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Dictador Jorge Rafael Videla
Terrorismo de Estado
En los primeros meses de 1976 continuó el alto nivel de violencia política. Los tres Comandantes en Jefe conformaron un gobierno paralelo de hecho y habían intimado a renunciar a la presidenta Isabel Perón, quien se negó a hacerlo para no convalidar el golpe, ni la matanza que causaría, como ya era visible para todos los observadores. En Tucumán el Ejército Argentino venció el 13 de febrero a la Fuerza de Monte de Montoneros. El 22 de marzo el ERP asesinó al sindicalista de la FOTIA Atilio Santillán, el 23 de marzo el diario La Opinión de Buenos Aires tituló: «Argentina inerme ante la matanza». El 24 de marzo se produjo el golpe de Estado, dando así inicio a la dictadura que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional.
Política represiva de la dictadura
Estructura institucional
El 24 de marzo de 1976 asumió el poder, como «órgano supremo de la Nación», la Junta Militar de Gobierno, integrada por los titulares de las tres Fuerzas Armadas: el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier general Orlando Ramón Agosti. El primero a su vez, fue designado con el título de presidente con la mayor parte de las funciones de los poderes ejecutivo y legislativo. «En ejercicio del poder constituyente» la Junta estableció un estatuto al que deberían someterse todas las otras leyes incluida la Constitución.
El primer día la Junta Militar dictó 31 comunicados. El comunicado n.º 1 dijo:
Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones.
El comunicado n.º 19 estableció:
Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales.
Ese mismo primer día se impuso la pena de muerte y los Consejos de Guerra (Ley 21 264):
- Art. 1 El que públicamente por cualquier medio, incitare a la violencia colectiva y / o alterare el orden público, será reprimido por sola incitación, con reclusión hasta diez años.
- Art. 2. El que alterare en cualquier forma contra los medios de transporte, de comunicación, usinas, instalaciones de gas o agua corriente u otros servicios públicos, será reprimido con reclusión por tiempo determinado o muerte…
- Art.5 …el personal militar de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas policiales hará uso de las armas en caso de que la persona incurra en alguno de los delitos previstos de dos a cuatro precedentes…
- Art. 7 Créanse en todo el territorio del país los Consejos de Guerra Especiales Estables… que juntamente con los Consejos de Guerra Permanente para el Personal Subalterno de las Tres Fuerzas Armadas, conocerán en el juzgamiento de los delitos que prevé la presente ley.
- Art 10. La presente ley será aplicable a toda persona mayor de dieciséis años.
El estado de sitio, con la suspensión de las garantías constitucionales, ya había sido declarado durante el Gobierno de María Estela Martínez de Perón, por Decreto 1368/1974. Pocos días después el gobierno militar sancionó la Ley 21 275 suspendiendo el derecho constitucional de opción a salir del país (Constitución Nacional, art 23).
En un marco internacional que tras la crisis del petróleo (en 1971 sube el valor del barril de petróleo crudo de U$s 8.- a U$s 24.-) se crea la “Trilateral Commission”, fundada en 1973 por iniciativa de David Rockefeller que aglutinaba a personalidades destacadas de la economía y los negocios de las tres zonas principales de la economía capitalista de la época, los EEUU, Europa y Japón. La Comisión Trilateral forma parte del Grupo Bilderberg y el Council on Foreign Relations, y tuvo en Henry Kissinger, primero asesor de seguridad internacional y luego Secretario de Asuntos Internacionales de Nixon, su hombre de confianza en el gobierno de los EEUU, con rol destacado en la coordinación de los golpes militares de Augusto Pinochet y de Jorge Rafael Videla en Chile y Argentina respectivamente, como lo demuestran los mismos cables de la embajada y de los embajadores norteamericanos en nuestros países con Kissinger, como lo dio a conocer el mismo EEUU, pero 30 años más tarde. La Trilateral Commission pregonaba el libre comercio y sostenía que los Estados debían reducir su participación y dejar que los mercados definan lo que debe producir la economía mundial, eufemismo en que las grandes corporaciones penetran por su mayor conocimiento técnico y economía de escala en todos los países, conformando cadenas globales de valor que los tiene a ellos como centro y los demás deben subordinarse. Es lo que formalmente se denominó “La lógica del capital monopolista” quienes se fijaron como objetivos el control de las industrias básicas (petróleo, acero, cemento,), las finanzas y el comercio exterior, que se logra si esas actividades están en manos privadas, que por la ley de concentración y centralización de capitales termina en monopolios. Sumados al monopolio de la tecnología y del conocimiento, a la necesidad de importar insumos industriales estratégicos (coeficiente técnico de importación), a la necesidad de recurrir al endeudamiento, condicionando el presente y el futuro del país, asociado a la libertad de entrada y salida de capitales.
La Junta Militar dictó leyes y órdenes discrecionales, entre ellas disponiendo detenciones o cesantías masivas, en las que no se consideraba la razón de los actos (Leyes 21 258, 21 260, 21 262, 21 274, etc). La ley 21 260 dictada el mismo 24 de marzo de 1976, por ejemplo, establecía:
Art. 1 «Autorízase hasta el 31 de diciembre de 1976 a dar de baja por razones de seguridad, al personal de planta permanente, transitorio o contratado, que preste servicios en la Administración Pública Nacional, en el Congreso Nacional, organismos descentralizados de cualquier carácter, autárquicos, empresas del Estado y de propiedad del Estado, servicios de cuentas especiales, obras sociales y cualquier otra dependencia del Poder Ejecutivo, que de cualquier forma se encuentre vinculado a actividades de carácter subversivo o disociadoras. …Estarán comprendidos en la presente disposición , aquellos que en forma abierta, encubierta o solapada preconicen o fomenten dichas actividades»
Estructura clandestina
La dictadura estableció una estructura clandestina para la represión de los opositores, que incluía «grupos de tareas», secuestros y desapariciones forzadas, centros de detención y tortura clandestinos, mecanismos ilegales para asesinar personas y disponer de sus cadáveres, instalaciones médicas secretas para atender partos de detenidas-desaparecidas y suprimir las identidades de los niños nacidos en cautiverio, desinformación a través de los medios de comunicación, coordinación con las gerencias de recursos humanos de las grandes empresas para la delación de opositores, etcétera.
Como respuesta a las denuncias por violaciones de derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la dictadura cívico-militar intentó justificar su accionar clandestino sosteniendo que era necesario vincular «el tema de los derechos humanos con la necesidad de reprimir el terrorismo y la subversión como medio para preservar la seguridad nacional».
Según el teniente general Martín Balza, quien fuera jefe del Ejército Argentino entre 1991 y 1999:
La dictadura de 1976 concibió una actitud descentralizada para la ejecución. Actuaron como señores de la guerra. Como verdaderos señores feudales, instrumentando un plan sistemático para cometer crímenes de lesa humanidad.
El 6 de mayo de 1977, el general de brigada Ibérico Manuel Saint-Jean, gobernador militar de la Provincia de Buenos Aires, declaró al periódico inglés The Guardian:
Primero eliminaremos a los subversivos; después a sus cómplices; luego a sus simpatizantes; por último, a los indiferentes y a los tibios.
En las órdenes secretas del 17 de diciembre de 1976 dictadas por el jefe del Estado Mayor del Ejército, general de división Roberto Viola, ya no se habla de aniquilar «el accionar» de los subversivos, sino de aniquilar a los individuos:
Aplicar el poder de combate con la máxima violencia para aniquilar a los delincuentes subversivos donde se encuentren. La acción militar es siempre violenta y sangrienta. El delincuente subversivo que empuñe armas debe ser aniquilado sin aceptar rendición. El ataque se ejecutará mediante la ubicación y aniquilamiento de los activistas subversivos. Las órdenes deben aclarar si se detiene a todos o a algunos, si en caso de resistencia pasiva se los aniquila o se los detiene, si se destruyen bienes o se procura preservarlos. Los tiradores especiales podrán ser empleados para batir cabecillas de turbas o muchedumbres.
