Política Social

Relación con las organizaciones sociales

Desde el comienzo de su mandato, el presidente Kirchner tuvo mayor cercanía con los movimientos sociales de Luis D'Elía (de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat), Emilio Pérsico (del Movimiento Evita), Juan Carlos Alderete (de la Corriente Clasista y Combativa) y Humberto Tumini (de Libres del Sur). Estos movimientos piqueteros serían la «fuerza de base» con la que Kirchner concertaría y que actuarían, además, como contrapeso al sector del Partido Justicialista que Kirchner no controlaba. Los movimientos sociales adquirieron relevancia como nunca antes.​

Estas organizaciones habían presentado una serie de pedidos en común: mantener planes sociales vigentes, construir viviendas en barrios pobres, desprocesamiento de militantes enjuiciados, juicio a los responsables por la muerte de una decena de dirigentes sociales desde 2001 y la restitución de 25.000 planes de asistencia social recortados.​ Néstor Kirchner se había comprometido a mantener vigentes los más de 2,2 millones de planes sociales, pero con el compromiso de cambiarlos por otros instrumentos de política social.​
También acordaron modificar las normas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) para que estas organizaciones pudieran ser contratadas por el Estado para la obra pública y la construcción de viviendas sociales. Asimismo hubo unanimidad en lo referente a la renovación de la Corte Suprema pero no así en el pago de la deuda externa, que la CCC rechazaba.
También acordaron que la manifestación callejera no sería reprimida, pero asimismo esta debía cambiar sus métodos y sus objetivos: de ser abiertamente en protesta debía pasar a ser en apoyo a las políticas transformadoras que se estaban comenzando a llevar a cabo. Les dijo «... Es tiempo de que las organizaciones sociales se conviertan en actores políticos». Con esa idea fue que prometió fondos para formar cuadros políticos; los alentó a crear cooperativas de trabajo y se comprometió a incorporar militantes al Gobierno.
La mesa de negociación se amplió con nombres como Carlos López y Alberto Vulcano (de la FTV), Edgardo Depetri y Hugo Gómez (por el Frente Transversal), Santiago Martorelli (por el Movimiento Evita), Jorge Ceballos (por Barrios de Pie), Néstor Moccia (por Libres del Sur), entre otros.
Para el fin de su mandato en  2007, había 700.000 personas de beneficiarios del Plan Jefes habían conseguido un empleo registrado.

Política previsional

En 2004 se sancionó la Ley 25.994, la cual permitió acceder a una prestación jubilatoria a aquellas personas que tenían los aportes pero le faltaban cinco años de la edad prevista legalmente, dando un notable salto en la cobertura previsional a partir del 2006. El año 2007 mostró el pico más alto en las altas por moratoria, llegando a 1.050.000. Para 2009, el total de jubilados beneficiados por el nuevo régimen había llegado a 2.312.000. La política oficial había permitido ya en 2007 un nivel de cobertura previsional de más del 95%,39​ la más alta de toda Latinoamérica.​ Si bien el objetivo era para varones y mujeres en general, de las 2.700.000 personas que accedieron a la jubilación, el 86 por ciento son mujeres.Por esta razón es que la moratoria terminó siendo conocida como “la jubilación para amas de casa”.
El proyecto de ley enviado al Congreso permitiá completar aportes hasta el 31 de diciembre de 2003, con quita de la deuda con la Anses y un plan de 60 cuotas. Con esos beneficios, el 99 por ciento de los argentinos estaba habilitado a acceder a una jubilación. El objetivo es incorporar aproximadamente a 474 mil individuos que reúnen la edad exigida por ley para cobrar una prestación pero continúan excluidos por no contar con los 30 años de aportes necesarios. Los beneficiarios de la medida serán, en su mayoría, adultos mayores –sobre todo mujeres– que se encuentran entre el 30 por ciento de los hogares más vulnerables.

Regularización laboral

Para luchar contra la informalidad, se implementó el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), orientado a combatir el trabajo no registrado, verificar el cumplimiento de las condiciones de trabajo que garantizaran los derechos del trabajo y la protección social, alcanzar mayor eficacia en normativa laboral y a la de Seguridad Social y lograr la incorporación al sistema de Seguridad Social de los trabajadores excluidos. Para ello, se creó un Sistema Integral de Inspección del Trabajo y la Seguridad Social para controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas del trabajo en todo el territorio nacional.​ para 2007 se observaba que de cada 100 nuevos puestos de trabajo 83 eran formales, a diferencia de los años noventa cuando tan solo 6 de cada 100 trabajadores eran registrados.