Ley de residencia

Conflictos sociales

El movimiento obrero, en correspondencia con el desarrollo industrial, no sólo se iba organizando gremialmente, sino que planteaba reivindicaciones de mejoras en la reducción de la jornada y en los salarios. Ya había sido fundada la Federación Obrera Regional Argentina y las huelgas, boicots, actos públicos de protesta se sucedían a todo lo largo de 1900, 1901 y en 1902. Un reajuste de salarios y una reducción de la jornada eran inevitables, pero la resistencia patronal era tenaz y, en consecuencia, la agitación obrera iba en aumento, en Buenos Aires, Rosario, y ciudades con actividades industriales, Campana, Bahía Blanca, La Plata, etc. Hubo choques entre huelguistas y rompehuelgas, entre obreros y la policía. El 17 de noviembre de 1902 se declaran en huelga los peones de las barracas y del Mercado Central de Frutos solicitando la abolición del trabajo por tanto y a destajo, y un jornal mínimo de cuatro pesos, la jornada de nueve horas, etc. 

La huelga es apoyada por la simpatía de los trabajadores y por la opinión; el gobierno proporciona peones y tropa para reemplazar a los huelguistas; en respuesta, se solidarizan con los huelguistas los estibadores del puerto y los conductores de carros. 

El movimiento se extiende a otros gremios y repercute en el interior del país; el trabajo del puerto se paraliza y una huelga general de vastas proporciones se inicia espontáneamente. El gobierno se alarmó y recordó el proyecto de ley de expulsión de extranjeros presentado sin éxito por Miguel Cané en 1899 y pidió al Congreso un instrumento legal para proceder, pues se pensaba que la expulsión de un par de docenas de agitadores profesionales extranjeros bas-taría para devolver la tranquilidad "injustamente perturbada del hogar obrero", según palabras del ministro del interior Joaquín V. González. 

Las cámaras se apresuraron a tratar el pedido del poder ejecutivo y en pocas horas fue aprobada la ley 4.144 llamada ley de residencia, conforme con el proyecto de la comisión de negocios constitucionales, firmado por Domingo T. Pérez y Enrique Carbó. El poder ejecutivo podía ordenar la salida del territorio nacional de todo extranjero cuya conducta com-prometiese la seguridad nacional o perturbase el orden público e impedir la entrada al país de aquellos cuyos antecedentes autorizasen a incluirlos entre los señalados como perturbadores.

Enrique Dickmann recordó en 1904 el estado de ánimo que llevó a la adopción de la ley de residencia:

"Alguien lanzó la voz de que 30.000 obreros salían de Barracas y la Boca para atacar la Casa Rosada y los Bancos; todo el mundo lo repetía en voz baja. Y el fantasma de la revolución surgia terriblemente ante la fantasía calenturienta del pueblo. Las clases privilegiadas han sido salvadas de un peligro imaginario. Y los barrios obreros han sido convertidos en cuarteles. Regimientos de caballería y batallones de infantería, sable en mano y fusil al hombro, ocuparon plazas y calles.Centros obreros y socialistas han sido clausurados. Periódicos suprimidos. Gran cantidad de anarquistas violentamente arrojados del país. El cuartel de bomberos se llenó de presos. Y así reinó la paz en Buenos Aires"...

En la discusión en el Senado, a la que asistieron hombres como Luis María Drago y Joaquín V. González, hubo objeciones constitucionales, como la del senador correntino Mantilla, que dijo: "Como ley de defensa permanente, para todos los tiempos, el proyecto choca con los principios, libertades, garantías y derechos establecidos en la Constitución, al amparo de los cuales está abierta la república a todos los hombres de la tierra ... El Congreso no puede conceder al ejecutivo nacional facultades extraordinarias. Actos de esta naturaleza sujetarán a la responsabilidad y pena de los traidores de la patria".

En la Cámara de diputados, Emilio Gouchon hizo objeciones diciendo: 

"Las huelgas han sido la defensa legítima que ha tenido el hombre de trabajo contra el capitalista y es debido a las huelgas, ejercitadas dentro de los límites legítimos, como la clase obrera ha mejorado su condición en todas partes del mundo, como acaba de reconocerlo en un documento público un ministro del gabinete italiano. De manera que las huelgas no son un mal: son un medio de defensa que tiene el trabajador contra el capitalista, que a su vez cuenta con otros medios para contrarrestar la acción del obrero". Y sentó esta doctrina: "Basta que haya un solo miembro del cuerpo social cuyos derechos sean menoscabados para que el cuerpo social se sienta ofendido por esa medida. ¡No es el número! Basta que un habitante de la República sea lesionado en su derecho, para que toda la comunidad argentina se sienta atacada por esa medida".

Hubo algunas otras pocas excepciones, la de Belisario Roldán, la de Juan Balestra, pero la ley de residencia fue aprobada por casi unanimidad y quedó en vigor algo más de cincuenta años. Se aprobó en general y en particular y se sancionó en el curso del mismo día y entró inmediatamente en vigor. Y no considerándola suficiente, el 22 de noviembre fue proclamado el estado de sitio, que duró hasta el 10 de enero de 1903.

En una conferencia en el teatro Odeón, Victorino de la Plaza censuró la ley de expulsión de extranjeros; dijo que ese poder "merece ser clasificado como una autorización o facultad de cruel despotismo para expulsar extranjeros ad libitum sin forma de proceso ni medios de defensa contra una desleal o falsa denuncia"...

En el mensaje presidencial de 1903 al Congreso se lee: "Amparados por los derechos de libertad, garantizados en la Constitución, las organizaciones gremiales y la solidaridad de los centros de acción llegan a asumir, a veces, proporciones capaces de detener la circulación del comercio y alterar el orden. El fenómeno no puede sorprendernos, desde que la república es ya un vasto campo de producción industrial, y en el que la mano de obra procura obtener las mismas ventajas concedidas por otros Estados, en leyes que han adquirido gran celebridad". 

Se preanuncia así el proyecto de marzo de 1904 sobre legislación del trabajo, obra de Joaquín V. González. Punto de partida o primera manifestación de la legislación social en el país.

Vuelve así a rebrotar el espíritu liberal que se mantiene como un hilo rojo en las clases cultas y en la mayor parte de los dirigentes políticos e intelectuales del país desde antes de mayo de 1810, espíritu obnubilado a fin del siglo XIX y en los comienzos del presente por el desconcierto que suscitó la aparición de las reivindicaciones sociales de los trabajadores, cuya voz apenas se había hecho sentir hasta entonces. De ese florecimiento nació la tendencia a reconocer que el poder no podía estar en manos de una oligarquía que utilizaba el simulacro electoral para justificar exteriormente su predominio, y ya la segunda presidencia de Roca inició un viraje con la ley de diciembre de 1902 sobre las elecciones por circunscripciones.

El 1º de mayo de 1904 se celebró por las dos tendencias obreras aisladamente, los socialistas con un desfile desde plaza Constitución al paseo de Julio, hoy avenida Leandro N. Alem; los anarquistas desde la, plaza Lorea a la plaza Mazzini con amplia concurrencia. Con un pretexto cualquiera el acto de los anarquistas suscitó un tiroteo de la policía dejando un saldo de dos muertos, veinticuatro heridos y un centenar de contusos; entre los atacantes no hubo ningún herido.