Se le han
descubierto al menos 82 delitos probables. Entre ellos los secuestros,
desaparición y torturas de la familia Tarnopolsky, Nilda Noemí Actis Goretta,
Lisandro Cubas, Carlos Alberto García y Ricardo Coquet, de la adolescente
sueca-argentina Dagmar Hagelin, del grupo de Madres de Plaza de Mayo y
activistas de derechos humanos secuestrados en la iglesia de la Santa Cruz
entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977 entre quienes estaban también las
monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet.
Según relata
la periodista Miriam Lewin, ex detenida desaparecida de la ESMA, fue uno de los
oficiales que se dedicaba a torturar y violar a las prisioneras.
En 1981
viajó a Sudáfrica para asesorar al gobierno del apartheid en lucha
contrainsurgente.
En 1998
se descubrió que poseía una cuenta secreta en Suiza, que podría haberse usado
para bienes sustraídos a los detenidos-desaparecidos.
Beneficiado
por la Ley de Obediencia Debida, fue detenido nuevamente y puesto en arresto
preventivo por su participación en el robo de niños nacidos en cautiverio.
Anuladas
las leyes de Punto Final y Obediencia debida por el Congreso en 2003, se
reabrieron las causas en las que estaba imputado. En agosto de 2006 el juez
elevó a juicio oral la causa de la ESMA en la que Jorge Eduardo Acosta fue
enjuiciado junto a Alfredo Astiz y Adolfo Miguel Donda8 y el 26 de octubre de
2011, en el marco del primer juicio por los crímenes cometidos en la ESMA -uno
de los centros clandestinos de detención y exterminio más grandes montados durante
la última dictadura militar-, Jorge "el Tigre" Acosta fue condenado a
cadena perpetua e inhabilitación absoluta,9por el Tribunal Oral Federal nº5
por sentencia que no se encuentra firme.
El 5 de
julio de 2012, Jorge Eduardo Acosta fue condenado a 30 años de prisión en la
causa "Plan sistemático"10por ser coautor penalmente responsable de
sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad durante la dictadura
militar por sentencia que no se encuentra firme.
En 1997
el juez español Baltasar Garzón solicitó la detención y extradición de 45
militares argentinos y un civil a quienes procesó por genocidio, terrorismo de
Estado y someter a torturas a presos políticos durante el régimen de facto que
gobernó en Argentina entre 1976 y 1983. Entre ellos se encuentra Rubén Franco.
El pedido
fue rechazado varias veces por el gobierno argentino alegando el principio de
territorialidad.
El 27 de
julio de 2003 el presidente Néstor Kirchner mediante el Decreto 420/03 modificó
el criterio de rechazo de las extradiciones sustentado hasta ese momento
ordenando "obligatoriedad del trámite judicial" solicitado por la
Justicia española, y abriendo así el camino a la extradición efectiva de los
militares requeridos.
En agosto
de 2003 el entonces presidente de España José María Aznar ordenó no continuar
con el proceso de extradición de los solicitados por crímenes durante el
gobierno de facto en Argentina. Esta decisión fue anulada por la Corte Suprema
de España en 2005, ordenando continuar adelante con las extradiciones
solicitadas por Garzón.
En Italia
se lo acusa de crímenes cometidos contra ciudadanos italianos durante la
dictadura.
El 23 de
abril de 2014 la Cámara Federal de Casación Penal le confirmó la pena a prisión
perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica