Gobierno provisional de Viamonte

Viamonte como pacificador

Viamonte se había distinguido en las invasiones inglesas, en la revolución de Mayo y en el congreso nacional de 1818; no tuvo fortuna en la invasión de Santa Fe en 1819; integró el Consejo de gobierno de Lavalle, pero no asistió a sus deliberaciones. 

Quiso ser agente de transacción y de concordia entre los partidos en pugna y demostró las mejores intenciones en los tres meses y medio que duró su gobierno provisional de la provincia de Buenos Aires en 1829.

Al asumir el mando dijo: "Echemos de nosotros el peso insoportable de los odios y las venganzas, olvidemos y aprendamos en los sucesos que acaban de pasar". Intentó una política de pacificación, de calma en los partidos, llevándolos a ceder en sus pretensiones violentas.

Ministros de Dorrego

Le secundaban dos ministros de Dorrego, Guido y García. El rumbo del gobierno provisional lo señaló el decreto del 29 de agosto que abolía las divisas partidarias. Los federales ostentaban una cinta encarnada en los sombreros, en algunos casos con el lema: Federación o muerte; los unitarios usaban la escarapela nacional. El Tiempo, del 14 de julio, había argumentado así: "Si todos somos unos, hijos de una misma provincia, por cuyos intereses estamos dispuestos a trabajar unidos, ¿por qué conservamos lo que se tomó tan sólo como distintivo de un partido? ¿Por qué todos no adoptamos los colores de nuestra nación?". 

Pocos días después, la policía obligaba a las personas que entraban en la ciudad procedentes de la campaña a suprimir las insignias que ostentaban; el propio Lavalle encontró durante su gobierno en el campo a algunos hombres con divisas y se las hizo quitar por la fuerza. Hubo incidentes entre oficiales del ejército e individuos que ostentaban divisas partidarias. 

Decreto Pacificador

El decreto de Viamonte, del 29 de agosto, firmado por él y el ministro Escalada, decía: "Nada es más sensible al gobierno que la existencia de distintivos que marquen los partidos, porque sólo sirven para recordar los sucesos pasados, cuando la salud de la patria exigía imperiosamente un olvido completo de esas fatalidades ... Es indispensable quitar de la vista y aun del oído todo aquello que marque o clasifique las opiniones que habían originado nuestras desidencias".
La convención de Barracas no sólo concedía al gobierno provisional las facultades correspondientes a los gobernadores de provincia, sino las extraordinarias que se consideran necesarias al fiel cumplimiento de las leyes y a la conservación de la tranquilidad pública.
El decreto del 25 de setiembre, firmado por Viamonte y Guido, juzgaba peligroso para las libertades públicas e individuales el uso inmoderado de las facultades extraordinarias y acordó que toda resolución que se dictase por el gobierno provisional y saliese de la esfera de las atribuciones del poder ejecutivo, se sometería a la sanción de la próxima legislatura.
También quiso reaccionar el gobierno de Viamonte contra el peligro de la injerencia militar en las discusiones políticas internas, y establecer la subordinación completa de la clase militar a sus jefes y a las autoridades constituidas.

Comunicación de Rosas

El 17 de setiembre, Rosas comunicó al gobierno que se habían cumplido las obligaciones impuestas por la convención de Barracas del 24 de agosto, que las fuerzas de su mando habían jurado obediencia al nuevo gobernador y los juzgados de la campaña habían hecho lo mismo. Agregaba que jamás "ni como hombre público ni como privado, ha pertenecido a nadie, sino a la autoridad, que siempre ha sido de los primeros en sostenerla y respetarla". Emitió una proclama a los habitantes de la campaña, amigos y compañeros de armas, que volvían al seno de sus familias, una vez restablecido el orden en la provincia.

Colonización de la nueva frontera

Se ocupó el gobierno, interesado en la colonización, de la nueva línea de fronteras del arroyo Azul y de la defensa de la provincia contra la invasión de los indios; fueron entregadas suertes de estancias de media legua de frente por otro tanto de fondo a los vecinos de la campaña que habían quedado quebrantados por los recientes acontecimientos y querían establecerse en esa línea de fronteras, encomendando al comandante general de campaña la aplicación de ese decreto.