En el telegrama interno AT 183 de la embajada de Estados Unidos en Argentina del 14 de mayo de 1980 se relata:
Discutiendo el continuo apego a tácticas extrajudiciales contra Montoneros que son miembros de TEA y TEI (Nota: se refiere a Tropas Especiales de Agitación y Tropas Especiales de Infantería) Emboff preguntó por qué los militares no sentían que fuera posible llevar a esta gente ante cortes formales, inclusive cortes militares. Nuestro informante dio dos razones. Primero, las fuerzas de seguridad ni confían ni saben cómo utilizar las soluciones legales. Los métodos actuales son más fáciles y familiares. Segundo, no hay ningún militar importante que “tenga el coraje” para asumir la responsabilidad formal por la condena y ejecución de un montonero. Bajo las reglas actuales “nadie” es responsable en los registros por las ejecuciones.
Castro
En otro documento oficial de los Estados Unidos, un memorándum de conversación titulado «Tuercas y tornillos de la represión gubernamental al terrorismo-subversión» se detalla una charla realizada el 7 de agosto de 1979 entre el consejero político de la embajada de Estados Unidos, William Hallman; el Oficial de Seguridad Regional, James Blystone y un alto jefe militar cuyo alias era Jorge Contreras, y en la que este último detalla largamente la política de represión «por izquierda», término que utiliza para referirse a la acción ilegal:
Contreras habló de dos categorías de casos. La primera eran aquellos que fueron introducidos al sistema y que después de un “cuidadoso interrogatorio” se encontraba que no tenían ninguna conexión con la subversión. A muchos de éstos, afirmó Contreras, simplemente se los dejaba ir. Dijo que él cree que en el pasado otros eran asesinados, cuando su liberación podía constituir un riesgo para “el sistema” —personal involucrado, ubicaciones, etc—. Contreras enfatizó que él creía que estas ejecuciones fueron comunes dos y tres años atrás pero que se volvieron raras el año pasado. Una vez más dijo, mucho dependía del personal del centro de detención: algunos comandantes estaban dispuestos a arriesgar sus operaciones y facilidades, haciéndose conocidos, con el fin de reparar a alguien cuya inocencia había sido establecida. Otros comandantes creen que el proceso era más importante que cualquier individuo y que inclusive los inocentes deben ser sacrificados a fin de evitar que el sistema en sí peligre.
Más adelante, el mismo documento, en un subtítulo denominado «Organización y Estructura», dice:
Jorge Contreras es el Director del Grupo de Tareas 7 de la «Reunión Central» sección de la Unidad de Inteligencia del Ejército 601. Su grupo de tareas fue creado durante mayo, junto con el Grupo de Tareas 6, que sigue a los sindicatos y economía. El trabajo del Grupo de Tareas 7 es estudiar las actividades de los estudiantes, grupos políticos y organismos religiosos. Hasta hace unos meses el sistema de grupos de tareas creado en 1971-1972 contaba solo con cinco de esos grupos: Grupo de Tareas 1 encargado del ERP; Grupo de Tareas 2 estaba encargado de Montoneros; en esta ocasión Contreras no entró en los deberes de los Grupos de Tareas 3, 4, y 5.
La directiva de operaciones represivas 504/77 establecía que la detención de los obreros sospechosos «se efectuará con el método que más convenga fuera de las fábricas y de manera velada».
En el diario La Nación del 3 de noviembre de 1977 se publicó el siguiente comunicado demostrativo de la situación en el país:
El Comando de la Zona 1 informa a la población que el 2 de noviembre, en horas de la noche, en las proximidades de Plaza Constitución, una patrulla de las fuerzas leales sorprendió a un activista que incitaba al cese de actividades y trataba de impedir la concurrencia al trabajo de algunos operarios, siendo abatido por el fuego. Se procura su identificación. Las fuerzas legales cumplieron con la misión impuesta tendiente a asegurar la libertad de trabajo.
Procedimientos
Los procedimientos represivos que caracterizaron el terrorismo de Estado en Argentina escandalizaron a la opinión pública mundial y causaron un gran desprestigio internacional de los militares argentinos.
En realidad se estableció un sistema descentralizado de represión, a cargo de las zonas y áreas militares, en el que cada jefe militar tenía carta blanca para ejecutar el plan represivo.
La dictadura del 24 de marzo fue la mas sanguinaria de toda teniendo cientos de campos de concentración en todo el país los grupos de tareas a bordo de los tristemente célebres Ford Falcon estaban por todas las rutas argentinas. La Argentina formo parte del tristemente plan Cóndor y a principios de 1980 exporto sus métodos represivos a la represión en centroamerica.
La "desaparición" fue la fórmula más siniestra de la denominada "guerra sucia": el "objetivo" era secuestrado ("chupado") por un comando paramilitar ("grupo de tareas" o "patota") donde, convertido en un número y sin ninguna garantía legal, quedaba a merced de sus captores. La desaparición de personas fue un programa de acción, planificada con anticipación, estableciéndose los métodos por los cuales llevarlo a la práctica: arrojando a los "desaparecidos" al Río de la Plata (previa aplicación de sedantes) desde aviones o helicópteros militares y en fosas comunes; fusilamientos y ocultamiento de cadáveres, sin ningún tipo de identificación.
Dos personas son rodeadas por miembros del Ejército en una esquina porteña , 11 de junio de 1976que aparentemente se aprestan a interrogarlo
Con armas largas los soldados toman posiciones en una esquina porteña el 17 de septiembre de 1976, con una actituda indiferente un peaton se apresta a cruzar la calle.
Centros clandestinos de detención (CCD)
Para implementar la táctica de desaparición forzada de personas el gobierno militar creó cientos de centros clandestinos de detención (CCD).
Las Fuerzas Armadas clasificaban los CCD en dos tipos:
- Lugar de Reunión de Detenidos (LRD): tenían una organización más estable y estaban preparados para alojar, torturar y asesinar a grandes cantidades de detenidos.
- Lugar Transitorio (LT): tenían una infraestructura precaria y estaban destinados a funcionar como un primer lugar de alojamiento de los detenidos-desaparecidos.
Los primeros CCD fueron instalados en 1975, antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976. En ese año ya estaban en funcionamiento «La Escuelita» en Faimallá (Tucumán) y «El Campito» (Provincia de Buenos Aires). También en 1975 funcionó un CCD en la planta de la empresa Acindar en Villa Constitución, presidida por Martínez de Hoz, como parte de la estructura represiva organizada para reprimir la huelga declarada por el sindicato UOM en mayo de ese año.
En el año 1976 llegaron a existir 610 CCD, pero muchos de ellos fueron temporarios y circunstanciales. Luego de los primeros meses posteriores al golpe de estado, la cifra se estabilizó en 364 CCD. En 1977 la cantidad se redujo a 60. En 1978 había 45 y en 1979 7 CCD. En 1980 quedaban dos: la ESMA y el Campito (Campo de Mayo). En 1982 y 1983 la ESMA era el único campo de concentración que seguía siendo utilizado.
En Buenos Aires hubo 60 centros, en la provincia de Córdoba 59 y en Santa Fe 22.
Cinco grandes centros fueron el eje de todo el sistema: «La ESMA» y «El Club Atlético» en la Ciudad de Buenos Aires; «El Campito» (Campo de Mayo) y «El Vesubio» en el Gran Buenos Aires (Provincia de Buenos Aires); y «La Perla» en Córdoba.
