Derqui, para superar los escollos, aconsejó a Buenos Aires que convocase a nuevas elecciones de conformidad con la ley nacional, pero había que esperar que el gobierno de la provincia se negaría a ello, como así lo hizo.
En vista de esa negativa, el vicepresidente Pedernera, en ejercicio del poder ejecutivo, pidió al Congreso la sanción de un proyecto de ley que declaraba rebelde al gobierno de la provincia de Buenos Aires y autorizaba al poder ejecutivo nacional a "emplear la fuerza pública y usar de todos los recursos de que dispone la Nación en cuanto sean necesarios, a fin de compeler y reprimir al gobierno rebelde de Buenos Aires y sujetarlo a la obediencia de la ley común y al cumplimiento de sus deberes".
El Congreso nacional reemplazó el proyecto del poder ejecutivo por la siguiente ley, que elaboraron Emilio de Alvear, Daniel Aráoz, Ramón Gil Navarro, Vicente G. Quesada y Damián Torino:
Art. 1º Declárase que el gobierno de Buenos Aires ha roto el pacto celebrado con la autoridad nacional del 11 de noviembre de 1859 y el convenio del 6 de junio de 1860, y que, en consecuencia, ha perdido todos los derechos que por ellos adquirió.
Art. 2º Declárase, igualmente, que la actitud asumida por el gobierno de la provincia de Buenos Aires es un acto de sedición, que el gobierno nacional debe sofocar y reprimir con arreglo al artículo 109 de la Constitución.
Art. 3º Autorizase al poder ejecutivo para intervenir en la provincia de Buenos Aires a efectos de restablecer el orden legal perturbado por la rebelión del gobierno de ella, y hacer cumplir la Constitución nacional y las resoluciones del gobierno federal.
Art. 4º En su consecuencia, declárase en estado de sitio la referida provincia, mientras dure ese estado de sedición; exceptúase a la parte de ella y sus autoridades que obedezcan al gobierno federal.
Art. 5º El poder ejecutivo nacional no podrá aceptar proposiciones de paz, sin previo consentimiento del soberano Congreso.
Art. 6º El poder ejecutivo le dará cuenta de todo lo que obre en virtud de esta ley.
Si a la luz de toda la documentación hoy accesible, después de examinar la conducta de los hombres y de las instituciones, cabe deplorar la intransigencia, la inflexibilidad y también la incomprensión de los porteños desde el 11 de setiembre de 1853 hasta la batalla de Cepeda en noviembre de 1859, la actitud de Urquiza y de su círculo a partir del 11 de noviembre y del 6 de junio de 1860 es también deplorable y cuesta hallarle justificación.
Félix Frías, que había estado entonces por encima de los bandos en pugna, escribió a Urquiza:
"No intento evocar los ingratos sucesos de un pasado muy reciente; pero V. E. me permitirá decirle que no alcanzo a comprender sean de tan grave naturaleza las faltas cometidas por el gobierno de Buenos Aires que merezcan una represión violenta por parte de la autoridad nacional. Muy indulgentes consigo mismos y demasiado severos con los demás se han mostrado los depositarios de esa autoridad, cuando sólo han visto en aquella provincia violadas las instituciones del país de que se declaran sostenedoras. A mi juicio, señor, el general Mitre ha cumplido con buena fe y lealtad los compromisos adquiridos después de Cepeda, y si sucesos lamentables lo han decidido a tomar una actitud diferente en ‘stos últimos tiempos, sería sobremanera injusto afirmar que le animaba únicamente el designio de quebrantar la Constitución nacional. V. E. sabe que yo no he pertenecido ni pertenezco al partido político de que es hoy el general Mitre el jefe oficial. En muchos y deplorables errores ha incurrido, según yo lo entiendo, ese partido; pero del error al crimen hay gran distancia, señor general . . . Se engañan a sí mismos y engañan a V. E. los que le prometen nuevas glorias en los campos de batalla, en que ha de derramarse sangre argentina por argentinos. La gloria verdadera de V. E. fue la alcanzada en Caseros, derribando la tiranía, y, para consolidar esa gloria y no mancillarla, V. E., como el país, necesitan la paz, y no de nuevas e interminables contiendas".
Toda reflexión fue estéril; la guerra fue inevitable. Pero esta vez no fue una guerra de Buenos Aires contra las provincias, pues parte de ellas se habían declarado en favor de la política mitrista, como los Taboada en Santiago del Estero, José Posse y Zavalía en Tucumán, Marcos Paz en Córdoba, con círculos liberales que irradiaban desde diversas ciudades del interior.