Política de defensa y seguridad

Néstor Kirchner quería en la cartera un ministro con el perfil asociado a la defensa de los derechos humanos para la realización de estas tareas, ya que consideraba las Fuerzas Armadas una institución necesaria para la Nación para ello primero fue nombrado José Pampuro como Ministro de Defensa de la Nación entre el 25 de mayo de 2003 y el 28 de noviembre de 2005 siendo reemplazado luego por Nilda Garré .

Nilda Garré asumió como titular del Ministerio de Defensa en diciembre de 2005. En ese momento se encontraba la última oleada de juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares durante la última dictadura cívico-militar, el principal objetivo que subyacía el nombramiento de Garré al frente de Defensa era la integración de las Fuerzas Armadas al proceso democrático y la recuperación de su prestigio ante la sociedad.

Néstor Kirchner quería en la cartera un ministro con el perfil asociado a la defensa de los derechos humanos para la realización de estas tareas, ya que consideraba las Fuerzas Armadas una institución necesaria para la Nación.
En realidad, una ley de Defensa, cuya sanción había sido producto de un consenso muy amplio en el Parlamento, había sido reglamentada en la década de los años 1980 durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Dicha ley preveía que estos cambios en el sentido de democratizar las Fuerzas Armadas se hicieran efectivos en forma inmediata, cosa que no ocurrió hasta la llegada de Kirchner y el nombramiento de Garré en Defensa.
Otro de los objetivos de Garré en el Ministerio había sido promover la reforma del sistema de Justicia militar argentino,​ algo que sólo pudo lograrse del todo hacia 2009, debido a la gran cantidad de textos normativos y de proyectos de reforma existentes.​ Esto, sumado al desarrollo de políticas de género, a la profundización de las políticas de derechos humanos,​ y la reactivación de proyectos científicos tecnológicos fueron los ejes centrales que caracterizaron la gestión de Garré en el Ministerio de Defensa.

Recuperación de la soberanía tecnológica

Recuperó el Complejo Industrial Naval Argentino astillero (CINAR), mediante la rehabilitación y puesta en funcionamiento del astillero de Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor) y del astillero Almirante Storni, que habían sido cerrados y desguazados en el marco de la aplicación de políticas económicas neoliberales, durante el gobierno del entonces presidente Carlos Menem, en la década de los años 1990. De acuerdo con Garré, la privatización de Tandanor «nos ha costado un enorme daño al Estado nacional y al desarrollo de la industria naval argentina».​ En declaraciones hechas en ocasión de un acto para conmemorar los 130 años del astillero Tandanor, Garré aseguró además que la recuperación de los dos astilleros tenía el objetivo de cumplir con el «deber de defender el trabajo argentino e impulsar el desarrollo de las capacidades de nuestra industria naval. De la situación de quiebra virtual en la cual se encontraba la empresa (Tandanor) hace más de dos años, actualmente ocupa a 530 trabajadores en forma directa junto a unos 700 subcontratistas».​

Además de la recuperación de los astilleros, Garré puso en marcha reestatización de la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FADEA), cuyas instalaciones se encuentran en la ciudad de Córdoba y que antes eran explotadas por la multinacional estadounidense Lockheed Martin. Esta reestatización no supuso ningún pago de indemnización por parte del Estado argentino a dicha empresa, ya que el Gobierno consideró que Lockheed Martin ha sido un estorbo al desarrollo de la Argentina durante todos los años en los que controló FADEA, de acuerdo con lo declarado por Garré.​ Más tarde, fueron anunciados por Garré aportes del Ministerio de Defensa a la Fábrica Argentina de Aviones para potenciar la producción de la planta, además de la firma de un acuerdo con la brasileña Empresa Brasileña de Aeronáutica (EMBRAER) en materia de colaboración en el campo tecnológico.​

En lo tocante a la investigación científica con fines de defensa, se destacan la puesta en valor del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), con el objetivo de privilegiar la investigación científica y la fabricación local por sobre las importaciones de armamento, que suelen ser onerosas para el Estado nacional. No obstante sus intenciones de fabricar armamento de guerra, Garré sostuvo que «Argentina no tiene intenciones encubiertas. Esto le permite al país hacer una planificación de su Defensa a la luz del día, sometiéndose a inspecciones internacionales».

Política de Derechos Humanos y Anticorrupción

En lo relacionado con los derechos humanos, enfrentó la oposición de sectores de la derecha conservadora del país y vetó el ascenso de rango a familiares de militares involucrados en crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura cívico-militar que tuvo lugar en el periodo 1976/1983. A pesar de que todos los vetados tenían relación directa de parentesco con exmilitares condenados a prisión perpetua y, en otros casos, procesados, Garré sostuvo que el ascenso en las Fuerzas Armadas no es una cuestión sólo de «capacidad de conducción, liderazgo, si hizo cursos o cómo hizo tal ejercicio militar, sino también es convicción democrática y respeto por los derechos humanos». Para la ministra, el acceso a los más altos rangos de la jerarquía castrense no tiene en cuenta las relaciones familiares de los militares, sino que «haya una probada convicción democrática». 

Política de seguridad

El 14 de abril de 2004 el Congreso aprobó la llamada Ley Blumberg (Ley 25 886), nombre atribuido por ser su principal impulsor, que modifica el Código Penal argentino, existen otras dos leyes que se conocen como Blumberg, que son la Ley 25 882 que modifica el art. 166 del Código Penal que entró en vigor el 4 de mayo de 2004 y la Ley 25 891, de servicios de comunicaciones móviles por la cual se instituye un Registro de Usuarios.

Las reformas aprobadas correspondiente a sus peticiones fueron:

• Ley 25 882 modificatoria del artículo 166 del Código Penal, sancionada el 14 de abril de 2004, que reprime la portación de armas con pena de prisión no excarcelable.
  
• Ley 25 891, que estableció que la comercialización de los mencionados servicios podrá realizarse, únicamente, a través de las empresas autorizadas. Fue sancionada el 28 de abril de 2004.
• Ley 25 892, que modificó el artículo 13, 14 y 15 respecto al beneficio de Libertad condicional para los casos de delitos de prisión perpetua considerados aberrantes: sancionada el 5 de mayo de 2004.
• Ley 25 893 que incrementó las penas para homicidios y violaciones seguidas de muerte. Modificación del Código Penal: Sancionada el 5 de mayo de 2004.
• Ley aprobada el 18 de agosto de 2004 modificatoria del artículo 55 del Código Penal, fijando el tope de 50 años de prisión o reclusión para los responsables de distintos delitos concurrentes.