Decretos de aniquilamiento

El primer decreto de aniquilamiento

El primer decreto es el Decreto 261/75 del 5 de febrero de 1975. El mismo está firmado por la presidenta María Estela Martínez de Perón que, en su condición de vicepresidente electa, había reemplazado al presidente Juan Domingo Perón, fallecido el año anterior.

En un contexto de alta violencia política, el decreto tuvo como objetivo tomar medidas militares para combatir el accionar insurreccional del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en la norteña Provincia de Tucumán, región en la que el ERP se había instalado desde mediados de 1974, por medio de la Compañía Ramón Rosa Jiménez, controlando para entonces un tercio del territorio provincial, principalmente en la zona de Monteros, con el objetivo inmediato de generar una zona liberada que pudiera ser reconocida internacionalmente.
El artículo primero del Decreto establece el objetivo principal del mismo, ordenando al Ejército actuar militarmente en Tucumán con el fin de «neutralizar y/o aniquilar el accionar» subversivo:

El comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de TUCUMAN.

El Decreto ordena también a la Policía Federal ponerse bajo el mando del Ejército y solicita al gobierno de la Provincia de Tucumán, hacer lo mismo con la policía provincial.

Los firmantes del Decreto fueron María Estela de Perón, Alberto L. Rocamora (ministro del Interior e interino de Justicia), Oscar Ivanissevich (ministro de Educación), Alberto J. Vignes (ministro de Relaciones Exteriores y Culto), Adolfo M. Savino (ministro de Defensa), José López Rega (ministro de Bienestar Social), Alfredo Gómez Morales (ministro de Economía) y Ricardo Otero (ministro de Trabajo).

Esta operación del Ejército Argentino en la Provincia de Tucumán se denominó Operativo Independencia. Durante su desarrollo el Ejército Argentino, la Fuerza Aérea Argentina, las fuerzas policiales y el grupo parapolicial Triple A, no solo actuaron militarmente sobre los combatientes del ERP, al que se sumaron en 1975 combatientes de la organización guerrillera Montoneros, sino también sobre militantes sindicales, de los partidos políticos legales, recurriendo asimismo al uso generalizado de la tortura y el asesinato. Los jefes militares del Operativo Independencia desarrollado bajo el Decreto 261/75 fueron los generales Acdel Vilas, primero, que fuera reemplazado por Antonio Domingo Bussi en diciembre de 1975. Este último fue juzgado y condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en la provincia de Tucumán.

Los tres decretos posteriores de aniquilamiento

En 1975 la violencia política en Argentina aumentó hasta alcanzar el punto más alto de las dos décadas anteriores una lista elaborada contabiliza 336 personas detenidas-desaparecidas en 1975, frente a 43 del año anterior,​ con la actuación desembozada del grupo parapolicial Triple A, liderada por el ministro de Bienestar Social José López Rega, con la tolerancia de las Fuerzas Armadas en 1983 la CONADEP por su parte estimó que 359 personas habían desaparecido en 1975.​

Entre mayo y agosto de 1975, los generales Jorge Rafael Videla y Roberto Viola comienzan organizar el grupo de militares que darían el golpe de estado el 24 de marzo del año siguiente.​ El 11 de julio López Rega renunció luego de una gigantesca manifestación sindical en su contra y pocos días después huyó del país.
El 3 de septiembre de 1975, por decreto 3130/1975 se designa Comandante del Ejército al Sr. Jorge Rafael Videla y el 13 de septiembre, la presidenta María Estela Martínez, muy debilitada políticamente, solicita licencia por un mes, debiendo asumir el Poder Ejecutivo interinamente, el Presidente del Senado, Ítalo Luder.

La dependencia de Luder respecto del poder militar fue tal que la historiadora María Seoane dice que «el verdadero gabinete de Luder pasó a ser el triunvirato militar de Videla, Massera y Fautario. Un ataque sangriento de Montoneros a un regimiento de Formosa fue la excusa para que Luder y el triunvirato avanzaran en el andamiaje represivo».​

El domingo 5 de octubre de 1975, la organización guerrillera Montoneros atacó los cuarteles del Regimiento de Infantería Monte 29, el Casino de Suboficiales de dicha fuerza y el Aeropuerto «El Pucú» de la Ciudad de Formosa en la provincia homónima.

