Iniciativas en materia de hacienda

En contraste con las posibilidades de Buenos Aires, que disponía de las rentas aduaneras y de los ingresos que obtenía de las exportaciones, lo que permitió una organización bancaria y emisiones de papel moneda para hacer frente a las eventualidades, la Confederación de las trece provincias restantes era pobre. Solamente las del litoral y las de Cuyo mantenían un pequeño comercio; las demás no contaban con elementos ni con habitantes siquiera para prosperar; además tenían entre sí pocas vinculaciones, carecían de hábito de convivencia y colaboración nacionales. Habían estado sometidas a caudillos locales; no tenían bancos ni monedas propias; no podían echar mano al recurso de las emisiones de papel moneda; no tenían aduanas y tampoco una capital que encarnase su poder, su riqueza, su vida intelectual.

La situación no podía ser más precaria, y sin embargo se emprendió la tarea de la reorganización nacional, que exigió una visión de futuro y una labor desde los cimientos, pues para llegar al fin apetecido faltaba todo, y hubo que organizarlo todo, en materia política, administrativa, institucional, económica, desde el trazado de caminos, construcción de puentes, intentos de ferrocarriles, etc. Había que anudar relaciones internacionales y la Confederación, según advirtió Alberdi, celebró más tratados internacionales que todos los otros países de América del Sur juntos desde su emancipación; en los tratados con Chile y Bolivia se estableció además la exención de derechos aduaneros para los respectivos productos.

No había que pensar en los impuestos directos y en la contribución territorial, porque las provincias confederadas eran muy pobres; se alentaron grandes esperanzas en los impuestos indirectos, o sea en los provenientes del comercio exterior, y se instalaron aduanas en Rosario, Paraná y sobre el río Uruguay; pero para que esos ingresos fuesen efectivos había que anular el privilegio de la aduana de Buenos Aires y había que dirigir el comercio exterior hacia los puertos de la Confederación.

Fue dictada en consecuencia la ley de los derechos diferenciales, que obligaba a pagar en los puertos de la Confederación el doble de lo que pagarían si se importaban directamente las mercancías procedentes de cabos adentro (Buenos Aires) ; por otra ley complementaria se dispuso que los productos exportados por los puertos de la Confederación pagasen solamente un tercio del impuesto establecido para los productos exportados con destino a puertos de cabos adentro, es decir para Buenos Aires. Las leyes diferenciales no dieron resultados positivos, pues el comercio exterior siguió teniendo su centro en Buenos Aires, donde estaban instalados los comerciantes de arraigo y de vinculación con el exterior.

La moneda uniforme era difícil de resolver. Una moneda papel aceptada en la circulación es resultado de suficiente riqueza para mantenerla con un banco afianzado en el crédito y el capital, o a falta de ello, con un gobierno emisor de prestigio, estable y fuerte.

Se creó el Banco del Estado, el 3 de febrero de 1854, con capital nominal de dos millones de pesos emitidos por la Junta de crédito público. Dice un documento oficial de la época: "El papel moneda se puso en práctica, pero apareció desprovisto hasta de buena forma material y sin los mejores auspicios, puesto que las primeras emisiones se hicieron para el pago de las deudas atrasadas. Durante el tiempo de su circulación apareció en algunos mercados una diferencia más o menos alta entre esta moneda y la metálica y ocurrió en otros puntos que la moneda era desechada".

A pesar de ser declarado de curso forzoso, el papel moneda del estatuto de Fragueiro fue excluido de la circulación y el gobierno tuvo que retirarlo.

Se pensó en un banco particular y se hicieron varias concesiones; una de ellas a Buschental para fundar un banco con privilegios fiscales y con cuatro millones de capital, y otras a favor de Trouvé, Mauvel y Cia., con dos millones de capital. Todo inútil, pues no se encontraron capitalistas que quisieran correr la aventura y exponer sus bienes en una región sin recursos negociables y de gobierno inseguro. También la empresa Mauá y Cia. fundó un banco con 800.000 pesos de capital, pero no prosperó. 

Los hombres de la Confederación se rehusaban a reconocer y confesar que necesitaban la aduana de Buenos Aires y su centro comercial para sobrevivir.

El presupuesto originario de gastos fue reducido a lo más indispensable; comenzó con 2.880.000 pesos plata en 1852-1859; pasó de 4 millones desde 1860 a 1861. Ese aumento se debió a la subvención por el gobierno de Buenos Aires de 1.500.000 pesos moneda nacional corriente después de la batalla de Cepeda. 

Los ingresos de la Confederación eran exiguos y los gastos fueron modestísimos; los senadores tenían una asignación mensual de 250 pesos, los diputados 200; el presidente de la República recibía 600, los ministros 350. El departamento de guerra y marina insumía en el presupuesto un millón de pesos más o menos, sin contar los gastos extraordinarios, que eran los más.

