manos, se dedicaron a formar distintas comisiones (solidaridad, difusión y prensa, búsqueda de alimentos, seguridad) que permitieron extender durante más de cuarenta días la medida de fuerza” .

El fin de la huelga

Las organizaciones sindicales adoptaron desde el comienzo una posición conciliadora frente al plan. En enero de 1961, Frondizi se había comprometido a dar participación a los gremios en los planes de “reestructuración” de las empresas públicas –ferrocarriles, teléfonos, electricidad, obras sanitarias-, y las direcciones de la Unión Ferroviaria y La Fraternidad se mantuvieron a la expectativa.

Desatada la huelga, la dirigencia sindical ferroviaria se puso al frente, pero intentó mantener el diálogo con el gobierno y cuando éste lo rompe, inició conversaciones con la Iglesia a través del arzobispo de La Plata, Antonio Plaza, declarando casi constantemente que “un acuerdo era inminente”.

El 10 de diciembre se llegó a un arreglo que suspendía hasta el 31 de marzo de 1962 la aplicación de las normas que habían modificado el régimen laboral para ser revisadas por un nuevo directorio en el que participaban dos miembros propuestos por los dirigentes sindicales. Este también debía considerar la clausura de ramales cuando no hubiera razones de “antieconomicidad”.

No solo se mantenía la perspectiva del cierre de ramales, sino que un centenar de ferroviarios permanecieron detenidos, cerca de 3.000 trabajadores fueron cesanteados y se levantaron cientos de kilómetros de vías. El resultado de la lucha generó un gran descontento en la base de los trabajadores ferroviarios. Si bien el Plan Larkin no fue aplicado en su totalidad y se frenó el proceso privatizador, se pudo avanzar en parte del plan racionalizador.

Tras el fin de la huelga el gobierno llamó a elecciones para renovación de legisladores y elección de gobernadores que dieron el triunfo al peronismo en varias provincias profundizando la crisis del régimen y reforzando los cuestionamientos militares al gobierno de Frondizi que resultarán en su reemplazo por José María Guido.