A pesar de sus diferencias los CCD fueron organizados con una estructura y un régimen de funcionamiento similar. Todos los CCD contaban con una o más salas de torturas, amplios espacios para mantener a los desaparecidos siempre en condiciones de gran precariedad, y un centro de viviendas para los torturadores y guardias. Casi todos tenían algún tipo de servicio médico. En algunos casos hubo servicios religiosos permanentes para el personal militar.
Grupos de Tarea
Los Grupos de Tarea (GT) estaban encargados de realizar los secuestros, generalmente de noche. Inmediatamente los detenidos desparecidos eran llevados al CCD correspondiente, donde permanecían constantemente encapuchados y esposados. Allí eran severamente torturados e interrogados por los mismos integrantes de los GT. El tiempo de este período inicial de tortura variaba considerablemente, pero en términos generales puede decirse que oscilaba entre uno y dos meses. Con posterioridad a ese período inicial de tortura-interrogatorio, se disponía:
El asesinato del detenido desaparecido: en todos los CCD se utilizó el mismo eufemismo para referirse al asesinato: «traslado». Los métodos utilizados para el asesinato y desaparición de los cadáveres variaron desde los llamados vuelos de la muerte, los fusilamientos en masa, fosas comunes, tumbas NN, incineración de cadáveres, etcétera.
El «blanqueo»: se legalizaba al detenido desaparecido y se lo ponía a disposición del Poder Ejecutivo. A partir de 1980, de esta situación, podía derivar la deportación y el exilio, haciendo uso de la opción a salir del país que establece la Constitución (art. 23), o el enjuiciamiento por tribunales militares y la condena a prisión.
La liberación.
La continuidad como detenido desaparecido, por razones variadas —utilización como esclavos, colaboradores, rehenes, etcétera.
Durante su permanencia en el CCD se procedía sistemáticamente a la deshumanización de los detenidos desaparecidos mediante diversos procedimientos: sustitución del nombre por un número, violaciones, animalización, humillación, hacinamiento, condiciones intolerables de alojamiento, desnudez forzada, racismo, antisemitismo, homofobia, etcétera.
También existió una política y un procedimiento común para las detenidas-desaparecidas que se encontraban embarazadas. En ese caso se postergaba el asesinato y se producía un parto clandestino con supresión de la identidad del bebé quien era entregado para su crianza a personas íntimamente vinculadas al sistema represivo, y en algunos casos partícipes del asesinato de los padres y/o madres biológicos.
El 1 de diciembre de 1977 el diario Clarín publicó una nota titulada «La ardua recuperación» en la que relata extensamente la visita de un grupo de periodistas, invitados por el Ejército, a un centro de detención que no identifica, donde entrevistaron a varias personas detenidas, que tampoco individualiza y que describe como «extremistas que se entregaron voluntariamente». El artículo está acompañado de una fotografía en la que puede verse una joven mujer de espaldas sentada ante una mesa, con un epígrafe en el que dice:
Una de las detenidas, en una de las salas de lectura del establecimiento, donde cumplen la pena.
Clarín nunca explicó los pormenores de la nota, ni se puso a disposición de la justicia a los fines de verificar si las personas entrevistadas eran desaparecidas, cuál era el centro de detención visitado por sus periodistas y si los militares que intervinieron pudieron haber estado cometiendo delitos de lesa humanidad. El investigador Marcelo Borrelli de la Universidad de Buenos Aires analizó la publicación y sostiene que «parecía haber sido escrita por las usinas de los servicios de la inteligencia militar». Detalla los mecanismos discursivos del periódico para elogiar el sistema de reclusión de los «extremistas» que se entregaran voluntariamente y la distinción entre «las dos juventudes», por un lado la juventud «extraviada» que tenía preocupaciones políticas y traumas afectivos de origen familiar, y por el otro la juventud apolítica, dedicada por entero a destacarse en su profesión.
Tortura sistemática
La tortura fue un componente central del plan represivo del gobierno militar. Los centros clandestinos de detención (CCD) fueron creados y diseñados para poder practicarla ilimitadamente. Al redactar el famoso informe Nunca Más en 1984, los miembros de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas —CONADEP— no pudieron evitar sobrecogerse ante el «inmenso muestrario de las más graves e incalificables perversiones» que tenían ante sus ojos, y debatieron el modo de evitar que ese capítulo del informe se convirtiera en una enciclopedia del horror.
El Capítulo V (Derecho a la seguridad e integridad personal), punto D (Apremios ilegales y torturas), del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 14 de diciembre de 1979, está dedicado precisamente a registrar los casos de tortura que le fueron denunciados. El mismo puede leerse aquí. Por su parte, el título C, del primer capítulo del Informe Nunca Más de la CONADEP está dedicado las torturas que se practicaban en los CCD, en tanto que se incluye un título especial para referirse a las torturas en el domicilio de las víctimas.
No es posible separar las torturas de todo el resto de análisis del terrorismo de Estado en Argentina. La tortura es un elemento omnipresente del terrorismo de Estado en Argentina. La tortura y sus imágenes se establecieron como el eje del terror, para las víctimas directas, y más allá para los familiares, conocidos y la población en general. Aún años después, décadas después, esas imágenes conmueven hasta lo insoportable a los adultos, y angustian a los niños de las nuevas generaciones.
La picana eléctrica es el instrumento de tortura alrededor del cual se diseñaron y construyeron las salas de tormentos, a las que en todos los CCD llamaban «quirófanos». La picana era denominada «máquina»; en La Perla le llaman «Margarita». En La Perla, la sala de torturas tenía un cartel que decía: «Sala de terapia intensiva - No se admiten enfermos»,54 mientras que en la de El Vesubio estaba colocado un cartel que decía «si lo sabe cante, si no aguante».
Era habitual combinar violación y tortura y mas allá de la tortura eléctrica y la violación, los instrumentos, métodos y grado de crueldad de los tormentos, excede la comprensión de una persona promedio: simulacros de fusilamiento, «el submarino», estiletes, pinzas, drogas, «el cubo» (inmersión prolongada de los pies en agua fría/caliente), quemaduras, suspensión de barras o del techo, fracturas de huesos, cadenazos, latigazos, sal sobre las heridas, supresión de comida y agua, ataque con perros, rotura de órganos internos, empalamiento, castramientos, sufrir tortura ante o presenciar la tortura de familiares y a veces niños, mantener las heridas abiertas, permitir las infecciones masivas, cosido de la boca…
El sadismo de los torturadores es un dato común. Todos los detenidos desaparecidos eran torturados: hombres, mujeres, ancianos, ancianas, adolescentes, discapacitados, mujeres embarazadas y niños (hay varios casos de niños menores de 12 años torturados frente a sus padres). El conocido periodista y director del diario La Opinión, Jacobo Timerman, que estuvo detenido desparecido y fue liberado por la presión internacional, escribió en 1982 uno de los primeros libros de denuncia abierta, titulado Prisionero sin nombre, celda sin número. Timerman dice allí que:
De todas las situaciones dramáticas que he visto en las cárceles clandestinas, nada puede compararse a esos grupos familiares torturados muchas veces juntos, otras por separado, a la vista de todos, o en diferentes celdas sabiendo unos que torturaban a los otros.
El informe de la CONADEP define lo que debieron padecer los desaparecidos como un «descenso al infierno».
