Intervenciones a las provincias.

En abril de 1899 fue decretada la intervención a la provincia de Buenos Aires, a requerimiento de la legislatura, que se quejó de los actos de obstrucción del poder ejecutivo, el cual sostenía que la legislatura se hallaba viciada en su composición.

Como era habitual, los resultados de las elecciones se conocían antes del acto comicial, por acuerdo de los partidos actuantes. 

El propio Pellegrini dijo en el Senado el 20 de diciembre de 1902: "Los registros electorales, en el 90 por ciento de los casos, se hacen antes del día de la elección, en que los círculos o sus agentes hacen sus arreglos, asignan el número de votos, designan los elegidos, todo sin perjuicio de modificarlos y rehacerlos después de la elección, si resulta que en alguna forma se han equivocado los cálculos o modificado los propósitos".

La junta electoral, en el caso de Buenos Aires, se negó a admitir los arreglos previos y a expedir los diplomas de los electos, calificando de viciosas las actas que se le presentaron; pero la Cámara, con el quórum justo, en el que figuraban los reelectos, se reunió y distribuyó veinte bancas a los opositores (ocho cívicos, siete radicales intransigentes y cinco disidentes del autonomismo nacional) y sólo seis a los gubernistas (cinco autonomistas nacionales y un radical moderado).

 El gobernador Bernardo de Irigoyen ocupó con la policía la legislatura, desconoció la resolución de los diputados, señalando que su derecho a juzgar diplomas no equivalía a inventar comicios y a realizar escrutinios falsos. La legislatura pidió el apoyo presidencial y el 28 de abril, dos días antes de la apertura del Congreso, se declaró intervenida la provincia. El presidente de la Cámara de diputados, Marco Avellaneda, fue designado interventor con el acuerdo de los ocho ministros que componían entonces el gabinete. Avellaneda reclamó a ambas partes los antecedentes del conflicto y decidió repetir las elecciones, reemplazando a los comisarios de policía por oficiales del ejército. Los comicios se llevaron a cabo el 2 de julio, sin la concurrencia de los radicales intransigentes; la junta electoral examinó los votos y entregó los diplomas a doce autonomistas nacionales oficialistas, ocho radicales moderados y seis cívicos; el 8 de agosto el comisionado dio por cumplida su misión.

Pero se reagravó la discordia al juzgar la legislatura los diplomas de los electos. Hallándose el 2 de setiembre en el recinto 28 diputados opositores y veinte oficialistas, los electos de esta tendencia se hicieron presentes y pidieron intervenir en la votación; los mayoritarios se retiraron y la Cámara, sin quórum de legisladores en ejercicio, admitió las proclamaciones de la junta electoral, excepto la de un cívico, que reemplazó por un autonomista nacional. Se produjo el consabido pedido de intervención federal. Y se decidió una intervención restringida para instalar la legislatura; fue propiamente una continuidad de la intervención anterior. Fue nombrado comisionado Mariano de Vedia, que había sido secretario de Marco Avellaneda. Vedia anuló las decisiones adoptadas el 2 de setiembre y dispuso que fuesen nuevamente consideradas, y, como esta vez los oficialistas se negaron a concurrir, aprobó por sí mismo las elecciones y modificó los cómputos, de manera que resultó un cívico más y un radical moderado menos; instalada el 9 de octubre la legislatura, dio por terminada su misión.

Al iniciarse el nuevo siglo, el 19 de enero de 1901, La Nación hacía este comentario a la situación política: 

"Sobra gobierno y falta oposición: no hay esos partidos orgánicos que se nutren de una profunda y vital aspiración pública y se disciplinan en una organización popular, en un interés palpitante que los alienta. Las luchas pasadas han fatigado a la opinión y la han hecho optar por un reposo, que ha producido esta atonía que ya empieza a ser postración y a incitar reacciones que sin duda sobrevendrán, porque un pueblo no puede resignarse por mucho tiempo a ser espectador pasivo de la gestión de sus propios destinos, y menos aún cuando el gobierno no se muestra a la altura de las posibilidades que su predominio le impone.”

En octubre de 1901 se realizó en Buenos Aires una demostración de santafesinos opositores al gobierno de su provincia a cargo de Iturraspe. Varios convoyes ferroviarios especiales llegaron a la estación San Martín, donde fueron esperados por Cullen, A. Comas, M. Magallanes, A. Cabal y otros. 

Después de una comida criolla se dirigieron a la calle Florida y llegaron a la casa de gobierno. En diversas circunstancias dirigieron la palabra a los manifestantes: Contreras, Guasch Leguizamón, Araya, Lisandro de la Torre, el estudiante del Valle Iberlucea. 

En el Retiro hablaron a la muchedumbre Carlos Rodríguez Larreta, Camilo Aldao, Carlos Guerrero. Los santafesinos opositores habían acudido a Buenos Aires a pedir la intervención federal, por iniciativa de la Unión provincial. Llegados a la plaza de Mayo, una comisión entró en la Casa de Gobierno para entregar la petición respectiva al presidente; la formaban: Camilo Aldao, Estanislao M. López, Federico B. Valdez, Nicanor Molinas, Gervasio A. Colombres, Félix Pujato, Zenón Pereira, Salvador J. Salvá, Aurelio Alsina, Emilio B. Moreno, José A. Gómez, Fidel J. Otero, Eliseo M. Videla, Moisés Leiva, Alberto J. Paz, Alberto M. Cullen, L. Colombres, Eduardo Paganini, Manuel Mántaras, A. Niklison, Perfecto Araya, Joaquín Lejarza, Frugoni Zabala, Severo A. Gómez, Juan M. Cafferata, Ignacio Cullen, Ramón Contreras, Carracciolo de Larrechea, Guillermo Cullen, Manuel Candioti, Carlos Paganini, Mariano Leiva, Laureano Araya, Cayetano Livi, Miguel Rueda, Eleodoro Roldán, Lucio Doncel, Rómulo Crespo, Martín Fragueiro, Domingo González, Francisco Segovia. 