El enfrentamiento armado le ocasionó al Ejército, entre muertos y heridos, 30 bajas. El ataque provocó una conmoción nacional y todas las fuerzas políticas condenaron el asalto. Al día siguiente Luder, en acuerdo de ministros, dictó los decretos 2770/75, el 2771/75 y 2772/75, extendiendo a todo el país y bajo el mando directo de las Fuerzas Armadas, la política represiva de «neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos», que se iniciara con el Operativo Independencia, en la provincia de Tucumán.

• El decreto número 2770 creaba dos Consejos:
  
• El Consejo de Seguridad Interna, encabezado por el Presidente e integrado por los ministros y los tres jefes militares para dirigir “los esfuerzos para la lucha contra la subversión”.
• El Consejo de Defensa, presidido por el ministro de Defensa e integrado por los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, era el que más le interesaba a los militares por sus funciones, y le permitía entre otras cosas conducir la lucha contra todos los aspectos y acciones de la subversión y planear y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y fuerzas policiales.
• El decreto 2771 disponía que el Ministerio del Interior firmara convenios con los gobernadores para que la policía y el servicio penitenciario de cada provincia quedaran bajo control del Consejo de Defensa.
• El decreto 2772 le ordenaba a las Fuerzas Armadas, bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, la ejecución de las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país.

Los tres decretos fueron firmados por Ítalo Lúder, Manuel Aráuz Castex, Tomás Vottero, Carlos Emery, Carlos Ruckauf, Antonio Cafiero y Angel Federico Robledo.

Tanto el decreto 261 del 5 de febrero, como el 2772, de octubre, fueron conocidos públicamente recién el 24 de septiembre de 1983, cuando los publicara el Diario La Prensa, de Buenos Aires el 24 de septiembre de 1983, en su página 4.

El historiador Marcelo Borrelli ha explicado que los decretos obedecían a la visión del «bloque civil que pedía una represión 'ordenada' y 'legal', pero dura y efectiva. Esta visión se alineaba con la opinión de sectores civiles que planteaban que la única forma de terminar tanto con la violencia guerrillera como con la represión paramilitar de 'bandas de ultraderecha' era poniéndola en las manos 'legales' de las Fuerzas Armadas. Así, se terminaría con la 'anarquía' y se pondría fin a la deriva violenta a través de una fuerza perteneciente al propio Estado».

Los decretos efectivamente tuvieron el efecto de desplazar la acción parapolicial de la Triple A, que prácticamente desapareció en el primer trimestre de 1976 y cuyos miembros serán integrados en los grupos de tareas que realizaron la represión clandestina durante la dictadura militar.​ Pero también sirvieron de «paraguas» para que se consolidaran los grupos cívico-militares que ya estaban planeando el golpe de Estado y para que las Fuerzas Armadas aumentaran la cantidad de operaciones realizadas fuera de la ley.​ Borrelli cuenta que los decretos fueron exigidos por las Fuerzas Armadas, bajo la extorsión de no dar un golpe de Estado.

Tres días después de la sanción de los decretos, el diario Clarín, que como órgano vinculado al MID había participado de la coalición de gobierno hasta que comenzó a alejarse a mediados de 1975, publicó una editorial en la que sostenía:

No caben ya dudas de que nuestro país se encuentra hoy en guerra. Tampoco deben existir vacilaciones en cuanto a que la empresa armada y violenta de la subversión debe ser combatida con las armas que la República ha depositado en sus fuerzas militares.Clarín (Editorial)​

El argumento de que la Argentina había entrado en guerra, fue uno de los principales argumentos que a partir del año que viene utilizaría la dictadura cívico-militar para justificar el terrorismo de Estado.

Pocos días después, el 28 de octubre de 1975, Jorge Rafael Videla, en su condición de comandante general del Ejército, emitió la directiva secreta 404/75, conocida como «La Peugeot», complementaria de los decretos. Por esta directiva se zonificó militarmente todo el país, sujetando a todas las autoridades a los jefes militares secretos y se estableció un amplio sistema de inteligencia bajo el cual se puso a toda la población.