Era habitual combinar violación y tortura. Más allá de la tortura eléctrica y la violación, los instrumentos, métodos y grado de crueldad de los tormentos, excede la comprensión de una persona promedio: simulacros de fusilamiento, «el submarino», estiletes, pinzas, drogas, «el cubo» (inmersión prolongada de los pies en agua fría/caliente), quemaduras, suspensión de barras o del techo, fracturas de huesos, cadenazos, latigazos, sal sobre las heridas, supresión de comida y agua, ataque con perros, rotura de órganos internos, empalamiento, castramientos, sufrir tortura ante o presenciar la tortura de familiares y a veces niños, mantener las heridas abiertas, permitir las infecciones masivas, cosido de la boca…
El sadismo de los torturadores es un dato común. Todos los detenidos desaparecidos eran torturados: hombres, mujeres, ancianos, ancianas, adolescentes, discapacitados, mujeres embarazadas y niños (hay varios casos de niños menores de 12 años torturados frente a sus padres). El conocido periodista y director del diario La Opinión, Jacobo Timerman, que estuvo detenido desparecido y fue liberado por la presión internacional, escribió en 1982 uno de los primeros libros de denuncia abierta, titulado Prisionero sin nombre, celda sin número. Timerman dice allí que:
De todas las situaciones dramáticas que he visto en las cárceles clandestinas, nada puede compararse a esos grupos familiares torturados muchas veces juntos, otras por separado, a la vista de todos, o en diferentes celdas sabiendo unos que torturaban a los otros.
El informe de la CONADEP define lo que debieron padecer los desaparecidos como un «descenso al infierno».
Vuelos de la muerte
- el asesinato del excomandante en jefe del Ejército de Chile general de ejército Carlos Prats en Buenos Aires
- el asesinato del expresidente de Bolivia Juan José Torres en Buenos Aires
- el asesinato del senador uruguayo Zelmar Michelini y el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz, también uruguayo, en Buenos Aires en 1974
- el asesinato del exministro de relaciones exteriores del gobierno chileno de Salvador Allende, Orlando Letelier y su secretaria Ronni Moffitt en Washington DC en 1976
- el atentado contra el exministro del Interior del gobierno del presidente chileno Eduardo Frei Montalva, Bernardo Leighton en Roma en 1975
- la colaboración argentina en el golpe de García Meza en Bolivia en 1980.
Son tristemente célebres los Falcón verde oliva que fuerzas para-policiales del Ejército Argentino utilizaron para secuestrar civiles y opositores de sus hogares en la madrugada que se convirtió en un símbolo de la represión ilegal .
El centro clandestino de detención más famoso y casi emblemático del Proceso estuvo en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), dependía en última instancia del almirante Eduardo Massera, y estuvo directamente a cargo del Grupo de Tareas 3.3.2, dirigido por el contraalmirante Rubén Chamorro y el capitán «Tigre» Acosta. Otros célebres represores que formaron parte del mismo fueron Alfredo Astiz, Ricardo Miguel Cavallo, Antonio Pernías, Adolfo Scilingo, Juan Antonio Azic, Adolfo Donda, Manuel García Tallada, Jorge Luis Magnacco, Oscar Montes, Jorge Rádice, Juan Carlos Rolón, Jorge Enrique Perrén (hijo) y Ernesto Frimón Weber. La ESMA se convirtió en la base del poder político de la Marina y en particular de Massera; fue clausurado en noviembre de 1983, luego de las elecciones en las que ganó Raúl Alfonsín y pocos días antes de que asumieran las autoridades constitucionales.
El Olimpo fue un centro clandestino de detención ubicado en el oeste de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Vélez Sarsfield entre las calles Olivera, Ramón Falcón, Lacarra, Fernández y Rafaela. Si bien el centro sólo funcionó durante cinco meses, de agosto de 1978 a enero de 1979, allí fueron alojados 700 detenidos, de los cuales solo sobrevivieron 50.1 Por este centro pasaron personajes reconocidos del país, como Jorge Fontevecchia, fundador de Editorial Perfil.
Automotores Orletti fue el nombre con el que se conoció a un centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó entre mayo y noviembre de 1976, en Buenos Aires, Argentina, durante la última dictadura cívico-militar. El predio ubicado en la calle Venancio Flores 3519/21, esquina Emilio Lamarca, en el barrio de Floresta era la base operativa de los grupos de tareas de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la Superintendencia de Policía Federal. Allí también se coordinaba la represión ilegal de militantes del Cono Sur con los servicios de inteligencia de los países integrantes de la Operación Cóndor.
Los vuelos de la muerte constituyeron una forma de exterminio practicada por regímenes dictatoriales, consistente en arrojar desde pleno vuelo a personas hacia el mar. En la última dictadura cívico-militar en Argentina ―autodenominada Proceso de Reorganización Nacional―, entre 1976 y 1983, miles de personas padecieron esta forma de exterminio. Los ejecutores de estos crímenes utilizaban la denominación en código de «traslado», antes practicadas como fusilamientos, aunque dentro de los centros clandestinos de detención el término era usado para hacer creer a las personas secuestradas que serían llevadas a establecimientos carcelarios. Las víctimas eran inyectadas con pentotal sódico aduciendo ser una vacuna y arrojadas vivas, semi desnudas y en estado de somnolencia desde aeronaves militares en vuelo sobre el mar o el Río de la Plata, con el fin de hacer desaparecer los cadáveres y las pruebas de los crímenes.
Adolfo Francisco Scilingo es un exmilitar condenado como autor de delitos de lesa humanidad , Silingo fue el primer oficial de la dictadura que admitió en público el terrorismo de Estado llevado a la práctica en Argentina, en entrevista con el periodista Horacio Verbitsky.La confesión reveló la complicidad de la Iglesia católica, el silencio de las autoridades de la Armada en democracia y la especulación política del gobierno de la época, presidido por Carlos Menem.
En abril de 2005, el marino fue enjuiciado en España por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1977 y, tras haberse probado su responsabilidad en la muerte de treinta personas y una detención ilegal seguida de torturas, condenado a 640 años de prisión, en julio de 2007, al comprobarse su complicidad en otras 255 detenciones ilegales, el Tribunal Supremo español elevó la condena a 1084 años, se encuentra ingresado en la Prisión de Alcalá-Meco, trabajando como ordenanza en el módulo de ingresos.
Henry Kissinger ejerció como secretario de Estado durante los mandatos de Richard Nixon y Gerald Ford, desempeñando este papel preponderante en la política exterior de Estados Unidos entre 1969 y 1977 y fue consejero de Seguridad Nacional durante todo el mandato inicial del primero, fue el instigador de genocidios sistemáticos de grupos políticos, estando ligado a las dictaduras militar chilena de Augusto Pinochet o el Proceso de Reorganización Nacional de Argentina, así como por ser el responsable de planes represivos como lo sería la Operación Cóndor, cuya célula de origen habría sido la Escuela de las Américas. Todo esto ha ocasionado que existan numerosas iniciativas que persiguen conseguir su procesamiento ante instancias judiciales internacionales.
La Operación Cóndor o Plan Cóndor es el nombre con que se conoce al plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América del Sur —Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela— con los Estados Unidos, siendo el jefe del Departamento de Estado estadounidense Henry Kissinger señalado como su ideólogo. Fue llevado a cabo entre las décadas de 1970 y 1980, con el fin de instalar en la región un plan económico neoliberal, con el desmantelamiento de los Estados como articuladores de la vida pública y el desarrollo económico, más un fuerte endeudamiento externo.
Esta coordinación implicó, oficial y directamente, el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países, y desaparición o asesinato de personas consideradas por dichos regímenes como «subversivas del orden instaurado, o contrarias a su política o ideología». El Plan Cóndor se constituyó en una organización clandestina internacional para la estrategia del terrorismo de Estado que instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a las mencionadas dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos de la izquierda política. Los llamados «Archivos del Terror» hallados en Paraguay en 1992 dan la cifra de 50 000 personas asesinadas, 30 000 «desaparecidas» y 400 000 encarceladas.
João Goulart fue el vigésimo segundo presidente del Brasil, país que gobernó entre 1961 y 1964 hasta que fue derrocado por un golpe de estado .