El doctor Valdez llevó la palabra de la comisión ante el general Roca y éste en su respuesta prometió enviar el proyecto de intervención a las cámaras para que se resolviesen. Después se asomó al balcón en compañía de Mitre y Victorica. La comisión se dirigió después al Congreso y Lisandro de la Torre expuso el objeto de la demostración y de la visita y respondieron a los manifestantes Quirno Costa y Benito Villanueva. El candidato oficial era Rodolfo Freire.

Como no cesasen los embates opositores, dispuestos a poner fin al gobierno de Marcelino Ugarte en Buenos Aires, que sucedió a Bernardo de Irigoyen, Roque Sáenz Peña le escribió el 3 de junio de 1902: "Lo más afortunado del suceso es que te han presentado una situación forzosa en que no había opción para el gobernante ni para el caballero; o la protesta o la depresión y la parodia del gobernador. Quintana envidiaría el dilema, pero creería conmigo que no había opción. El gobierno del comité ha sido silbado. Ahora resulta que, derrotado Rivas como candidato a gobernador, había resuelto gobernar por su intermedio"...

Continuaron las hostilidades, los debates en el parlamento, la oposición del grupo encabezado por Félix Rivas; fueron expulsados diputados ugartistas con cualquier pretexto, el gobernador negó validez a los actos de la legislatura por haberse reunido sin previa convocatoria a reuniones extraordinarias. La disputa llevó a la ruptura de relaciones entre la legislatura y el poder ejecutivo y el gobierno nacional intervino.

Un tiempo después, en febrero de 1903, otro conflicto entre el gobernador Ugarte y la legislatura originó una nueva intervención, hallándose a cargo del poder ejecutivo José Evaristo Uriburu, presidente del Senado, por ausencia de Roca y Quirno Costa. 

El interventor designado fue Luis B. Molina, que dio por terminada su misión a fines de marzo. Pero el conflicto que parecía resuelto volvió a manifestarse y el ejecutivo nacional, previa la ley respectiva del Congreso, decretó en junio una nueva intervención y volvió a encargar de la misma a Luis B. Molina, que puso fin a su tarea en noviembre, después de presidir nuevos comicios el 19 de noviembre y de constituir la Cámara el 18 del mismo mes. Surgieron de esas elecciones 20 diputados oficialistas y seis opositores; Ugarte unificó bajo su dirección todos los grupos, con excepción del republicano.

Flavio Castellanos asumió el gobierno de la provincia de Catamarca el 11 de junio de 1897; en la vicegobernación figuraba Dermidio Galíndez. En esa administración se estableció el papel sellado para las multas policiales, se fijó el arancel para los empleados de la administración de justicia que debían cobrar honorarios, se reglamentó el modo de obtener el título de abogado provincial, se adquirió en Villa Dolores, Valle Viejo, un solar para establecer una escuela de agricultura y se sancionó la segunda ley de imprenta de la provincia, en junio de 1899. Pero a Castellanos fue interrumpido en su gobierno por un partido de oposición llamado Unión Provincial, que promovió un levantamiento el 22 de setiembre de 1899. La revuelta fue aplastada después de muchas horas de lucha y dejó un saldo de treinta y ocho muertos.

El gobierno nacional decretó el 11 de octubre la intervención y declaró caducos todos los poderes. Antes había sido enviada una Comisión compuesta por los senadores Virasoro y Cané para estudiar la situación. Fue designado interventor Benjamín Figueroa. Éste se hizo cargo de sus funciones y tardó diez meses en normalizar la vida institucional de la provincia. Reconstituidos los poderes públicos, el colegio electoral eligió gobernador a Guillermo a Correa el 1° de mayo de 1900 y vice a Deodoro Maza.

La provincia de Entre Ríos fue intervenida en marzo de 1900 a raíz de una insurrección armada de los partidos opositores al gobierno, encabezada por el diputado nacional Solá H. Hernández. Los rebeldes se adueñaron de Victoria, que no pudo ser reconquistada al día siguiente por el general Sócrates Anaya. El general Lorenzo Winter fue designado interventor con instrucciones para reprimir el movimiento revolucionario y sostener al gobierno legal; la intervención terminó el 9 de abril con la pacificación de la provincia, no obstante haber unos 10.000 hombres en armas.

Una revuelta interna derrocó el 13 de junio de 1904 al gobernador de San Luis, Jerónimo Mendoza. El gobierno nacional, por ley del Congreso, intervino la provincia. La intervención fue confiada al doctor Francisco J. Beazley, jefe de policía de la capital federal, que asumió sus funciones, reorganizó los poderes y terminó su misión el mes de agosto con la entrega del gobierno a Benigno Rodríguez Jurado, mandatario electo.