Reforma universitaria

También se debatió en torno a una reforma de la universidad y se formó una comisión encargada de proponer mejoras, aunque no llegó a expedirse; pero hubo discusión sobre temas de enseñanza primaria y secundaria en La Gaceta Mercantil.

Saneamiento financiero

Se intentó el saneamiento de las finanzas, la defensa del crédito de la moneda, evitando las emisiones del Banco y dando publicidad a sus operaciones. El 3 de octubre se creó la "Caja de amortización de los billetes de banco". con el producto del nuevo impuesto sobre los ganados de saladero, la mitad del producto de patentes, papel sellado y otros ingresos.

Convención provincial

Con la firma de José Tomás Guido y Domingo Cullen, se celebró el 18 de octubre de 1829 una convención entre las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, y otra con la de Córdoba, para proteger los derechos y bienes de los habitantes de dichas provincias, con cláusulas de aplicación local y rural. La convención de paz entre Buenos Aires y Córdoba se firmó el 27 de octubre.

Se ponía en vigor el artículo 1º del tratado del Cuadrilátero de 1822, que estipulaba una paz firme, amistad y unión y se reconocía la libertad, independencia, representación y derechos recíprocos; alianza defensiva y ofensiva contra los indios fronterizos; el compromiso de resistir a cualquier invasión extranjera; la entrega de los ladrones que pasasen de una provincia a otra, etc. También se convenía en invitar a la reunión de un congreso nacional para organizar y constituir la República. 

Santa Fe autorizó al gobierno de Buenos Aires a dirigir las relaciones con los Estados europeos y americanos.
Para poner término a la guerra civil, se formó una comisión especial mediadora, compuesta por Pedro Feliciano Cavia, Juan José Cernadas y Pedro Alvarez Condarco.
Estas convenciones continúan la política de los pactos interprovinciales, inaugurada con el de Pilar y el del Cuadrilátero, que condujo al pacto Federal del 4 de enero de 1831. El partido unitario quedó así fuera de acción. También tomó el gobierno la iniciativa de exhortar al general Quiroga a testimoniar su adhesión a la nueva política surgida de la "voluntad de transigir" y a interponer su influencia para pacificar el país.

Consejo consultivo.

Se constituyó por acuerdo de la convención de Barracas para cooperar con el gobierno de la provincia, robustecer su acción e inspirar confianza a los ciudadanos. Lo integraban entre otros Juan José Paso, Manuel Sarratea, Vicente López, Víctor García de Zúñiga, Pedro Medrano, Mariano Andrade, Miguel E. Soler, Fernández de la Cruz, Juan Ramón Balcarce, Matías Irigoyen, Roque Illescas, Tomás Anchorena, Miguel Marín, Félix Álzaga, Manuel H. Aguirre, Felipe B. Arana, Francisco Piñeiro, Joaquín Belgrano y Mariano Sarratea.

Equivalía al Consejo de gobierno creado por Lavalle, aunque era más amplio, casi una Sala de representantes. Rosas tuvo que mediar para calmar el descontento de algunos federales y evitar dimisiones.

Las discusiones apasionadas en el Consejo consultivo, en la prensa y en la calle en torno a los problemas candentes, llevaron al gobierno a la decisión de no cumplimentar el acuerdo de Barracas que establecía la convocatoria de elecciones y de proceder a la reunión, en cambio, de la legislatura de Dorrego. 

El 16 de octubre, Rosas escribió a Viamonte que "era tiempo de restaurar el régimen legal de la provincia", advirtiéndole que la opinión de la campaña era contraria a las nuevas elecciones. Decía también a Viamonte: "El comandante general, convencido de que la prolongación de un gobierno provisional no puede inspirar confianza a nadie, y que los convenios de junio y agosto tendieron, precisamente, a restablecer el imperio de las instituciones de la provincia, concluye haciendo presente al gobierno la conveniencia de convocar la junta principal constituida antes del 19 de diciembre, por ser esa conveniencia la opinión de la mayoría que reglará siempre la del infrascripto en actos de tal naturaleza".

El gobierno no pudo menos que atenerse a las recomendaciones de Rosas y convocó la legislatura de Dorrego, que inauguró sus sesiones el 1° de diciembre, aniversario de la revolución de Lavalle. El 6 de enero de 1830 esa legislatura proclamó a Juan Manuel de Rosas gobernador con la suma del poder público, y asumió el mando dos días después.