Tras el golpe de Estado, y con sus derechos políticos suspendidos, Goulart se exilió en Uruguay junto a la mayoría de sus colaboradores, y desde allí administró sus haciendas y negocios que había heredado de su familia (bienes situados tanto en Brasil como en Argentina y Uruguay). Posteriormente, en 1973, Goulart fue invitado por el presidente argentino Juan Domingo Perón para residir en Buenos Aires. Goulart cesó toda cooperación con el gobierno argentino [cita requerida]y murió el 6 de diciembre de 1976, en el municipio argentino de Mercedes, víctima oficialmente de un ataque cardíaco pero en realidad fue envenenado por parte del plan condor No me acuerdo si usamos Isordil, Adelpan o Nifodin. Conseguimos colocar un comprimido en los remedios importados de Francia. Goulart no podía ser examinado durante 48 horas o esa sustancia sería detectada, reconoció el uruguayo Neira Barreiro en una entrevista, sin saber que estaba hablando con el hijo del expresidente de Brasil, que murió en 1976 cuando estaba refugiado en Argentina, en la provincia de Corrientes.
Las víctimas
Las personas que fueron asesinadas, desaparecidas o torturadas, así como las que debieron exiliarse provenían de todos los sectores y estratos de la población; una parte importante aunque no bien determinada estaba integrada por combatientes, pertenecientes mayoritariamente a las organizaciones guerrilleras y también, aunque en menor número, a las fuerzas militares y policiales.El gobierno militar proclamó que el blanco de la represión era el terrorismo, pero dándole un alcance por el cual virtualmente podía comprender a cualquier persona. El general Videla declaraba en 1978 al Times de Londres que "un terrorista no es solamente alguien con un arma de fuego o una bomba, sino también alguien que difunde ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana".
El informe Nunca Más contiene una descripción de los desaparecidos por su grupo de referencia; más de la mitad eran trabajadores; en especial fueron asesinados los sindicalistas pertenecientes a comisiones internas de fábricas, como en los casos emblemáticos de Ford y Mercedes Benz. En muchos casos las familias de obreros y obreras desaparecidas no habían hecho la denuncia, como quedó en evidencia en el juicio contra el Grupo de Tareas n.º 5 que actuó en las zonas industriales de Berisso, Ensenada y La Plata.
Entre los desaparecidos y asesinados existe una importante cantidad de adolescentes; en este caso es emblemático el secuestro y desaparición del grupo de adolescentes conocido como la Noche de los Lápices, así como los alumnos desaparecidos en la Escuela Carlos Pellegrini que documenta el film Flores de septiembre o la del militante comunista Floreal Edgardo Avellaneda.
También fueron detenidos-desaparecidos y asesinados personas discapacitadas, ancianas, sacerdotes y monjas (como la Masacre de San Patricio de los padres palotinos,o de las Monjas Francesas Léonie Duquet y Alice Domonnota ), sindicalistas (como Oscar Smith o Jorge Di Pascuale), periodistas (como Julián Delgado o Rafael Perrotta), artistas (como Héctor Oesterheld o Haroldo Conti), militares (como Bernardo Alberte), deportistas (como la jugadora de hockey Adriana Acosta), abogados (como el laboralista Norberto Centeno o de derechos humanos, como Sergio Karakachoff), etc.
En algunos casos se trataban de familiares o simplemente personas nombradas por otros detenidos sometidos a tortura; en algunos casos se trató de funcionarios que simpatizaban con el régimen militar como Elena Holmberg o Héctor Hidalgo Solá; en otros casos se trató de simples casos de robo y extorsión como con el empresario Fernando Branca, o de intentos de ocultar errores como en el caso de la adolescente sueca Dagmar Hagelin y del pianista brasileño Francisco Tenório Júnior.
Entre las víctimas notables también se encuentran las madres fundadoras de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce.
También se ha dado a conocer que al menos 400 personas fueron detenidas-desaparecidas a causa de su orientación o su identidad sexual LGBTI (lesbiana, gay, transexual, bisexual, intersexual). Estos casos a su vez fueron intencionalmente excluidos del Nunca más.
En cuánto al momento en que terminaron las detenciones ilegales y asesinatos, la última constancia de una persona desaparecida con vida es el caso de la delegada sindical marplatense Cecilia Viñas, que aún estaba con vida en febrero de 1984 y se comunicó varias veces con su familia desde su lugar de cautiverio, cuando Raúl Alfonsín ya era presidente.
Los niños desaparecidos-secuestrados
Un caso especial de víctimas son los niños desaparecidos-secuestrados, entregados a familias que, con o sin conocimiento de esa circunstancia, sirvieron para convalidar la sustracción de identidad, y que en algunos casos fueron cómplices del asesinato de sus padres. Existe la certeza de que la mayoría de esos niños siguen con vida y para encontrarlos un grupo de abuelas y abuelos de detenidos-desaparecidos crearon la organización Abuelas de Plaza de Mayo, dirigida por Estela de Carlotto. Desde que se estableció la democracia en 1983 y hasta junio de 2016, las Abuelas habían encontrado a 121 de esos niños desaparecidos. Las Abuelas de Plaza de Mayo estiman que fueron secuestrados y privados de su identidad alrededor de 500 niños que hoy ya son adultos y enfrentan dificultades psicológicas sumamente complejas debido a que las personas a quienes consideraban sus padres, en quienes naturalmente confiaban, les habían negado su identidad y origen, y en algunos casos fueron cómplices o conocieron a los asesinos de sus padres biológicos.
Los conscriptos desaparecidos durante la dictadura
Durante la dictadura militar, más de cien jóvenes fueron secuestrados y desaparecidos, mientras cumplían con el servicio militar obligatorio, los mandos militares los declararon desertores en ese entonces.
El 29 de marzo del 2010, se realizó una ceremonia en honor de los soldados desaparecidos en la dictadura. Fue presidido por la ministra de Defensa Nilda Garre y se colocó una placa con los nombres de dichos soldados, en la plaza de armas del Edificio Libertador. Ante los familiares de los conscriptos, la ministra señaló «Lo importante era corregir los legajos y explicar que esas personas están desaparecidas, pero dejando el falso testimonio de que eran “desertores” como prueba de la ignominia». En su discurso, Sara Steimberg agradeció a la ministra «por este acto que nunca imaginé ni en mis mejores sueños». Sara era madre del soldado conscripto Luis Steimberg quien desapareció junto con Luis Daniel García mientras cumplían el servicio militar en 1976. Ambos eran militantes de la Federación Juvenil Comunista y luego de ser torturados fueron arrojados al mar.
El 15 de abril de 1976, cuando al Negrito le faltaba un mes para cumplir 16 años, los tres tenían pensado viajar a Rosario (la ciudad donde había nacido el Negrito) para visitar a unos amigos y familiares.3 En la madrugada, una patota (grupo de tareas) formada por agentes del Estadodisfrazados con pelucas y anteojos irrumpieron en su casa de Munro.3 Voltearon la puerta y realizaron varios disparos con un Fal (fusil automático liviano). Buscaban a su padre, también llamado Floreal Avellaneda, que trabajaba en una pyme autopartista pero que había sido delegado de una empresa metalúrgica porteña. Esa noche el padre logró escapar por los techos, pero la patota secuestró ilegalmente a su esposa Iris y al chico. Tras ser torturados en una comisaría de Villa Martelli (barrio de la ciudad de Buenos Aires), la madre fue trasladada a la cárcel de Olmos (cerca de La Plata), procedente del Comando de Institutos Militares, pero del paradero de su hijo no se supo más. Los familiares y compañeros de militancia de la familia Avellaneda no se quedaron quietos. Recorrieron comisarías, jefaturas militares y despachos judiciales. El abogado Julio Viaggio, dirigente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, logró que se ordenara la identificación del cadáver de Floreal, en mayo de 1976.