Los gastos fuera de presupuesto se elevaban bastante. Para enjugar los déficits se ofrecieron empréstitos a interés elevado, pero no hallaron suscriptores; se recurrió a la emisión de bonos y billetes de tesorería, con el uno y el 2 %, de interés mensual, que debían ser recibidos en las aduanas de la Confederación.

La penuria fue tan extrema que en los últimos tiempos de la Confederación apareció hipotecado el palacio de gobierno en Paraná por la suma de 36.909 pesos plata, a causa de un anticipo hecho por el ministro de hacienda, Vicente del Castillo, para atender gastos urgentes.

La recaudación anual no pasó de 2.500.000 pesos en el quinquenio de 1854 a 1859; sólo en 1860 fue superada esa cantidad, 2.669.380 pesos, cifra inferior aún a lo presupuestado para los gastos de la administración. Los ingresos procedían en gran parte de los impuestos a la importación y en menor escala de los impuestos a la exportación. En los años 1855 y 1856 el total de los gastos de la administración nacional alcanzaba a 2.280.445 pesos, que se distribuían así: en interior, 455.357. pesos; de ellos, 120.000 correspondían a la subvención dada a las provincias; en relaciones exteriores, 278.629; en justicia, culto e instrucción pública, 244.113.; en guerra y marina, 860.936; en hacienda, 1.141.408 pesos. La recaudación no alcanzó más que a 1.775.000 pesos, resultando por tanto un déficit de un millón de pesos. Y a pesar de esa penuria financiera, continuaba el estado de tirantez y de preparación para la lucha con el Estado disidente de Buenos Aires. El gobierno debía contratar forzosamente empréstitos para nivelar los déficit anuales.

En razón de los escasos rendimientos de los impuestos y de los otros recursos fiscales federales, en particular los gravámenes a la importación y exportación, se procuró desviar hacia otros puertos la corriente comercial que se dirigía tradicionalmente a Buenos Aires, con su puerto y su aduana. Rosas había querido suprimir la competencia del puerto de Montevideo para beneficiar al de Buenos Aires; los entrerrianos, santafesinos, correntinos y paraguayos querían emanciparse desde mucho atrás de la absorción por la metrópoli, que prosperaba a expensas de las provincias del interior. Toda la política argentina, desde 1810, gira alrededor del predominio de Buenos Aires con su puerto de entrada y salida de mercancías y su aduana, que pesaban sobre la producción de las provincias.

Separada la provincia de Buenos Aires del resto de la Confederación, se pensó en privar a su puerto de los recursos proporcionados por el intercambio comercial de las otras provincias, que nutrían con su comercio a la provincia disidente, mientras ellas vivían en la mayor penuria. Para señalar el diverso nivel de Buenos Aires y del interior del país, basta saber que en 1851 el presupuesto de Buenos Aires excedía al de todas las otras provincias juntas.

La Confederación creó aduanas de registros en Martín García, Corrientes, Paraná, Concepción del Uruguay y Rosario y se suprimió el derecho diferencial de 25% que cobraba Buenos Aires desde marzo de 1836 a los productos del exterior llegados de Montevideo por reembarco o transbordo.

Fueron establecidos derechos diferenciales, un procedimiento a que había recurrido el Congreso de los Estados Unidos para doblegar la resistencia de algunas regiones a integrar la Unión. Alberdi, desde Europa, propició esa medida para romper el privilegio del puerto único de Buenos Aires. 

Se prohibió, pues, la introducción en las provincias de la Confederación de artículos extranjeros que no fuesen importados directamente por los puertos federales. No hubo unanimidad en esa medida, y fue aprobada por pocos votos de mayoría después de un intenso debate en julio de 1856.

La ley de derechos diferenciales no dio los resultados que esperaban sus defensores; el comercio y la aduana de Buenos Aires, donde tenía su asiento el comercio de importación y exportación acreditado, no sufrieron en sus intereses; aumentó el movimiento del puerto de Rosario, pero a costa de los pueblos del interior, que soportaron la consecuencia de la guerra de tarifas que se originó así. Las finanzas federales no mejoraron y en cambio se tuvo un nuevo motivo para la discusión y la hostilidad de los gobiernos en pugna. Sin embargo, esa política ablandó la resistencia de la provincia segregada. Juan Alvarez escribió en su ensayo sobre las guerras civiles argentinas: "Las tarifas diferenciales esgrimidas en su contra y sobre todo la demostración de que carecía de fuerzas para impedirlas decidiéronla, por fin, a unirse a las trece provincias ya constituidas: y de este modo, más que las tropas de Buenos Aires, fue el antiguo privilegio real el derrotado en la batalla de Cepeda".