Plan CONINTES

La política económica y educativa generaron gran resistencia entre los sindicatos y el movimiento estudiantil, como las grandes huelgas de los trabajadores petroleros, ferroviarios, de la carne, bancarios y metalúrgicos, y las grandes movilizaciones obrero-estudiantiles, organizadas por la FUA contra las universidades privadas conocidas por uno de sus eslóganes, «Laica o libre».

En 1958, a poco de asumir como presidente de la Nación, Arturo Frondizi dictó el decreto secreto 9880/1958, del 14 de noviembre, que permitía al presidente declarar el «estado conintes» (conmoción interna del estado), que el presidente Juan Domingo Perón había intentado utilizar el 16 de septiembre de 1955 durante el golpe de Estado que instauraría a la dictadura de Aramburu. restringiendo la vigencia de los derechos y garantías constitucionales y habilitando la militarización de la sociedad y la declaración del estado de sitio.

El Plan Conintes de Frondizi permitía declarar zonas militarizadas a los principales centros o ciudades industriales como La Plata, y autorizaba a las fuerzas armadas a realizar allanamientos y detenciones (en las cuales se interrogaban a sindicalistas y peronistas) sin cumplir las normas constitucionales. Además, durante el «estado conintes» se declararon ilegales las huelgas y manifestaciones.

El 12 de marzo de 1960 se produjo un atentado terrorista mediante la colocación de una bomba en el domicilio particular del capitán del Ejército David René Cabrera, en el que resultó muerta su hija de dos años y con heridas graves su hijo de seis años, al derrumbarse prácticamente toda la vivienda. El hecho, que fue realizado por indicación del dirigente de la resistencia peronista Alberto Manuel Campos, fue uno de los 1566 atentados realizados durante el gobierno de Frondizi —de donde resultaron asesinadas 17 personas entre civiles y militares— y determinó que en la reunión entre el presidente y los comandantes de las tres armas del 14 de marzo se dispusiera poner en ejecución el plan Conintes. 

En un principio los militares requerían otras medidas, como la ley marcial, la cual permitia la posibilidad de aplicar la pena de muerte. El teniente general Carlos Severo Toranzo Montero le había dicho al presidente: «(...) y con expresa constancia de fusilar a todo aquel que sea descubierto in fraganti. La ley marcial, de esta manera, va a limitar el terrorismo». Para evitar esto, Frondizi dio ejecución por segunda vez el Plan CONINTES. Así fue que el 14 de marzo de 1960, con el fin de reprimir las huelgas y protestas estudiantiles, el presidente Frondizi aplicó otra vez el Plan CONINTES y declaró a todo el país en «estado de conmoción interior del Estado».

Bajo el estado CONINTES, el Gobierno de Frondizi detuvo a cientos de opositores, sindicalistas y activistas estudiantiles; a estos presos se los llamó «presos Conintes». También intervino a los sindicatos. Para concentrar a los detenidos, Frondizi habilitó las prisiones militares de Magdalena y Punta del Indio, y reabrió la cárcel de Tierra del Fuego, instalada en la Isla de los Estados, que Perón había clausurado en 1947. Algunos de los presos famosos de ese momento fueron el comunista Rubens Íscaro, los peronistas Andrés Framini y José Ignacio Rucci, y el folclorista paraguayo José Asunción Flores.

Recién el 2 de agosto de 1961, Frondizi dio por terminado el estado conintes. En 1962 volvió a declararse al país en estado conintes durante varios meses. El Plan era preventivo y no aplicaba penas posteriormente a que se diera por finalizado. 

Estas normas fueron impugnadas en varios casos y llevó a que la Corte Suprema de Justicia nombrada en 1958 por el presidente constitucional Frondizi con acuerdo del Senado de la Nación, se pronunciara a favor de la validez constitucional de las leyes 13.234 y 14.785, y de los decretos 2628/60 y 2639/60.

En esos fallos la Corte sostuvo que era "notoria la existencia del estado de subversión y violencia generalizada" y convalidó “las tareas de investigación, para el arresto, la intervención de los Consejos de Guerra Especiales, el allanamiento de domicilios y la adopción de los procedimientos sumarios del Código de Justicia Militar”, aclarando que como el decreto 6495/61 derogó los decretos 9680/58 y 2628/60, no subsistían las condenas militares impugnadas legalmente. Un fallo ha considerado al Plan Conintes como un antecedente inmediato de la doctrina de seguridad nacional. 

El 9 de febrero de 1960, el Gobierno clausuró la revista Mayoría e hizo detener a su director ―el periodista y escritor Tulio Jacovella― y a varios periodistas por haber publicado la investigación del periodista Rodolfo Walsh acerca del fusilamiento de peronistas en José León Suárez (el 9 de junio de 1956), así como los capítulos de su libro El caso Satanowski.