Entre el jueves 8 de diciembre y el sábado 10 de diciembre de 1977 un grupo de militares bajo el mando de Alfredo Astiz secuestró a un grupo de 12 personas vinculadas a las Madres de Plaza de Mayo. Entre ellas se encontraba Léonie Duquet, junto con la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y su compañera, también monja francesa, Alice Domon. Los secuestradores engañaron a Duquet diciéndole que Alice Domon había sufrido un accidente y se encontraba en un hospital, ofreciéndose a llevarla.
Oscar Smith el 11 de febrero de 1977 Oscar Smith salió de su casa ubicada en pasaje Diamante al 5000 de Villa Domínico, donde había pasado la noche, manejando su automóvil, circuló por avenida Mitre y luego giró por la calle Debenedetti hacia el Riachuelo y al observar que era seguido dobló por la calle Zamudio, donde su vehículo fue encerrado por otros autos y personas vestidas de civil se lo llevaron en un automóvil Ford Falcon blanco. Su secuestro fue observado por un empleado de Segba que trabajaba en el lugar, quien lo denunció en el sindicato.
Jorge Di Pascuale el 28 de diciembre de 1976 era su cumpleaños, por lo que decidió quedarse con su segunda esposa y su hijo menor, Jorge, quien tenía entonces 6 años. Ya en la madrugada del 29 de diciembre de 1976 ingresó a su domicilio un grupo de tareas, quien luego de interrogarlo y robarle el aguinaldo y una radio portátil, se lo llevaron diciendo que iban a la comisaría y lo largarían al día siguiente nunca mas aparecio.
Elena Holmberg se desempeñaba como funcionaria de carrera en la Embajada Argentina en Francia , por diferencias de criterios entre el personal del «Centro Piloto de Información», instalado en París y a cargo de oficiales de inteligencia de la Armada Argentina (donde también estuvieron destinados Puma Perrén, Alfredo Astiz y Adolfo Donda), la diplomática fue convocada a Buenos Aires para informar a sus superiores, resultando secuestrada por el Grupo de tareas 3.3.2 en esta ciudad el 20 de diciembre de 1978 al salir del Ministerio de Relaciones Exteriores y cuando se dirigía a encontrarse con un grupo de periodistas franceses.
Autores, facilitadores e involucrados
Autores de crímenes de lesa humanidad
La violación de derechos humanos en Argentina entre 1976 y 1983 fue parte de un plan de represión sistemática decidido en los más altos niveles de la dictadura cívico-militar.
La estructura para la ejecución directa de la represión ilegal se organizó fundamentalmente a través de «grupos de tareas», «centros clandestinos de detención», equipos de interrogación y tortura, y equipos de exterminio y desaparición de cadáveres. Estos equipos a menudo estaban vinculados y actuaban en el ámbito de las zonas y subzonas militares y bajo órdenes de sus respectivos jefes.
Los equipos de represión ilegal estaban integrados por personal de las tres fuerzas armadas, policía, prefectura, médicos, sacerdotes y en algunos casos personal paramilitar. Adicionalmente altos directivos de empresas privadas y dependencias públicas, así como directores y profesores de colegios y universidades, colaboraron activamente con los mecanismos ilegales de represión.
En algunas zonas y subzonas militares, paradigmáticamente en Córdoba y Tucumán, los jefes militares dieron la orden de que todo el personal militar se viera comprometido directamente en la violación de derechos humanos.
En Argentina, como en otros casos de violaciones masivas de derechos humanos, se produjo un debate sobre el alcance y gravedad de la responsabilidad penal para los autores directos, en relación al lugar que cada uno ocupaba en la cadena de mando. En total se calcula que 1180 policías, militares y civiles fueron autores directos de crímenes de lesa humanidad.123
Por circunstancias diversas la identidad de algunos represores ha tomado un mayor estado público:
Las Juntas Militares y presidentes
El Proceso de Reorganización Nacional era conducido por la Junta Militar de Gobierno de la que dependía un presidente. En los siete años que duró se sucedieron cuatro juntas; solo en la última el presidente no perteneció nunca a la Junta.
- 1976-1979: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti
- 1979-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Omar Domingo Rubens Graffigna
- 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya
- 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco y Augusto Jorge Hughes; presidente Reynaldo Benito Bignone
Una vez establecida la democracia el presidente Raúl Alfonsín ordenó el Juicio a las tres primeras Juntas, que se realizó en 1985, en el que resultaron condenados Videla, Massera, Agosti, Viola y Lambruschini. Luego se vieron beneficiados por los indultos realizados por Carlos Menem en 1990.
Con posterioridad han sido nuevamente enjuiciados por otros delitos como los relacionados con los robos de bebés, delito no alcanzado por los indultos. Algunos de ellos también han sido procesados en España por delitos de terrorismo y genocidio; en 2006 su extradición aún estaba pendiente.
Los miembros de la última junta y el último presidente han sido procesados por la redacción del llamado Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo de la destrucción de documentos sobre desaparecidos y la sanción de una ley de autoamnistía, debido a que ello ha encubierto el secuestro de niños.
Los jefes de Zona, Subzona y Área
El país se había dividido en 5 zonas militares, correspondientes a los cinco cuerpos en que se dividía el Ejército. Al comandante de cada cuerpo del Ejército le correspondía hacerse cargo de la zona. Cada zona estaba dividida a su vez en subzonas y áreas. Cada uno de los jefes de zona, subzona y área tenía mando directo para la represión ilegal en su jurisdicción. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires era una subzona, ubicada dentro de la Zona 1; a su vez la subzona Ciudad de Buenos Aires, estaba dividida en 6 áreas.
Los jefes de zona y subzona actuaban con total autonomía. Su capacidad para tomar decisiones que implicaran violaciones de derechos humanos era absoluta. El general Martín Balza los definió como «señores de la guerra… verdaderos señores feudales…».
Fueron, en algún momento, jefes de zona los siguientes generales:
- Zona 1: Rodolfo Eugenio Cánepa, Guillermo Suárez Mason, Leopoldo Fortunato Galtieri, José Montes, Antonio Domingo Bussi, Cristino Nicolaides y Juan Carlos Trimarco.
- Zona 2: Ramón Genaro Díaz Bessone, Leopoldo Fortunato Galtieri, Luciano Adolfo Jáuregui y Juan Carlos Trimarco.
- Zona 3: Luciano Benjamín Menéndez, José Antonio Vaquero, Antonio Domingo Bussi, Cristino Nicolaides y Eugenio Guañabens Perelló.
- Zona 4: Santiago Omar Riveros, José Montes, Cristino Nicolaides y Reynaldo Bignone.
- Zona 5: Osvaldo René Azpitarte, José Antonio Vaquero, Abel Teodoro Catuzzi, José Rogelio Villarreal y Osvaldo Jorge García.
El general Balza ha declarado que estos militares «son de los pocos que pueden saberlo todo».
Represores conocidos
Alfredo Astiz
Alfredo Astiz es el caso más emblemático de la represión ilegal. Era capitán de la Armada Argentina y perteneció al Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada. Se infiltró entre las Madres de Plaza de Mayo simulando ser familiar de desaparecidos. Actuó como secuestrador de las Madres de Plaza de Mayo, de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, de la adolescente argentino-sueca Dagmar Hagelin, entre otros casos de trascendencia mundial. Se vio beneficiado por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Luego de anuladas, en 2003, fue procesado y detenido en 2006. En Francia fue condenado en ausencia a prisión perpetua. En enero de 1998 la periodista Gabriela Cerruti le realizó una histórica entrevista publicada por la revista Tres Puntos, donde reconoce las secuestros, los centros clandestinos de detención, las ejecuciones ilegales, la infiltración en las Madres de Plaza de Mayo, declara que no sintió arrepentimiento y amenaza con una respuesta violenta militar si continuaban las investigaciones:
Igual, te digo, que no nos sigan acorralando, porque no sé cómo vamos a responder. Están jugando con fuego. Es como si Cassius Clay entra a tu casa y te pega, un día, dos, tres, al final te cansás, y aunque seas más chico le partís una silla en la cabeza. Igual, no somos más chicos. Las fuerzas armadas tienen quinientos mil hombres técnicamente preparados para matar. Yo soy el mejor de todos. Alfredo Astiz
Miguel Etchecolatz
Miguel Etchecolatz es un expolicía que fue la mano derecha del exgeneral de brigada Ramón Camps, jefe de policía de la provincia de Buenos Aires. Fue el responsable directo del operativo de la Noche de los Lápices. Inicialmente fue condenado a 23 años de prisión como responsable de haber ejecutado 91 tormentos pero la Corte Suprema anuló la sentencia por aplicación de la Ley de Obediencia Debida. Fue condenado y cumplió una condena de siete años por la supresión de identidad de un hijo de desaparecidos. En 2006 fue enjuiciado nuevamente y condenado a reclusión perpetua.
Jorge Eduardo Acosta
Jorge Eduardo Acosta, conocido como «el Tigre», era un capitán de corbeta jefe del grupo de tareas 3.3.2 que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) y de ese centro clandestino de detención. Era quien tomaba las decisiones sobre tortura y muerte en la ESMA. En particular fue quien tomó la decisión de arrojar al río al grupo de monjas francesas Duquet y Domon y las madres de Plaza de Mayo Villaflor, Ballestrino y Ponce, así como la muerte de Dagmar Hagelin. Está procesado por delitos contra la humanidad en Italia y España. Con la anulación de la Ley de Obediencia Debida se reabrieron las causas en las que está involucrado.
Julio Simón
Julio Simón, el Turco Julián, fue un integrante de la Policía Federal Argentina que actuaba como torturador en el CCD el Olimpo. En El Olimpo llevaba una cruz esvástica como llavero.135 Está condenado por el secuestro de niños y torturas.
Ramón Camps
El general de brigada Ramón Camps estuvo a cargo de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Tuvo bajo su dirección varios de los centros clandestinos de detención (CCD) ubicados en la provincia. Entre los casos en los que intervino se encuentran el Caso Timerman y la Noche de los lápices. Se caracterizó por su antisemitismo acérrimo. Fue condenado a la pena de 25 años de prisión hasta que fue indultado en 1990. Murió en 1994.
Raúl Guglielminetti
Raúl Guglielminetti, alias «Mayor Guastavino», fue un agente de inteligencia perteneciente al Batallón 601 que ha sido relacionado con múltiples actividades criminales clandestinas.138 A partir de 1978 condujo el Grupo de Tareas Exterior (GTE) que organizó la colaboración del régimen militar argentino con la guerra sucia en Centroamérica, conocida como Operación Charlie.139 Fue integrante de la denominada «Banda de Aníbal Gordon», fue relacionado con el secuestro del empresario Osvaldo Sivak en 1985, y ha sido vinculado al tráfico de armas y de drogas.
Ricardo Miguel Cavallo
Este represor argentino, prófugo de la justicia, llegó a México, ocupando el cargo de director general de Registro Nacional de Vehículos. En el año 2000, fue detenido en el aeropuerto internacional de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y permaneció en prisión hasta que fue autorizado su traslado a España. Actualmente, se encuentra extraditado, de regreso a Buenos Aires, Argentina, donde sigue su proceso judicial.
Empresarios y empresas
También hubo algunas empresas cómplices de crímenes de lesa humanidad. Se habla de la participación de altos directivos de las siguientes empresas: Ford, Mercedes Benz, Acindar, Dálmine Siderca, Ingenio Ledesma, y Astarsa.
Victoria Basualdo, de la Universidad de Columbia, investigó la complicidad entre grandes empresas y fuerzas armadas. Encontró seis empresas en las que fueron secuestrados y torturados decenas de representantes sindicales, muchas veces detenidos dentro de las empresas y trasladados a centros clandestinos de detención (CCD) en vehículos provistos por las empresas. En el caso de Dálmine Siderca, se había instalado un CCD al lado de la fábrica, a la que se comunicaba por una puerta. En el caso de Acindar ya durante el gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón en 1975 se instaló dentro mismo de la empresa un centro de detención e interrogatorios por parte de la Policía Federal.
La jueza Alicia Vence tuvo a su cargo la investigación de los actos de terrorismo de Estado cometidos en instalaciones y con la participación de autoridades de las empresas Ford y Mercedez Benz, esta última dirigida entonces por el excorredor de carreras Juan Manuel Fangio, involucrado en los actos por los testigos. En 2015 la investigación fue elevada para que se realizara el juicio oral contra los acusados. En 2017 fue elevada a juicio la Causa Ford por delitos de lesa humanidad en Argentina.
José Alfredo Martínez de Hoz
José Alfredo Martínez de Hoz, presidente de la empresa metalúrgica Acindar, quien fuera Ministro de Economía entre 1976 y 1980, fue enjuiciado penalmente en el caso del secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, propietarios de la algodonera SADECO. Martínez de Hoz había viajado a a Filipinas donde un grupo chino le habría solicitado intervenir para que los empresarios argentinos cumplieran un contrato comercial de dos millones y medio de dólares. Los Gutheim (padre e hijo) fueron secuestrados poco después de que Martínez de Hoz volviera de Filipinas, y durante su secuestro fueron llevados en dos oportunidades a negociar con los acreedores chinos y en una oportunidad a reunirse con el ministro. En 1990 Martínez de Hoz fue indultado por el presidente Carlos Menem. El 4 de septiembre de 2006 un juez declaró la nulidad del indulto y reabrió el caso que finalmente fue cerrado al fallecer el acusado.
Religiosos de la Iglesia católica
Se encuentra probada la participación directa de religiosos católicos en la comisión de crímenes de lesa humanidad. La periodista Miriam Lewin testimonió que mientras era trasladada encadenada y encapuchada en la La Esma, donde se encontraba detenida-desaparecida, pudo ver fugazmente a una persona con ropa de obispo o arzobispo.
Uno de los campos de concentración de la Marina era una Casa de Ejercicio Espirituales de la Iglesia católica en el Delta del Paraná. La Iglesia ha sostenido que no conocía lo que allí sucedía porque le habían vendido el inmueble a la Marina.
En el libro El Vuelo, se incluye el siguiente diálogo en el que el represor Adolfo Scilingo relata como fue aconsejado por el capellán de la ESMA para proceder a eliminar a los detenidos-desaparecidos mediante los vuelos de la muerte:
Al día siguiente no me sentía muy bien y estuve hablando con el capellán de la Escuela, que le encontró una explicación cristiana al tema. No sé si me reconfortó, pero por lo menos me hizo sentir mejor.
—¿Cuál fue la explicación cristiana?
—No me acuerdo bien, pero me hablaba de que era una muerte cristiana, porque no sufrían, porque no era traumática, que había que eliminarlos, que la guerra era la guerra, que incluso en la Biblia está prevista la eliminación del yuyo del trigal. Me dio cierto apoyo.
Christian Von Wernich
Christian Von Wernich es un caso paradigmático. Es un sacerdote católico, que se desempeñó como capellán de la Policía de la provincia de Buenos Aires y solía visitar los centros clandestinos de detención, y fue condenado a cadena perpetua en 2007 por secuestros, torturas y homicidios que se consideraron delitos de lesa humanidad.
Funcionarios estadounidenses
Documentos secretos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos han revelado que Henry Kissinger sabía de los crímenes de lesa humanidad que se cometían en Argentina, que amparó deliberadamente a la dictadura militar para evitar que la presión internacional pudiera evitar las violaciones de derechos humanos, y que le recomendó al gobierno argentino asesinar a los opositores antes de que asumiera el presidente James Carter.
En las imágenes tomadas en la Casa Blanca en la mañana del 9 de septiembre de 1977 muestran a un Jorge Videla inusual: de gestos expresivos, sonriente y vestido de civil, con traje oscuro. También a Jimmy Carter se lo ve cómodo junto a su visitante, para los militares argentinos, que decían estar en lucha contra el marxismo internacional, Washington era un aliado natural, en el contexto de la Guerra Fría.
Sin embargo, el encuentro no se planteó como una reunión entre dos amigos, sino más bien lo contrario, la reunion era por la cuestión de los derechos humanos, el vínculo con Estados Unidos había alcanzado durante los meses previos un nivel de tensión que había desconcertado y enfurecido a la dictadura. Desde su asunción, en enero de ese año, Carter había roto con el legado de Henry Kissinger como secretario de Estado del gobierno republicano que convivió con el primer año de la dictadura, Kissinger había apoyado con entusiasmo a la Junta Militar y su plan criminal de represión política. Condescendiente, Videla explicó entonces que la guerra contra la acción subversiva estaba llegando a su fin y la Argentina pasaría una Navidad mucho más feliz. Esa promesa sería, por supuesto, un fiasco. Hacia el final de 1977, no sólo no se produciría una apertura del régimen, sino todo lo contrario. El secuestro de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo y de las monjas francesas, quienes amenazaban el brutal silencio que pesaba en el país sobre los desaparecidos, dejaría en claro la ingenuidad de los muchos que entonces veían en Videla a un moderado que contenía el deslizamiento de las fuerzas estatales hacia una represión más profunda.
El 6 de octubre de 1975, cuando ocupaba provisionalmente la Presidencia de la Nación, el presidente provisional del Senado, Ítalo Lúder, dictó los decretos 2770, 2771, y 2772, conocido como los decretos de aniquilamiento. El 28 de octubre mediante la Directiva del Comandante General del Ejército 404/75 (Lucha contra la subversión), se dispuso la zonificación militar del país en 5 zonas, divididas a su vez en subzonas y áreas, con sus correspondientes responsables militares. Años después hubo fuertes discusiones sobre el significado y alcance del término «aniquilar» en vinculación directa al concepto de terrorismo de Estado, ya que el resultado concreto de la orden fue el aniquilamiento personal de los insurgentes y no de sus estructuras ni su accionar.
Las cinco zonas militares en que se dividió el país correspondían a los cinco cuerpos en que se dividía el Ejército. Al comandante de cada cuerpo del Ejército le correspondía hacerse cargo de la zona. Cada zona estaba dividida a su vez en subzonas y áreas. Cada uno de los jefes de zona, subzona y área tenía mando directo para la represión ilegal en su jurisdicción. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires era una subzona, ubicada dentro de la Zona 1; a su vez la subzona Ciudad de Buenos Aires, estaba dividida en 6 áreas. Los jefes de zona y subzona actuaban con total autonomía. Su capacidad para tomar decisiones que implicaran violaciones de derechos humanos era absoluta. El General Martín Balza los definió como "señores de la guerra... verdaderos señores feudales..
Alfredo Ignacio Astiz es conocido como «el Ángel Rubio» y «el Ángel de la Muerte», es un militar de la Armada Argentina y criminal que durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional en Argentina se infiltró en las organizaciones de derechos humanos como espía. Perteneció al Grupo de tareas 3.3.2 que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).
Entre los delitos de lesa humanidad que cometió se cuentan casos de resonancia internacional como el secuestro, tortura y desaparición de dos monjas francesas, Alice Domon y Léonie Duquet por los cuales fue condenado en ausencia en Francia a cadena perpetua, y la adolescente sueca Dagmar Hagelin. En 2011 fue condenado a perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por la justicia argentina; en 2014 se confirmó la condena, en noviembre de 2017 se lo condenó a cadena perpetua.
Miguel Osvaldo Etchecolatz es un expolicía argentino, genocida condenado y represor que fue director de Investigaciones de la Policía Bonaerense y mano derecha del general Ramón Camps, durante la dictadura militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). Fue condenado a prisión perpetua en reiteradas ocasiones, por diversos crímenes de lesa humanidad, mediante sentencias dictadas en 1986, 2004, 2006, 2014 y 2016, que fueron unificadas en una pena única de reclusión perpetua.
Jorge Eduardo Acosta denominado, el Tigre, es un exmilitar y excriminal argentino conocido por haber conducido el Grupo de Tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada. Era quien tomaba las decisiones sobre tortura y muerte en la ESMA. En particular fue quien tomó la decisión de arrojar al río al grupo de monjas francesas Duquet y Domon y las madres de Plaza de Mayo Villaflor, Ballestrino y Ponce, así como la muerte de Dagmar Hagelin. En 2011 la justicia argentina lo condenó por dichos crímenes a cadena perpetua y a inhabilitación absoluta y perpetua y en 2014 dicha condena quedó firme.
Julio Héctor Simón mas conocido como "el Turco Julián", es un exintegrante de la Policía Federal Argentina que actuó como represor y torturador en el centro clandestino de detención El Olimpo durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). Es de público conocimiento su simpatía hacia el fascismo y el nazismo, y que llevaba una cruz esvástica como llavero, en 2006 fue condenado por la justicia argentina a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, por lo que actualmente se encuentra detenido en la Unidad 34 de Campo de Mayo.
Ramón Juan Alberto Camps fue un militar perteneciente al Ejército Argentino que alcanzó el grado de general de brigada. Resultó ser culpable de crímenes de lesa humanidad por lo que fue condenado a prisión y a destitución de su grado militar. Durante la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) estuvo a cargo de la Policía de la provincia de Buenos Aires y en 1977 fue jefe de la Policía Federal Argentina, tuvo bajo su dirección varios de los centros clandestinos de detención (CCD) ubicados en la provincia. Entre los casos de los que fue responsable se encuentran el Caso Timerman y la Noche de los Lápices.
Raúl Antonio Guglielminetti alias Mayor Guastavino, es un exagente de inteligencia argentino perteneciente al Batallón 601 que ha sido relacionado con múltiples actividades criminales. Durante la dictadura militar argentina de (1976-1983) perteneció al Grupo de Tareas que tenía su base en el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti, relacionado con operaciones del Plan Cóndor, y bajo el mando de Aníbal Gordon. A partir de 1978, condujo el Grupo de Tareas Exterior (GTE) que organizó la colaboración del régimen militar argentino con la guerra sucia en Centroamérica, conocida como Operación Charlie. Integró la denominada "Banda de Aníbal Gordon", por lo que fue relacionado con el secuestro y asesinato del empresario y banquero Osvaldo Sivak en 1985. En 2011 fue condenado a 20 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Ricardo Miguel Cavallo es un exmilitar argentino, quien fuera miembro del Grupo de tareas 3.3.2 y fuera encontrado culpable de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Mientras vivía en México trabajaba como director del Registro Nacional de Vehículos (RENAVE), Ricardo Cavallo fue acusado en España en el año 2000 por el juez Baltasar Garzón, quien pidió su extradición bajo el principio de la jurisdicción universal. El 26 de octubre de 2011 fue condenado a cadena perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por la justicia argentina y en 2014 dicha condena quedó confirmada.
Christian Federico Von Wernich es un sacerdote argentino de la Iglesia católica que se desempeñó como capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar 1976-1983. Detenido desde 2003 por su participación en delitos de lesa humanidad en los centros clandestinos de detención Puesto Vasco, Cot I Martínez y el Pozo de Quilmes, fue condenado el 9 de octubre de 2007 a reclusión perpetua por hallarlo culpable de 34 casos de secuestro, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados.